El pasado martes 30 de marzo, el gobierno anunció la cuarta reposición de la suma urgencia a la tramitación en el Senado de la República del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11), pendiente para su eventual aprobación desde 2019 cuando fuera sancionado en la Cámara de Diputados. Este hecho reactivará la controversia en torno a las consecuencias prácticas que podría tener su ratificación para el país e ignora, de un modo elocuente, el carácter del ciclo político-social inaugurado a partir del estallido del 18 de octubre en tanto opción de superación de la herencia neoliberal en Chile.
En un año marcado por una constante lucha electoral, las condiciones para su discusión distan mucho de ser favorables. Ello hace especialmente llamativa a esta singular contraofensiva, siendo sintomática de la lectura que el ejecutivo realiza acerca del futuro proceso constituyente y de sus alcances en materias de orden económico.
Por su parte, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, despliega en su página institucional una importante campaña de información en uno de cuyos apartados explica los “Mitos del Acuerdo” en relación a la limitación de la soberanía, alza del valor de los medicamentos y vulneración de nuestros pueblos originarios. Asuntos que, sin duda, han generado controversia.
Las poco alentadoras cifras respecto del desempeño de nuestra economía, difundidas recientemente, que situaron al índice mensual de actividad económica (Imacec) de febrero en un -2,2% y al desempleo en un 10,3% y una tasa de ocupación informal que alcanzó 26,5%, no pueden ser más que preocupantes. Sin embargo, ante esta realidad, el discurso del ejecutivo podrá presentar al TPP11 como la oportunidad para subsanar en el mediano plazo tales adversidades, iniciando una nueva fase de inserción en el comercio mundial, del que participan actualmente siete países.
Sin embargo, existe cierto acuerdo en que el TPP11 es mucho más que un tratado de libre comercio. Las dimensiones y múltiples implicancias de este pacto pueden efectivamente transformarse en una trama que, de ser ratificado por el legislativo, impediría en los hechos algunas de las reformas que la Convención Constituyente pudiera aprobar respecto de ámbitos estratégicos de nuestra economía, entre ellos, el acceso al agua, la propiedad minera o de la generación eléctrica.
En este aspecto, lo sostenido por académicos como José Gabriel Palma, quien ha señalado que “cualquier cosa que uno haga por lógica, razonable y democrática que sea, si afecta la utilidad de una corporación, hay pagar compensación”, permite tener claridad al respecto. Siguiendo su razonamiento, iniciativas como imposición de un royalty o la elevación de la carga tributaria, se verían seriamente dificultadas.
Parece ser entonces que esta arremetida, encuentra en la forzada desmovilización social provocada por la actual crisis sanitaria, escenario propicio para una discusión acotada en el Senado, aunque tal determinación depende de la decisión que adopten la mesa y los comités dentro de la mencionada instancia legislativa. En tal sentido cabe preguntarse, ¿es este el momento oportuno para la ratificación de este tratado, posee un carácter prioritario en la actual coyuntura?
A este respecto, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) ha señalado que: “es el único camino que le queda al gobierno para poder mantener el sistema neoliberal de cara a la nueva Constitución venidera”.
La elección de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos y el interés manifestado de participar de este acuerdo de integración económica, ha significado una reactivación de esta iniciativa en el marco de la intensa disputa entre su país y China por la hegemonía en el comercio mundial. Este telón de fondo, no puede ser soslayado pues, tuvo inmediatas consecuencias a nivel nacional. Tras la elección del pasado noviembre, Biden habría abordado este asunto en diálogo telefónico con Sebastián Piñera.
Una discusión de fondo, es no obstante aquella que debe sostenerse al interior de nuestra ciudadanía en torno al modelo de desarrollo implementado hasta ahora y sobre cuáles han sido sus efectos tras décadas de extractivismo, desindustrialización y sistemático deterioro ambiental. Ante ello, cabe preguntarse, ¿qué nuevas oportunidades puede ofrecer la integración a este pacto si la idea es trascender la dependencia de las exportaciones del sector primario? e incluso más, ¿El TPP11 modera o radicaliza la actual división internacional del trabajo en el marco de la confrontación entre EE.UU. y China?
La idea de soberanía y el modo en que esta noción se instala nuevamente en nuestra organización política, es algo que está por definirse en los próximos meses, particularmente en relación al destino y límites establecidos para el usufructuo de nuestros recursos naturales estratégicos.
Por su parte, informes de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) referidos al sector agrícola en la región una particular problemática derivada de la necesidad de la existencia de: “marcos regulatorios nacionales ambiciosos y difíciles de consensuar, en particular cuando son promovidos por intereses supranacionales y los beneficios y los riesgos asociados, no son claramente conocidos”. Esta afirmación, originada en una respetada institución internacional debería llamar a la prudencia, más todavía tratándose de uno de nuestros sectores productivos más sensibles.
En las próximas semanas, es posible que seamos testigos de una nueva encrucijada legislativa, una en donde el debate no debería ser solo sobre un nuevo acuerdo de libre comercio, sino por el contrario, sobre la posibilidad de perpetuar el Neoliberalismo a través del TPP11.
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*Foto de portada: Antimafia Dos Mil de Chile