El juez Alejandro Madrid tomó esta determinación por razones humanitarias, por lo que Fernando Torres Silva cumplirá el resto de su condena en casa. Dicha medida obedece al diagnóstico médico de Torres Silva: padece cáncer prostático metastásico, con múltiples complicaciones locales, óseas y hematológicas, en estado terminal, y su estado es “gravísimo e irreversible”.
El fallo estableció que “se accede a lo solicitado por su apoderado y se resuelve que, con respecto al condenado Fernando Torres Silva, se sustituye el saldo de la pena privativa de libertad a la que fue condenado, por la de reclusión domiciliaria total bajo los debidos resguardos de Gendarmería“.
Los querellantes del caso contra Torres Silva, considerado por algunos como el “fiscal favorito de Pinochet”, tienen plazo para presentar una apelación a la resolución dictada.
Fernando Torres Silva, uno de los hombres fuertes del gobierno militar, fue uno de los oficiales de Justicia del Ejército designado para participar en los Consejos de Guerra instaurados inmediatamente después del Golpe de Estado. Terminada esa función, se desempeñó como Fiscal y Auditor General del Ejército, teniendo a su cargo los principales casos relacionados con grupos de izquierda que operaron en contra del régimen militar. En octubre de 1997, un año antes de la detención de Augusto Pinochet, viajó a España para entregar antecedentes exculpatorios al juez Manuel García Castellón, quien llevaba el caso contra el senador vitalicio. En esa ocasión, se habría presentado como abogado de Pinochet y en España, el viaje de Torres Silva fue considerado como el primer reconocimiento chileno del juicio contra el excomandante en jefe del Ejército.
Los militares criminales le deben mucho. Gracias a su gestión, muchos juicios e investigaciones que los involucraban quedaron truncadas. Auditor general del Ejército hasta fecha reciente, fue eminencia gris que tuvo un papel determinante en la represión de los años ochenta en su calidad de fiscal, y en el encubrimiento sistemático de los violadores de derechos humanos.
El Fiscal Torres se caracterizó por sus abusos en la aplicación de leyes contra los detenidos, determinando incomunicaciones prolongadas e arbitrarias más allá de lo permitido por la ley, y permitiendo que agentes de la CNI golpearan y maltrataran a detenidos en “su” Fiscalía, cuando estos se negaban a cooperar.
El 21 de noviembre del 2000, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones confirma el procesamiento del ex Fiscal torres como encubridor del homicidio de Tucapel Jiménez, hecho ocurrido el 25 de febrero de 1982.
Torres, que inicialmente era sólo un oficial de rango medio, se convirtió en el célebre "fiscal ad hoc". El latinazgo le dio una prestancia que llegó a competir en la imaginería oficial con la del propio Pinochet.
El abogado, incorporado al aparato judicial del Ejército, tuvo un paso modesto por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Le costó titularse. Torres fue uno de los oficiales de Justicia del Ejército designado para participar en los Consejos de Guerra instaurados inmediatamente después del Golpe de Estado. Terminada esa función, fue contratado como asesor presidencial y jefe de la Secretaría de Legislación del Diego Portales.
Sus quince minutos de gloria llegaron años después con el atentado a Pinochet. Torres se convirtió en fiscal ad hoc para indagar todos los procesos en que estuviera involucrado el FPMR.
Torres Silva también fue encarcelado en el penal Punta Peuco desde el 14 de agosto de 2015 por su participación en el asesinato del exquímico de la Dina, Eugenio Berríos, cumpliendo una sentencia que duró hasta 2025. Además, ha sido acusado por encubrir el asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez.
Este ícono de la dictadura de Pinochet, antes de irse a la cárcel, tenía una oficina de abogados en Providencia en las cercanías del Edificio “Costanera Center”, la cual era recurrentemente visitada, por un estafeta de Torres Silva, según dijeron los conserjes del edificio a nuestro medio. Pese a que el exfiscal militar no podía ir a trabajar a este recinto, ha seguido ejerciendo materias legales desde su lugar de reclusión.
El ministro, en visita extraordinaria, en causas de derechos humanos, Alejandro Madrid, concedió el beneficio de reclusión domiciliaria total a Fernando Torres Silva, auditor general en retiro del Ejército, condenado a cumplir 10 años y un día en Punta Peuco por el homicidio calificado del exquímico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Eugenio Berríos Sagredo, perpetrada en 1992 en Uruguay. Fernando Torres Silva se entregó a la PDI el año 2015.
Finalmente, el abogado Raúl Meza, defensor de Torres Silva, consideró, que con este fallo de carácter humanitario, se sienta un precedente judicial que permitirá a otros reos, en condición de enfermos crónicos y terminales, presentar una solicitud a tal beneficio para conmutar la pena efectiva por la de arresto domiciliario total.
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*Foto de portada: www.latercera.com