Para intentar frenar la extradición a EEUU de Kassem Mohamad Hijazi

Crisis en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia y Ministerio Público

Muy graves implicancias con el caso del fiscal Marcelo Pecci

Por Jorge Figueredo,desde Asunción, Paraguay-21 de noviembre de 2022

Sharif Kassem Hijazi, hijo del brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi, en su representación, pagó USD 368.000 al abogado Amílcar Alfredo Fretes Escobar, vástago del titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes, para detener su extradición a Estados Unidos por un mes, según un contrato de prestación de servicios profesionales que se revelo este jueves a través de diversos medios de comunicación de Asunción.

El mencionado contrato por los servicios profesionales del abogado fue firmado el 30 de setiembre del 2021, por Sharif Kassem Hijazi, según se observa en el documento, pero realmente el mandante de este acuerdo, fue el actual extraditado Kassem Mohamad Hijazi.

La cláusula primera del mencionado contrato establecía: “El MANDATARIO se obliga de manera independiente a prestar asesoría al MANDANTE, en un solo punto el cual es sobre la situación jurídica del señor KASSEN MOHAMAD HIJAZI, para la obtención de una salida jurídica sobre la situación del mismo”.

La segunda cláusula del contrato expresa: “EL MANDANTE, entrega en este acto la suma de dólares americanos 368 mil, en concepto de honorarios profesionales, por decisión de ambas partes, sin que haya oposición de ninguna de ellas”.

En la quinta clausula se estipula que “el presente contrato se celebra por el tiempo de 30 días hábiles a contar a partir de la firma del mismo, aclarando que, de no haber una solución de manera a satisfacer al MANDANTE, se procederá al reintegro de lo entregado en concepto de Honorarios profesionales, sin que eso implique ningún tipo de perjuicio a ambas partes”.

En comunicación con Telefuturo, el presidente de la Corte Suprema Antonio Fretes negó rotundamente estar en conocimiento del contrato firmado por su hijo con el extraditado Kassem Mohamad Hijazi: “Mis comunicaciones con mis hijos son, relativamente, casi pocas, ninguna. Tengo uno con quién más trato, que está alrededor mío siempre, que no tiene nada que ver con el Poder Judicial", fue lo que dijo

Ahora bien, a pesar de lo estipulado en el acuerdo, el hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes, reconoció que fue contratado para dar “una salida jurídica” a la extradición de Kassem Mohamad Hijazi a EEUU, pero que no recibió el pago de 368.000 dólares.

Amílcar Fretes Escobar confirmo las manifestaciones de su padre, el ministro Antonio Fretes, y dijo que este último desconocía el acuerdo que había hecho con Kassem Mohamad Hijazi, extraditado a Estados Unidos el 8 de julio de este año.

Lo que llama la atención y genera dudas al respecto es que pocos días después de la extradición de Hijazi, el 20 de julio del 2022, el presidente de la máxima instancia judicial, durante la sesión plenaria de la Corte, manifestó “esta circunstancia me obliga a prohibir a todos, propios y extraños, parientes o no parientes, incluyendo a sus hijos, a que lo nombren ante cualquier autoridad, institución pública o persona. “Ha llegado a mi conocimiento que hay personas que han querido utilizar o han utilizado mi nombre y quiero por este medio negar que yo le autorice a nadie la utilización de mi nombre”.

Hay que tener en cuenta que Kassem Mohamad Hijazi había sido acusado de lavado de dinero producto del narcotráfico y otros delitos y luego de casi un año de haber sido detenido en Ciudad del Este, en procedimiento liderado por el Fiscal Marcelo Pecci, fue extraditado en el mes de julio del 2022 a Estados Unidos. El documento sobre el acuerdo entre Hijazi y el hijo de Fretes fue revelado y divulgado por el senador del Frente Guazú Pedro Santacruz.

¿Quién es Kassem Mohamad Hijazi?

