La violencia del narcotráfico es una experiencia cotidiana y todos los días se informa de noticias que van rebasando a la experiencia anterior. Nada menos, el jueves 20 de agosto fue ultimado a tiros el presidente del Congreso de Guerrero, el diputado Armando Chavarría Barrera, que era uno de los precandidatos más claros para suceder al gobernador Zeferino Torreblanca.
mexico1Al margen de la polémica teórica de si se trata de una guerra o no, el hecho es que, por primera vez desde los tiempos de la revolución mexicana a principios del siglo pasado, prácticamente todo el Ejército Mexicano se encuentra en la calles, operando, metido de lleno en el combate contra el crimen organizado. La estrategia de guerra, empleando a todo el Ejército sin contar en el medio plazo con la posibilidad de relevarlo con una estructura de policía civil, está arrojando sus primeros frutos: cuestionamientos a las fuerzas armadas y acusaciones de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales nacionales de violación de los derechos humanos.
La guerra de Calderón está enfocada, de manera central, en el despliegue policial y militar en contra del crimen organizado. No se ha trabajado lo suficiente en los otros frentes, que van desde el aparato de justicia hasta los sistemas de reclusión y readaptación social.
Hay además un claro déficit en la estrategia de salud pública en el combate a las adicciones y prácticamente están marginadas de la estrategia contra el narcotráfico las instituciones educativas y las políticas de desarrollo social. La mexico2estrategia ha sido más policial que social, y ciertamente no ha sido suficiente la capacidad del Gobierno para convocar a la sociedad civil en su lucha contra el crimen organizado. En todo caso, la guerra contra el narcotráfico está consumiendo recursos muy importantes. Esta guerra, como toda guerra, está costando mucho. Al margen de las vidas humanas y de los costos económicos, los de imagen, la afectación al turismo y a las inversiones -y todo lo que significa para la competitividad del país-, el Ejecutivo está dedicando cada vez más recursos a una guerra a la que, según los especialistas, no se ve el fin.
Para ejemplificar, tomemos un solo indicador. Revisemos el presupuesto de cuatro dependencias que están concentradas, casi exclusivamente, en la lucha contra el narcotráfico: las Secretarías de la Defensa, Marina, Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República.
El presupuesto de estas cuatro dependencias en conjunto se ha visto incrementado de media en casi un 60% a lo largo de la presente Administración.
Destaca de manera significativa el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública, que se ha incrementado en 140%.
El presupuesto de la Secretaría de la Defensa pasó de 32,200 millones de pesos en el 2007, a 34,861 millones de pesos en 2008 y a 43,623 millones en 2009.

La Secretaría de Marina pasó de 10,951 millones de pesos en 2007, a 13.382 millones en 2008 y a 16,059 millones en 2009.
La Secretaría de Seguridad Pública pasó de 13,664 millones de pesos en 2007, a 19,711 millones en 2008 y a 32,916 millones en 2009.
Y el presupuesto de la Procuraduría General de la República, pasó de 9,216 millones en 2007, a 9,307 millones en 2008 y a 12,309 millones en 2009.

Para hacer algunas comparaciones, en el presupuesto del presente año el acumulado de gasto de estas cuatro dependencias dedicadas hoy de lleno a la seguridad y al combate al narcotráfico representó 104,907 millones de pesos, cantidad que ya es superior al presupuesto de la secretarias como; de Salud, Desarrollo Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales, o Comunicaciones y Transportes.

