Por Nicolás Toobe, desde Argentina-19 de junio de 2021

Estamos siendo testigos y protagonistas de uno de los períodos más graves de la humanidad; el tiempo en que nos encontramos es de crisis climática y ecológica, en definitiva, una crisis civilizatoria; una crisis que creamos con nuestras propias manos y que de no actuar inmediatamente desatará (ya están sucediendo) las más feroces consecuencias.

Las acciones individuales son importantes, pero frente a este desenfrenado y veloz deterioro de los ecosistemas, son necesarias políticas concretas para poder revertir un inminente colapso, las cuales los gobiernos del mundo no están dispuestos a hacer.

Y estos cambios que la política se niega a hacer ¿son por escepticismo a la crisis en la que estamos situados (aunque casi la totalidad de los científicos que estudian el clima coinciden en que está cambiando por culpa de la acción humana) o por otras razones? La respuesta siempre es la misma: por otras razones. Y esas razones, en muchos casos, son cientos de miles de razones, en papel y con el signo de alguna moneda extranjera.

Y es que las empresas multinacionales, que en muchos casos son las responsables del ecocidio que estamos viviendo, cuando desean invertir en el país necesitan, en un primer círculo, complicidades de los gobiernos locales, nacionales y provinciales. Si esa complicidad logra ser garantizada, el gobierno provincial y los capitales extranjeros, en un segundo círculo, necesitan de la complicidad judicial, es decir, del apoyo del sistema de administración de justicia para que no los moleste, para que puedan seguir invirtiendo y trayendo dinero. Si eso está garantizado, se desata una especie de remolino que se lleva todos los recursos por esta doble complicidad del sistema, en donde las empresas, sin control ni justicia, arrasan con pueblos enteros y los funcionarios públicos engordan más sus bolsillos. Es por esto, que proyectos como el reactor Hualong One que se quiere construir en el país dentro del Acuerdo Macro con China, se convierten en auténticas políticas de estado, donde todos los gobiernos tratan de sacar su tajada de la torta, aunque esto suponga seguir jugando con la tecnología más peligrosa y nefasta que jamás se haya creado.

Esta defensa a los intereses extractivistas de las empresas por parte de nuestros representantes se ha dado incluso cuando pueblos enteros se levantaron para oponerse. Podemos nombrar el caso de la explotación agrícola en manos de los pooles de siembra, políticas impulsadas por el menemismo, continuadas y profundizadas por kirchneristas, macristas y albertistas, basado en el monocultivo principalmente de soja, los transgénicos y los agrotóxicos, los cuales ha sido demostrado, tienen consecuencias fatales sobre la salud de los trabajadores y la población fumigada: malformaciones, enfermedades respiratorias, abortos espontáneos, cáncer, etc. También erosionan la productividad del suelo y culmina en la desertificación. Las respuestas políticas a esta problemática, lejos de salvaguardar la salud de las comunidades y sus ambientes, han sido ataques a los campesinos y a las comunidades originarias para desplazarlos de sus tierras.

Han sido y son innumerables las movilizaciones y asambleas de las poblaciones afectadas, pero la más emblemática probablemente haya sido la feroz pelea contra la instalación de una planta de acondicionamiento de semillas transgénicas de Monsanto, en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas. El pueblo frenó la instalación tras una larga lucha con cortes de ruta, movilizaciones, audiencias públicas y acampe indeterminado. El ex gobierno de De La Sota se desquitó con persecución política a los asambleístas y con el intento (concertado con la UCR) de votar una sanción contra Cintia Frencia, legisladora del FIT, por actuar como vocera de esta pelea dentro de la Legislatura y participar de las movilizaciones.

También está el caso de Entre Ríos, donde el Foro Ecologista de Paraná, por medio de un recurso de amparo con fallo favorable, logro la prohibición de las fumigaciones a escuelas rurales en un radio de 3.000 mts., cosa que no cayó bien a las empresas agrotóxicas del país como Syngenta, Bayer-Monsanto y Basf, las cuales pidieron la intervención inmediata de la Federación Agraria y la Mesa de Enlace con sus grupos de presión (mal llamado lobby). El resultado: Un decreto del gobernador Gustavo Bordet que habilita que se realicen fumigaciones con agrotóxicos a 100 metros terrestres y 500 metros aéreos de dichos establecimientos educativos, y con el fiscal de estado Julio César Rodríguez Signes saliendo en todos los medios de la provincia diciendo que el decreto valía más que el fallo judicial. Un hecho lamentable y vergonzoso.

