EDITORIALES

Se movilizan los condenados en las protestas en la SCJ, por el traslado de Mariana Mota en 2013

Dicen que el tiempo cambia a las personas. Que cambia los sueños, los pensamientos, las aspiraciones. Incluso, cuando uno sufre una gran herida, el consuelo que nos dan nuestros allegados, es que esta provocará un renacimiento, y nos hará mejores personas.

Parece que incluso el imaginario popular, no incluye a aquellos que no sufren, porque ellos no tendrían una motivación para transformarse ni transformar nada.

El pasado 28 de marzo, varios centenares de personas marcharon por 18 de Julio, en pleno centro de Montevideo, para reivindicar la lucha social y denunciar la criminalización de la protesta. El contexto: la condena de segunda instancia que el Tribunal de Apelaciones de 4° turno ratificó, contra seis personas, que hace diez años formaron parte de una manifestación de más de mil personas a las puertas de la Suprema Corte de Justicia, precisamente el día en que los altos mandos judiciales se disponían a sacar del medio a la jueza Mariana Mota, que en ese momento se ocupaba de más de 50 casos de crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en Uruguay, trasladándola del ámbito penal al civil.

Una multitud de gente se solidarizó con la situación de las y los señalados con el dedo judicial, y se embanderó con la premisa de que la lucha no es un delito. La lucha es un derecho y un deber del pueblo, de la ciudadanía que ejerce su lugar dentro de la sociedad y que se manifiesta cuando suceden injusticias, cuando se da cuenta que las elecciones de quienes ocupan los cargos del Estado van en contra de las necesidades de la gente. Cuando actores como los ministros de la Suprema Corte de Justicia denuncian a seis personas con el dedo, por haber sido presas y presos políticos cuando el Estado determinaba quién tenía derecho a existir y quién no, de forma arbitraria, en contra de toda ley y todo derecho humano.

Hoy vuelve a suceder lo mismo, como una continuidad de aquellos tiempos y de aquellas personas. Con la diferencia de que hoy, no les pueden fusilar. Pero sí pueden utilizar su poder para dar castigos ejemplarizantes y alertar, a quienes se manifiesten contra ciertas decisiones que van en desmedro de la gente y de la justicia social, de que mejor no se atrevan a protestar. O se van a dar contra la muralla. Una muralla compuesta por la aristocracia de este país, que encuentra en la misma mesa hermanados a ministros, jueces, políticos, empresarios y otras personas de altos cargos, altos rangos y alto poder de decisión.

Irma Leites, Álvaro Jaume y sus dos hijos Eduardo y Diego, Aníbal Varela y el finado Jorge Zabalza, fueron condenados por “atentado especialmente agravado” siendo ratificada la sentencia por el Tribunal de Apelaciones de 4° turno.

Y el 28 de marzo, además de los marchantes, adhirieron personas y organizaciones sociales nacionales e internacionales. En los altavoces colocados en la Plaza Libertad, a pocos metros de la entrada de la Suprema Corte, se escucharon las adhesiones y la solidaridad de Norita Cortiñas -histórica madre de Plaza de Mayo-, de Adolfo Pérez Esquivel -premio Nobel de la Paz-, la diputada argentina Myriam Bregman del Frente de Izquierda -y abogada de Julio López-, Carla Lacorte -fundadora y miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos de Argentina-, Espacio para la Memoria y Promoción por los Derechos Humanos ex Centro Clandestino de Detención Automotores Orletti, y muchas otras organizaciones de derechos humanos de Argentina. De Uruguay adhirieron muchísimos otros movimientos, agrupaciones y sindicatos como Crysol, Fucvam, secretaría de Derechos Humanos y políticas sociales del Pit-Cnt, SAG, AFFUR, AUTE y tantos otros.

Álvaro Jaume, agradeció el apoyo de tanta gente, y dijo que esto, “lo único que hace es verificar que no fuimos siete, fuimos muchos, y que ninguna Suprema Corte de Injusticia va a quitar el rol de la gente en la pelea contra la impunidad”. Y agregó: “Como dicen los chilenos, hasta que la dignidad se haga carne en todos nosotros”.

