El Antiguo Régimen fue un sistema de cortafuegos para dificultar o impedir que la voluntad popular provocara cambios. Para que, en palabras de Jaime Guzmán (exsenador, asesinado, ideólogo de la Constitución de Pinochet), “si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría”. Para lograrlo, Guzmán diseñó el Consejo de Seguridad Nacional, los senadores designados, el sistema binominal, los quórums calificados y el Tribunal Constitucional. El resultado fue una democracia lenta o incapaz de hacer su trabajo: convertir las demandas populares en políticas públicas.
Lo que llega a su fin es el Antiguo Régimen, ese que estructuró a Chile por dos décadas, y languideció una década más, en lento derrumbe, entre 2011 y 2021.
Desde 2011, el ciclo de protestas masivas por la educación, las pensiones, el centralismo y los abusos, volvió evidente el desacople entre lo que los ciudadanos pedían al sistema político y lo que este les entregaba. Pero el Antiguo Régimen se empecinó en ocultar lo obvio. En pretender, en palabras del candidato presidencial de RN Mario Desbordes, “que está todo bien, que la protesta era falsa, que no se justificaba, que era todo un invento”.
Algunos cortafuegos, como los senadores designados, el binominal fueron cayendo. Parte de la dirigencia política intentó conducir los cambios mediante un proceso constituyente y una reforma tributaria. Entre la indecisión de la Nueva Mayoría, el bloqueo de la derecha, la influencia del poder económico y la corrupción del sistema político, esa válvula de escape fracasó: el proceso constituyente fue boicoteado y la reforma tributaria fue cocinada hasta volverla insípida.
En sus estertores finales, tras el estallido social, el Antiguo Régimen se refugió en su último cortafuego: el Tribunal Constitucional. Frente a cualquier amenaza al status quo (impuestos a los más ricos, royalty minero, anulación de la ley de pesca) la respuesta del gobierno era la misma: el TC lo impediría. Los retiros de fondos de pensiones contaban con un inmenso apoyo ciudadano y fueron aprobados por abrumadora mayoría en el Congreso. Pero en vez de enfrentar el problema conversando, negociando y ofreciendo alternativas (o sea, haciendo política), el gobierno repitió el libreto: no importa lo que opine la gente, no importa lo que diga el Congreso. Que el cortafuego opere.
Pero entonces el TC se rebela. Le dice que no al gobierno. El cortafuego cae. La voluntad popular se convierte en ley. Y en ese acto, el Antiguo Régimen termina de derrumbarse.
Indignados, los porristas de la “democracia protegida” reclaman que el TC tomó una decisión política. Con tres décadas de retraso, se dan cuenta de que (¡oh, sorpresa!) un tribunal designado por cuoteo político no es un incólume foro de juristas fallando solo de acuerdo a derecho.
¿Hay salida? Sí, y afortunadamente está al alcance de la mano. A rey muerto, rey puesto. En menos de dos semanas, elegiremos una Convención Constitucional para acordar un Nuevo Régimen. Y la historia reciente nos muestra que, en momentos de grandes crisis, los ciudadanos han votado con sabiduría.
Cuando se niega a los ciudadanos el ejercicio de una democracia eficaz, entonces el pan y el circo resultan tentadores sucedáneos.
La respuesta a la demagogia no es aferrarse a un régimen caído, ni levantar nuevos cortafuegos.
La solución, es más democracia.
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*Foto de portada: www.latercera.com