Del mismo modo, la explotación no convencional de hidrocarburos utilizando el fracking también ha recibido el apoyo y los elogios de todos los partidos. Los Kirchner, Macri y Fernández coinciden en asignarle a Vaca Muerta un rol estratégico. De la mano de Chevron y con un acuerdo secreto con la expresidenta y actual vice, Cristina Fernandez, el fracking, altamente destructivo del medio ambiente, es complementado con la flexibilización del convenio colectivo de trabajo, que se pactó entre el ex líder del sindicato petrolero, Guillermo Pereyra, quien después de estar al mando del gremio por 40 años, dejo la conducción en marzo de este año, y el actual mandamás.

Otro punto destacado es el caso de las puebladas contra la megaminería, generalizadas de norte a sur del país, con levantamientos paradigmáticos como lo son el de Famatina contra Barrick Gold y el de Esquel contra Yamaha Gold, que vienen logrando frenar la instalación minera en la región riojana y en toda la provincia de Chubut, respectivamente.

En este año, se sumó un nuevo capítulo a esta lucha que lleva más de dos décadas en Chubut, cuando el gobernador Mariano Arcioni propuso avanzar hacia la zonificación de la provincia, para permitir la actividad extractiva en la región de la meseta central. Paralelamente la legislatura rechazó el proyecto que había llegado al recinto bajo la forma de "iniciativa popular", avalado por 30.000 firmas de ciudadano que pretendían prohibir la actividad minera en todo el territorio provincial. También queda evidenciado en una Andalgalá sacudida por tenaces puebladas, cuyo anterior intendente, Alejandro Páez, ganó las elecciones con la lista de Proyecto Sur y su posicionamiento contra la megaminería, para luego dedicarse a una tarea de cooptación y desarme del movimiento, garantizando (en sintonía con la justicia y los gobiernos nacional y catamarqueño) la continuidad de Bajo La Alumbrera a pesar de haber sido demostrada su contaminación, además de evasión de impuestos y contrabando. En una nueva embestida, La Corte Suprema de Catamarca declaró inconstitucional el 23 de diciembre de 2020 la ordenanza que prohibía la minería a cielo abierto en Andalgalá por una fuerte presión del gobernador Jalil, después de que Alberto Fernández declarara la actividad minera como esencial en la pandemia. Una vez más el pueblo reaccionó cortando las rutas y otra vez la policía ejecutó las órdenes del gobierno de reprimir y encarcelar a los asambleístas en abril de este año.

Lo mismo se sucede en Veladero, explotada por la canadiense Barrick Gold, donde luego de varios derrames de millones de litros de agua cianurada y materiales contaminantes sobre el Río Jáchal, la justicia sanjuanina levantó la cautelar que suspendía la explotación a cambio de una multa irrisoria de 10 millones de dólares. La población de Jáchal se ha movilizado incesantemente contra este envenenamiento.

La megaminería es defendida por los gobernadores y por los burócratas sindicales argumentando que deja un gran beneficio económico para las provincias. Pero, sin ir muy lejos, el Acuerdo Federal Minero firmado por los mandatarios peronistas con Macri redujo el cobro de regalías a un ínfimo 3% sobre las ganancias declaradas y delegó a los estados provinciales el control del impacto ambiental. Este modelo ha sido reivindicado por Alberto Fernández en una reunión con varias mineras multinacionales.

Por eso, no nos resultan extrañas tantas imágenes en donde la policía, siguiendo órdenes del gobierno, reprime violentamente a grupos de personas que se oponen a proyectos extractivistas, porque claramente, esto atenta contra sus negocios.

Debemos exigirles a nuestros gobiernos que cumplan la función para la que fueron votados, utilizando todos los medios de participación ciudadana. Y si estos son bloqueados, ejerciendo toda la presión social que podamos realizar de manera pacífica pero enérgica.

¡Que la reactivación económica para salir del proceso de decrecimiento y freno que generó la pandemia, no sean las mismas soluciones extractivistas que nos trajeron a la situación en la que estamos hoy!

Tenemos que ser ciudadanos más allá de consumidores, y activistas más allá de vecinos preocupados, actores y no espectadores. Es nuestro deber como habitantes de la tierra y como parte del ambiente.

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*Foto de portada: www.periodismodeizquierda.com

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