Es un gasto que constituye más de la mitad del presupuesto total de la Secretaría de Educación Pública y casi nueve veces el presupuesto autorizado al Instituto Federal Electoral, en un año de elecciones. Evidentemente por dinero no ha quedado Esas cifras nos obligan a hacernos muchas preguntas:
¿es correcto seguir gastando el dinero de esa manera? ¿Estamos gastando en los rubros correctos? ¿Cómo se está gastando todo ese dinero? ¿Se estará gastando el dinero de manera eficiente? Y lo más importante: ¿Es sostenible ese ritmo de gasto? ¿Cuánto tiempo más puede un país como México mantener ese nivel de gasto en seguridad? ¿Y qué va a pasar cuando falte el dinero?
 Todas las preguntas resultan cuando menos pertinentes y oportunas, pero la última adquiere una gran relevancia por la crisis económica que vive el país. México es uno de los países que experimentan una de las caídas más grandes del PIB en todo el mundo. El PIB de México creció en 2007 un 3.3%, y apenas 1.3% en 2008. En los dos primeros trimestres del 2009 experimenta una caída del 8.5% y del 10.3% respectivamente. La expectativa del Banco de México, que algunos especialistas consideran optimista, es que la economía mexicana cerrará el año con una caída de entre el 6.5 y el 7.5%. Aunque la autoridades insisten en que ya pasó lo peor de la crisis, lo real es que las finanzas del Gobierno se han visto afectadas: primero por la caída de la economía que ha mermado de manera importante la recaudación, pero también por un segundo, y no menor, factor: la caída de los precios internacionales del petróleo y de la plataforma de producción petrolera del país.

Según información de Hacienda, de enero a junio de 2009 los ingresos del sector público cayeron el 7.8% respecto al mismo periodo de 2008. El Secretario de Hacienda ya dio a conocer un recorte de más de 80,000 millones de pesos para el presupuesto de 2009 y ha afirmado que el faltante de 2010 podría ser superior a 300,000 millones de pesos. Ante una clara reducción en los ingresos el Gobierno de Calderón tiene que replantear sus prioridades, recortar el gasto público,cobrar más impuestos y seguramente endeudarse. ¿Dónde recortar? Es evidente que el Gobierno tendrá menos dinero para gastar y que tendrá que disminuir partidas clave. El dilema que se plantea es reducir en la lucha contra la delincuencia o bajar en los programas y las políticas sociales. Es un debate presupuestario, pero constituye también uno de filosofía política. ¿Seguimos invirtiendo en policías y armas o invertimos en programas sociales, de salud pública y de combate a las adicciones? ¿Invertimos más en cuarteles y logística militar o invertimos más en educación? ¿Fortalecemos el despliegue de militares o el despliegue de médicos y maestros? ¿Más estrategias militares o más programas de desarrollo social?.

Calderón deberá presentar el presupuesto para 2010 a más tardar el 8 de septiembre. La nueva Cámara de Diputados, controlada por la oposición después de las elecciones legislativas del 5 de julio pasado, puede imponerle modificaciones importantes al presupuesto y desde luego a la estrategia en la lucha contra el crimen organizado. Sin duda habrá debates importantes, pero todo parece indicar que, a mitad del camino en su guerra contra el narcotráfico, el Gobierno de Calderón empieza a tener problemas financieros. Los estrategas de la guerra contra el narcotráfico en México quizá no calcularon lo suficiente que las guerras se hacen con dinero y que el dinero siempre es un recurso escaso y finito.
 Lo cierto es que la crisis económica obligará a repensar la estrategia de seguridad pública del Gobierno mexicano. Se verá obligado a reconocer sus errores. En lugar de los grandes despliegues, tendrá que optar por tiros de precisión resultado de la investigación y la inteligencia. Se verá forzado a ser más eficiente en la guerra contra el narcotráfico y a replantear una estrategia más integral, con un enfoque más social y menos policial. Tendrá que innovar y trabajar más en el combate del narcotráfico en su vertiente financiera y patrimonial.
México tendrá que buscar los recursos del narcotráfico y emplearlos para luchar contra el propio narcotráfico. México vive en medio de dos crisis superpuestas: una de seguridad pública y una económica. Es una mala combinación. Es necesario debatir y cuestionar si la manera como estamos enfrentando la lucha contra el narcotráfico es la correcta, y sobre todo si habrá dinero suficiente para continuar en ella.