Kassem Mohamad Hijazi, empresario brasileño, de ascendencia libanesa, 49 años, fue detenido en agosto de 2021 en Ciudad del Este en un operativo liderado por el Fiscal Marcelo Pecci, quien fue asesinado en mayo del 2022 en una isla de Colombia. Fue extraditado en julio de este año a los Estados Unidos, donde tiene procesos por hechos vinculados al lavado de dinero, proveniente del narcotráfico.

Conforme a fuentes de la prensa de Asunción, su extradición se logró, debido a que Hijazi está imputado en los Estados Unidos por los siguientes hechos: “Dos por encubrimiento de lavado de dinero, otro más por operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia, y dos más por lavado de dinero internacional".

Está acusado de ser el “principal recaudador de fondos y activista de Hezbolá, que apoya actividades relacionadas con el terrorismo”.

De acuerdo al proceso que lo llevó a una cárcel norteamericana “Kassem Mohamad Hijazi estaría permeando hábilmente las debilidades del sistema financiero nacional e internacional, para colocar y estratificar fondos procedentes de actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico, generando transacciones comerciales fraudulentas”.

El asesinato del fiscal Pecci

Pero lo más grave dentro de los antecedentes de Kassem Mohamad Hijazi , considerado parte del terrorismo internacional, es que una de las líneas investigativas formuladas en su momento por las autoridades colombianas en relación al magnicidio del Fiscal Marcelo Pecci, lo sindican como uno de los supuestos autores intelectuales del crimen.

Pues una de las hipótesis que había en Colombia, es que los mandantes del asesinato de Pecci serían parte de la organización terrorista Hezbolá, con el apoyo de la mafia brasilera, ya que Pecci con sus investigaciones habría dado fuertes golpes al narcotráfico e incluso a la parte financiera del mismo.

De acuerdo con lo que informaron varios medios del país cafetero, “las autoridades de Paraguay, Estados Unidos y Colombia habrían identificado a Kassed Mohamad Hijazi, Nader Mohamad Farhat y Mahmoud Alí Barakat como personajes de interés como posibles autores intelectuales del hecho que conmocionó al mundo y que ocurrió el martes 10 de mayo del 2022 en la isla cartagenera de Barú".

Es por eso que más allá de este escándalo, donde existirían fuertes sospechas que el hijo del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay -quien suscribió un contrato nada menos que con uno de los supuestos financistas del terrorismo internacional de la triple frontera- le habría prometido un resultado satisfactorio en 30 días, y de evitar su extradición, por su relación familiar e influencia dentro de la estructura del estado, ya que en ese momento no solo era hijo de Antonio Fretes, actual Presidente de la Corte, sino funcionario de la Binacional Itapuá, esta conducta podría configurarse como tentativa de tráfico de influencias en el mejor de los casos. Pero lo más grave aún, sería, que luego de una investigación rigurosa, se encuentren elementos de prueba que involucren a Antonio Fretes en la comisión o tentativa de hechos punibles, y por las varias omisiones, tanto de agentes fiscales como de la fiscal general del Estado en investigar la conducta de Kassed Mohamad Hijazi, se determine que hubo negligencia, mal desempeño de sus funciones, e incluso hechos punibles de los propios investigadores fiscales.

El caso de Mahmoud Alí Barakat

Debemos recordar que Mahmoud Alí Barakat, extraditado a los Estados Unidos en el 2018, otro a quien se atribuyó en su momento como hipótesis de formar parte de los autores intelectuales del asesinato del Fiscal Antimafia paraguayo Pecci, es acusado de lavado de dinero proveniente del narcotráfico y de otros delitos conexos. Conforme a un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, “el personaje estaría implicado en delitos de contrabando, falsificación de dinero y documentos, extorsión, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y su centro de operaciones habría sido la ex galería Page, ahora galería Un América, de la paraguaya Ciudad del Este".

También es importante rememorar que ambos sujetos fueran detenidos y extraditados por sus delitos vinculados al narcotráfico al país norteamericano como parte de la operación transnacional ‘Ultranza’, liderada por el fiscal Marcelo Pecci, que logró desmantelar la estructura a la que pertenecían los dos ciudadanos brasileños de origen libanés, y que en su momento salpico a políticos de Paraguay, y además desmanteló un laboratorio de drogas instalado en el penal de Tacumbú.

