Sus familiares en EE. UU. se arriesgan a prisión y multas de hasta un millón de dólares si brindan asistencia financiera
Hasta 20 años de prisión y multas de hasta un millón de dólares para ciudadanos estadounidenses, además de sanciones civiles que pueden alcanzar el doble del monto de cada transacción o un máximo de 320.000 dólares por infracción: estas son las consecuencias para cualquiera que envíe o reciba dinero destinado a Francesca Albanese, jurista italiana especializada en derecho internacional y derechos humanos, Relatora Especial de las Naciones Unidas para el Territorio Palestino Ocupado desde 2022. Mediante una decisión del 9 de julio, el gobierno estadounidense le prohibió el acceso al sistema financiero estadounidense. La medida no se detiene ahí: cualquier institución bancaria que incumpla la prohibición y continúe administrando cuentas o transacciones en su nombre se arriesga al cierre de sus cuentas en Estados Unidos y a que se le prohíba realizar pagos en dólares.
Desde ese día, Albanese, residente en Túnez, se encuentra prácticamente sin recursos económicos: sin cuenta bancaria, sin tarjetas de crédito y sin poder cobrar su salario ni realizar pagos digitales. Incluso su esposo, empleado del Banco Mundial en Washington, y su hija, nacida en Estados Unidos, se arriesgan a severas sanciones, incluyendo prisión, si transfieren dinero o la apoyan económicamente. Todo esto se deriva de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 6 de febrero, inicialmente destinada a perseguir a los jueces de la Corte Penal Internacional que habían emitido órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra en Gaza.
El 16 de junio, Albanese presentó el informe "De la economía de la ocupación a la economía del genocidio" ante la ONU, y pocas semanas después, llegaron las represalias estadounidenses. "Su campaña de guerra política y económica contra Estados Unidos e Israel ya no será tolerada", declaró el secretario de Estado Marco Rubio, acusándola de "esfuerzos ilegítimos y vergonzosos para presionar a la Corte Penal Internacional" y afirmando que Albanese había "fomentado el antisemitismo, expresado su apoyo al terrorismo y expresado su desprecio por Estados Unidos e Israel". Estas acusaciones son obviamente falsas e instrumentales.
Hace dos días, durante una rueda de prensa organizada en el Senado por la Alianza de la Izquierda Verde, la relatora especial denunció su situación: "Desde el 9 de julio, fecha de las sanciones estadounidenses, he estado esperando una solución que no ha llegado. Soy la única funcionaria de la ONU afectada por estas sanciones. Intenté abrir una cuenta en Italia con Banca Etica, pero no fue posible. Estoy intentando explorar otras instituciones, pero hasta ahora sin solución. Mi marido tiene una cuenta en Estados Unidos porque trabaja en el Banco Mundial, pero no puede recibir ni pagarme dinero; podría ser arrestado y multado. Para venir a Italia, tuve que pedirle dinero prestado a mi hermano. Vivo solo con efectivo o con tarjetas de crédito de terceros, pero es una situación insostenible. La situación solo se puede resolver mediante una intervención decisiva del gobierno italiano y la UE". Sin embargo, hasta el momento no ha llegado ninguna respuesta de Roma ni Bruselas.
*Foto de Portada y restante: © Imagoeconomica