Una de las notas del encuentro fueron las voces de varias personas que concurrieron a la manifestación aquel 22 de febrero de 2013, y que, solidarizándose con los condenados por la SCJ, dijeron, “yo estuve ahí”.

A continuación, la proclama:

“Hay juicios que de verdad parecen absurdos, este lo es, pero decimos que no, que en verdad estas aparentes absurdas persecuciones tienen detrás los servicios de inteligencia, los estrategas defensores de todo este mundo de hambre, miseria y de impunidad. Esta impunidad de ricos y poderosos, que a lo largo de toda la historia ha recurrido aberrantes represiones, a genocidios, a callar a los que sueñan y luchan por otro mundo con justicia y libertad.

Condenan por más de una década una manifestación contra la muralla de impunidad de esta Corte infame. Les cabe suprema y les cabe corte, pero de justicia nada. De ahí vienen, de lo más rancio, la aristocracia del Estado que cuida a los ricos, que les da impunidad a los genocidas.

Estuvimos acá porque una rendija se había abierto en esa muralla de impunidad que construyen y sostienen. Y esa rendija la había abierto en la lucha con memoria y los juicios de Mariana Mota. Estuvimos y estaremos contra la impunidad, sin transa, sin cálculos políticos mezquinos. La criminalización de la protesta está dirigida a tratar de desmovilizarnos y invisibilizar la lucha colectiva.

Ellos eligieron siete manifestantes para el escarmiento. No es una elección inocente, no eligen a cualquiera, eligen a quienes ya estaban en la mirilla, señalados, estigmatizados, a quienes son referencia en esta pelea tan desigual, a quienes no van a ir para atrás o a declarar para zafar. Eligen a Álvaro, a Diego, a Irma, a Aníbal, a Eduardo y a Jorge. Los siguen persiguiendo diez años después.

Nosotros y nosotras estamos acá para apoyar la lucha, para apoyarlos y para defender la verdad y la memoria. Estamos acá para decir que en la lucha contra la impunidad somos muchas y muchos más que siete. Estamos acá para reafirmar que no habrá Supremas Cortes que nos cambien la verdad de lo sucedido. Acá mismo, aquel 15 de febrero de 2013, señores, ustedes que se creen intocables, aquel día y hoy, la memoria que está viva los señalará como personeros del terrorismo de estado. Estos estados que mantienen la desaparición, la tortura, el gatillo fácil, las vergonzosas cárceles de ayer y de hoy. Estamos acá para gritar, tocan a uno, tocan a todos. Estamos acá para volver a la acción y la solidaridad.

Nosotros y nosotras convocamos, estuvimos y estaremos aquí. Abriremos rendijas en las murallas, tiraremos abajo las puertas de todas las cortes, bajaremos de los pedestales a todos los supremos. A derribar la impunidad compañeros, por verdad, memoria y justicia, hoy y siempre.

¡Se escucha, se escucha! ¡Arriba a los que luchan!”.

"Justicia que tarda, no es justicia", dijo una manifestante en el micrófono. En este caso, la justicia, no quiere cambiar, no quiere una transformación social, porque es una justicia acomodada, aliada al poder, que sirve a las castas altas de la sociedad, para mantener un orden que viene dado desde aún más arriba. Lo único que no quieren, es el cambio. Para ellos, que tienen de sobra, que se bañan en influencias, bienes materiales, sueldos incontables, comodidades y alianzas de todo tipo, lo que menos les sirve, es cambiar.

Pero la gente, que es la que sí sufre, es la que tiene que seguir la ley natural, la que nos dicen siempre nuestros seres queridos, la que nos enseñan psicólogos y tantos otros, que es la transformación, primero de conciencia y luego en la sociedad. No para unos pocos, sino para que los que sufren, ya no padezcan más.

Fotos: Romina Torres y Victoria Camboni