Omisión de Sandra Quiñonez

En declaraciones a Radio Ñanduti el Senador Pedro Santa Cruz cuestiono a la fiscal general Sandra Quiñonez de omitir ordenar investigar este gravísimo hecho de corrupción. “Esto tenía que ser investigado por la Fiscalía”. El Senador Pedro Santa Cruz fue la persona a quien le entregaron el documento del contrato donde supuestamente Kassem Mohamad Hijazi solicito al hijo del ministro de la Corte, Antonio Fretes, para que pare su extradición.

El legislador expreso que en principio pensó presentar una denuncia ante el Ministerio Público, pero cuando supo que Sandra Quiñónez y el fiscal Lorenzo Lezcano ya estaban en conocimiento del hecho, decidió compartirla con la prensa. Cuestionó que hayan entregado el teléfono a los EEUU, ya que considera que primero debió investigarse en el país.

“Hace cuatro días llegó a mi mano un documento de acuerdo firmado por el hijo de Fretes y está persona (Hijazi), el hijo del ministro se comprometió a una serie de gestiones sobre la extradición de este señor. En primer momento quería hacer una denuncia ante la Fiscalía, pero cuando tomé conocimiento que el documento está en manos de la fiscala general del Estado y el fiscal Lezcano desde mayo, opté por compartir con los medios de prensa está situación”, señaló.

“Encontraron el celular de Kassem Mohamad Hijazi, en mayo de 2022, cuando murió el fiscal Marcelo Pecci (pocos días después) y está en manos de Sandra Quiñónez, ella reconoció y dijo que lo entregó a la Embajada de los Estados Unidos. Esto tenía que ser investigado lo que corresponde en un país soberano, creo que nuestras instituciones deberían responder a la ciudadanía y no a una Embajada en particular”, puntualizó.

“Es un hecho gravísimo, creo que amerita un juicio político al ministro de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes y también para Sandra Quiñónez. Por suerte ya estamos en proceso avanzado en la conformación de la terna para la fiscalía general del Estado”, recalcó.

El Senador del Frente Guazu, Jorge Querey manifestó que el titular de la Corte, Antonio Fretes, no puede desvincularse de la supuesta coima que habría recibido su hijo para detener la extradición del brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi. Señaló que “no se podría desentender de esta situación, permite una sospecha firme a que estuvo involucrado”.

Querey también expresó que el presidente de la Corte tiene una gran responsabilidad, debe aclarar su situación y lo que hizo su hijo debería ser investigado por tentativa de tráfico de influencias. Señalo que el Ministerio Publico debe investigar los nexos o conexiones que tuvo en el país Hijazi, ya que hasta el momento no se ha abierto ninguna carpeta fiscal.

“El ministro Fretes tiene una gran responsabilidad, no puede aducir en principio que lo de su hijo, cuando uno ocupa un lugar tan alto de responsabilidad existen lo que conocemos como influencia de tu entorno o de tu familia, no se podría desentender de esta situación”, señaló.

“Permite una sospecha firme en relación a esto, a que estuvo involucrado en esa posibilidad, si bien es cierto establece una cierta contradicción con respecto al voto que ha tenido para la definición de lo Hijazi”, manifestó.

“Hay dos cuestiones muy contundentes y contradictoriamente se suman a la consideración de Fretes, uno es que indudablemente al hijo hay que acusarlo cuando menos un intento firme, consolidado y documentado de tráfico de influencia”, expresó.

En relación a la responsabilidad del Ministerio Público, “hay mucha información lo del caso Hijazi que no se ha seguido el hilo de las empresas y las personas vinculadas acá en Paraguay (falta de investigación)”, remarcó.

Manuel Riera: “Hijazi sería piedra angular de declaraciones de significativamente corruptos”.

Manuel Riera, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, remarco que el acusado de lavado de dinero y extraditado a Estados Unidos, Kassem Mohamad Hijazi, “posiblemente sea la piedra angular de todas las designaciones de significativamente corruptos en el país”.