http://www.youtube.com/watch?v=YGcTRRO68Y8

quieren ver como estan vendiendo al paìs vean como el instituto de vivienda vende el adeudo de casas a extranjeros, a un costo irisorio de 20,000.00 veinte mil pesos por casa mientras que los deudores tienen que pagar al comprador 300,000.00 pesos

fuente:  http://www.el-mexicano.com.mx/blogs/post/2009/01/ENTREGA-INFONAVIT-A-EXTRANJEROS-PATRIMONIO-DE-MILES-DE-FAMILIAS-MEXICANAS.aspx

http://www.jornada.unam.mx/2009/01/06/index.php?section=estados&article=027n1est

ENTREGA INFONAVIT A EXTRANJEROS PATRIMONIO DE MILES DE FAMILIAS MEXICANAS. ■ Vendió la cartera fonavitvencida de 110 mil créditos a despachos de cobranza, señalan afectados Entrega Infonavit a extranjeros patrimonio de miles de familias ■ Pagan sólo una décima parte del valor real de los inmuebles y pueden ganar hasta 75 por ciento ■ Los convenios que ofrecen a morosos violan normas del instituto, dice uno de los inconformes Javier Valdez Cárdenas (Corresponsal) Ampliar la imagen Despachos de cobranza han comprado al Infonavit decenas de miles de inmuebles en cartera vencida por menos de una décima parte de su valor real. Representantes de familias del norte del país que temen perder su patrimonio aseguran que los representantes de los bufetes imponen a los deudores condiciones imposibles de cumplir.Culiacán, Sin., 5 de enero. Alrededor de 38 mil familias de Sinaloa y Sonora están en riesgo de perder los inmuebles que obtuvieron a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que vendió a las empresas de capital estadunidense Pendulum Associates y Sociedad Corporativa para la Resolución de Activos y Propiedad (SCRAP 2) alrededor de 110 mil casas que se encuentran en cartera vencida en México, informaron organismos defensores de derechohabientes en esas entidades. El Frente en Defensa de la Vivienda de Sinaloa, el Colectivo Ciudadano por la Defensa del Patrimonio Familiar de Mazatlán, el Frente Estatal en Defensa de la Vivienda de Sonora, y Ciudadanos en Defensa de la Vivienda del estado de México advirtieron que se defenderán de lo que llaman "política neoliberal y privatizadora del gobierno federal". Aseguraron que abogados ligados al Partido Acción nacional (PAN) manejan los despachos que cobrarán la cartera vencida. "El Infonavit vendió a empresas extranjeras de cobranza 110 mil viviendas a precios que oscilan entre 8 y 10 por ciento de su valor real. "Según el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y el Infonavit, Sonora tiene 23 mil viviendas en cartera vencida, casi 20 por ciento del total nacional, y Sinaloa alrededor de 15 mil, que representan casi 13 por ciento", señaló César del Pardo Escalante. El activista defensor de derechohabientes del sur de Sonora y el norte de Sinaloa, acusó a las autoridades de agravar el problema al favorecer a despachos de recuperación de cartera que iniciaron acciones legales contra morosos. El Infonavit vendió a Pendulum Associates y a SCRAP 2 la cartera vencida de unas 110 mil familias del país, a un precio promedio de 15 mil pesos cada una. En Sinaloa y Sonora, donde hay unos 38 mil créditos vencidos, el monto asciende a casi 570 millones de pesos. La Jornada intentó comunicarse con ambas empresas, cuyo personal prometió enviar información sobre estas operaciones, lo que no sucedió.

En su página de Internet, (www.pendulum.com.mx), la empresa asegura estar dispuesta a ofrecer alternativas a los deudores, entre ellas el pago del adeudo en una sola exhibición, pagos a corto plazo y la restructuración global del préstamo, lo que implicaría tramitar nuevos créditos con tasas de mercado actualizadas. La compañía asegura que administra más de 50 mil créditos hipotecarios, 10 mil comerciales y más de 3 mil hipotecarios residenciales. Tiene sus oficinas centrales en la ciudad de México y opera en las de Chihuahua, Ciudad Juárez, Guadalajara, Hermosillo, La Paz, Mérida, Monterrey, Tijuana y Torreón."Sin embargo, si los deudores son incapaces o no desean llegar a tal salida negociada, no tendremos otra opción que dar seguimiento a la recuperación a través de todos los métodos legales disponibles, hasta la adjudicación y el remate judicial de la garantía", acota.