Riera dijo entre líneas que además de la supuesta coima que recibió el hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, Hijazi estaría involucrado en las declaraciones que hizo los Estados Unidos al exmandatario Horacio Cartes y Hugo Velázquez de “significativamente corruptos”.

Esta situación lo explica con la incautación del teléfono de Hijazi que se encuentra en poder del Gobierno Americano, demostrando la “inacción”, la “incompetencia” del Ministerio Público para investigar y esclarecer el hecho.

“Otra muestra más de que el propio Ministerio Público tiene problemas de inacción no solo por las denuncias no atendidas o se atendieron que no fueron publicadas y si ese teléfono se entregó efectivamente al Gobierno Americano”, relató.

“Estamos hablando de un problema de probatorio feroz en un caso de resonancia local importantísima como era el de Hijazi, posiblemente la piedra angular de todas las designaciones de significativamente corruptos en el país”, enfatizó.

“No es macana, mucho todavía debe correr en este tema, tiene que investigarse mejor, pero allende de eso, de lo procesal y lo jurídico, creemos que es uno de esos que necesita consecuencia política inmediata y ese caso la renuncia del ministro”, expresó.

Caso Pecci: ¿Hay interés para ubicar a ideólogos o hay interés en encubrirlos?

Debemos recordar que, a escasos días del asesinato del Fiscal Marcelo Pecci, el 12 de mayo de 2022, agentes fiscales pertenecientes al crimen organizado allanaron varias celdas en la Agrupación Especializada que correspondían a personas investigadas por el fiscal asesinado en Colombia, Pecci.

Una de las celdas allanadas pertenecía al brasileño, de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi, requerido por la Justicia de los Estados Unidos, por hechos vinculados al lavado de dinero pertenecientes a organizaciones terroristas y del crimen organizado internacional en EEUU y Sudamérica. Se había corrido el traslado al Fiscal Pecci sobre la solicitud de extradición de Hijazi, quien había dictaminado que el hombre debía ir a cumplir condena en EEUU. Al mismo tiempo se allanó la celda de Waldemar Pereira Rivas, alias "Cachorrao", supuesto cómplice del asesinato del periodista Leo Veras, ocurrido en el 2020 en Pedro Juan Caballero, y que recientemente fue absuelto por este hecho y ordenado su libertad inmediata por un Tribunal de Sentencia de la mencionada ciudad, a pesar de que el mismo contaba con una orden de captura internacional de parte de autoridades del Brasil, con código rojo registrado en la Interpol, a raíz de otro hecho punible cometido, y que supuestamente desconocían las autoridades judiciales. La última celda allanada correspondía al colombiano Marcelo Raymond Díaz Vélez, quien había caído con más de 400 kilos de cocaína en presidente Hayes en el 2019. Los Agentes Fiscales incautaron varios aparatos celulares y que supuestamente analizarían el contenido de dichos aparatos.

Sin embargo, a pesar de que habían transcurrido ya seis meses de dichos allanamientos, no hubo novedades dentro del Ministerio Publico en relación a ninguna información del contenido de dichos celulares, hasta que el Senador Pedro Arturo Santacruz reveló esta semana el vergonzoso contrato de prestación de servicios profesionales- que en realidad sería la formalización de la tentativa del tráfico de influencias y la coima, para detener la extradición-por 368.000 dólares entre el abogado Amílcar Fretes, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia y el hijo del Hijazi, para evitar su extradición a los Estados Unidos.

El Senador divulgó a los medios de comunicación que este contrato estaba dentro del teléfono celular de Kassem Mohamad Hijazi incautado y que los agentes fiscales lo supieron desde el principio y no abrieron ninguna investigación fiscal al respecto. También se sostiene que en dicho celular se hallaron no solamente las fotos del documento contractual suscrito, sino de supuestos amedrentamientos de Hijazi al hijo del ministro Antonio Fretes.

Ante esta noticia, las autoridades del Ministerio Publico cayeron en varias contradicciones y una vez más desacreditaron la imagen institucional ante la sociedad. Los Agentes Fiscales como Lorenzo Lezcano, Marcos Alcaraz, Manuel Doldan y la propia fiscal general del Estado Sandra Quiñonez tuvieron posturas y manifestaciones contrapuestas en relación al celular incautado y su contenido.

Sobre todo Lorenzo Lezcano, el agente fiscal quien encabezó la requisa administrativa dentro de las celdas de la Agrupación Especializada el 12 de mayo del 2022, donde se incautó el celular de Kassem Mohamad Hijazi, manifestó que al día siguiente de este operativo por orden de la fiscal general entrego el celular al Fiscal Adjunto Marcos Alcaraz, y que así mismo informó de esta incautación al Fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldan, Alicia Sapriza, y otros colegas de la Unidad de Crimen Organizado.

No obstante, tanto Doldan como Alcaraz negaron haber recibido información en relación al celular, y la fiscala general manifestó también desconocer que este celular contenía el mencionado contrato. Lorenzo Lezcano tampoco pudo dar explicaciones por que no se extrajeron los datos que contenían el celular, siendo que se podrían encontrar elementos probatorios claves para dilucidar la autoría mediata del crimen de Pecci. Solo se justificó diciendo que cree que el celular se entregó a la DEA.

Entonces, uno se pregunta, ¿si el Paraguay es un estado soberano o una colonia norteamericana? ya que resulta insólito que colegas de Pecci, que supuestamente investigaban su asesinato en Paraguay, en relación a los autores intelectuales, hayan entregado a un órgano extranjero una evidencia, sin ninguna autorización judicial, sin siquiera extraer copia del contenido del aparato.

Varios hechos relacionados a Hijazi, resultan muy llamativos. Por eso me hago similares preguntas, tengo las mismas dudas y he llegado a la misma conclusión, que las expresadas por el médico y periodista Alfredo Bocací en un artículo de opinión publicado en el diario Ultima hora.

Debemos creer: 1) Que el hijo del presidente de la CSJ de Paraguay haya firmado un contrato de varios miles de dólares con uno de los sospechosos, en su momento, de ser uno de los autores intelectuales del asesinato de Pecci, donde evidentemente la asistencia legal se basaría sobre todo en el tráfico de influencias, sin que se haya enterado Antonio Fretes. 2) Que los fiscales que incautaron el celular de Hijazi no encontraron el mencionado contrato y por lo tanto desconocían su contenido y 3) Que, seis meses después, el Ministerio Público sigue intentando desencriptar ese teléfono y que todo es lento “porque hay comunicaciones en otros idiomas”.

Es de sentido común pensar que varios agentes fiscales, incluida la fiscal general del Estado, habrían tenido conocimiento del mencionado contrato a pocos días del asesinato de Marcelo Pecci. Y que avisaron al ministro Antonio Fretes. Eso quizás haya evitado que se concrete el objetivo de Hijazi de obstruir la extradición a los Estados Unidos y también explique la extraña desautorización dada por Antonio Fretes de invocar su nombre a extraños y familiares, incluidos sus hijos, en la sesión plenaria de la CSJ de julio del 2022, ahora todo tiene justificación.

Es gravísimo lo acontecido, pues aparentemente varios agentes fiscales, colegas que pertenecían a la misma unidad especializada del crimen organizado del cual formaba parte Pecci, y por encima de todo “amigos”, supuestamente investigaban a los mandantes del asesinato del Fiscal antimafia paraguayo; y varios de ellos probablemente conocían el contenido de dicho contrato.

Sin embargo, omitieron investigar seriamente no solo este contrato, sino los tentáculos y relaciones económico- financieras licitas e ilícitas que tenía Kassem Mohamad Hijazi en el Paraguay y sobre todo su participación en el magnicidio de Marcelo Pecci, a pesar que pregonaban por las páginas oficiales del Ministerio Público, que buscaban afanosamente esclarecer este crimen mafioso transnacional.

Ya no hay duda, que la maraña, bajo, sobre y alrededor del caso Pecci, sigue siendo intrincada y visibiliza, escandalosamente, el grado de corrupción operativa vigente en el Paraguay, nada menos que dentro de las instituciones de gobierno.

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*Foto de portada: Hassem Mohamad Hijazi / Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay

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