Organizaciones defensoras de derechohabientes señalan que la restructuración cuesta 19 mil 500 pesos, por gastos de cobranza y administrativos, lo que generaría ganancias de al menos 112.5 millones de pesos a las empresas estadunidenses. "La restructura tiene un valor jurídico. En caso de que el derechohabiente no cumpla al pie de la letra el convenio, automáticamente éste se convierte en sentencia. O sea, primero te restructuro y después te despojo de la vivienda", explicó Del Pardo. "El mecanismo es el siguiente: después de la restructuración, la parte acusadora (el Infonavit) impone una mensualidad que es prácticamente imposible de cumplir. A esos juicios se les denomina ‘especial hipotecario Infonavit vs. demandante"’, comentó.Posteriormente se presiona al trabajador para que acepte diversas cláusulas, entre ellas mensualidades que no corresponden a 25 por ciento de su salario, sino hasta 70 por ciento. Todas las restructuraciones, advirtió Del Pardo, violan las disposiciones del Infonavit y contravienen los regímenes ordinario y especial de amortización, que permiten al empleado conservar su vivienda ante falta de solvencia, y negociar. Así, la venta de cartera del instituto a particulares afecta al trabajador, al despojarlo de su vivienda y permitir que terceros apliquen criterios de carácter privado en un asunto público que nació como una prestación social, concluyó el activista. En Sonora, el despacho encargado de perseguir a los derechohabientes es Consultores Profesionales Corporativos, que opera en Hermosillo, Ciudad Obregón, Guaymas y Nogales; en Sinaloa operan Corporativo Jurídico, Expertos en Cobranza Extrajudicial, Lexis Abogados, Despacho de Asesoría y Gestoría Múltiple, que actúan sobre todo en Culiacán, Ahome y Mazatlán. Los abogados que litigan para estas firmas obtienen entre 10 y 25 por ciento del monto que recuperen, pero si la vivienda es recuperada y rematada, las ganancias pueden llegar hasta 75 por ciento, informaron fuentes no oficiales. El despacho Prossin pega calcomanías de casi medio metro de largo por 30 centímetros de ancho en puertas de casas de morosos, como sucedió a una joven que ignoraba estar en cartera vencida y, paradójicamente, labora en una firma de abogados que brinda servicio de cobranza al Infonavit. El pegote decía: "Estimado acreditado: urge regularizar la situación de tu crédito. Acude de inmediato a las oficinas de Infonavit, ubicadas en Prossin (Rosales 309 Pte., casi esquina con Morelos, col. Centro, Culiacán, Sinaloa, tel. 667 212 74 21)". Este domicilio no es la delegación del Infonavit en Culiacán, sino el despacho. El documento pegado en la fachada de la vivienda, ubicada en la colonia Bugambilias, tenía el logotipo del instituto gubernamental y ofrecía: "De presentar problemas de invalidez o incapacidad, te pedimos comunicarte a Infonatel al 91715050 desde la ciudad de México, al 01800 008 3900 del interior de la República, o dirigirte a las oficinas de Infonavit en el estado". La afectada, quien pidió anonimato, informó que obtuvo un crédito por 250 mil pesos hace seis años, y paga unos 2 mil 500 pesos mensuales. "Según yo estaba al corriente; hacía mis pagos por Internet y hasta por dos o tres meses, pero ahora resulta que no, que debo hacer los pagos uno por uno, y que debo uno o dos meses, pero ésta no es manera de cobrar, exhibiéndome. ¿Como acreditada merezco esto?" Por su parte, el Infonavit informó que por disposición de su consejo de administración, entre 2005 y 2006 vendió en subasta pública la cartera de 52 mil 418 créditos que en promedio tenían 40 mensualidades vencidas, y en algunos casos llevaban hasta 17 años sin realizar pago alguno. El organismo precisó que en alrededor de 16 mil casos se trataba de viviendas abandonadas, invadidas o traspasadas de manera irregular; y para la otra mitad se abrieron mesas de atención, a las cuales se acercaron sólo 5 mil personas. La primera convocatoria para rematar 18 mil 702 créditos en subasta pública se publicó el 31 de octubre de 2005, y fueron adquiridos por la empresa Capmark. La segunda, para vender cartera de 33 mil 716 créditos vencidos, se publicó el 3 de abril de 2006 y se asignó a SCRAP 2.