Fiscal Fossati investiga red de falsificadores a gran escala vinculados al exjefe de seguridad de Lacalle Pou
Por Antimafia Dos Mil-19 de octubre de 2022
La fiscal Gabriela Fossati durante la audiencia de formalización de los imputados en el caso Astesiano, recalcó que “son miles los expedientes de la Corte Electoral, el Registro Civil e Identificación Civil, que fueron fraguados con partidas de nacimiento falsas, por una organización que integraba el excustodio de la presidencia Alejandro Astesiano”, según informó el diario El País.
Desde hace días la Presidencia de la República Oriental del Uruguay vive un escándalo, a partir de que se diera a conocer y que la prensa tituló el “caso Astesiano”, donde el exjefe de custodios del presidente Luis Lacalle Pou, cumplía funciones como “facilitador” -desde su posición jerárquica, en un área sensible del gobierno, y con mucho peso e influencia-, para movilizar los trámites, ya fraudulentos, para que ciudadanos rusos -según los casos que hasta ahora han trascendido-, pudieran acceder a documentación uruguaya “legalizada”.
Tras las afirmaciones de la fiscal Fossati, es difícil cuantificar la magnitud y la profundidad del daño que ha ocasionado este hecho de corrupción estructural, considerando que hay evidencias de que la organización viene trabajando ininterrumpidamente desde el año 2013, por lo menos.
Hasta el momento se encuentran imputados, con prisión preventiva, cuatro personas, que representaban cada una un rol bien definido. Por un lado, el propio Astesiano, que como dijimos, operaba como facilitador; un ciudadano ruso de nombre Alex Slivaev, quien ubicaba y contactaba a los clientes (presuntamente también criminales), y el escribano Álvaro Fernández y su esposa Patricia Medina, quienes realizaban la logística para encontrar ciudadanos uruguayos, muertos o vivos, que pudieran emparentar con los clientes rusos, además de establecer referencias laborales o gestionar ‘unipersonales’ ante los organismos fiscales. Las investigaciones también incluyen la revisión de la situación patrimonial de los acusados, que hasta el momento ha resultado completamente irregular, dadas las declaraciones juradas de cada uno de los integrantes de la organización criminal.
A través de las pericias realizadas en el teléfono celular del escribano, se pudieron conocer conversaciones entre los implicados que dejan en claro el nivel de conocimiento y de responsabilidad de cada integrante. Medina, quedó expuesta en un audio con fecha del 3 de octubre; ya descubierto el caso, donde decía: “No puedo hablar mucho. Esto es una bomba para mí”, claramente consideraba que las autoridades ya rastreaban sus comunicaciones. Por tal motivo, antes de su detención formateó su celular, seguramente intentando ocultar evidencia, lo que debería tener consecuencias legales, y los peritos trabajan ahora contra esta dificultad.
Clientela
¿Quiénes eran los ciudadanos rusos que tramitaron documentación falsa? Y, ¿por qué motivo?, son dos de las grandes interrogantes que intentan despejar las autoridades, que avanzan caso por caso.
Pero hay más: sin dejar de contemplar el marco de guerra que se vive en Ucrania y que afecta directamente a la población rusa, consignamos que la fiscal Fossati declaró a El País, que entre los casos hay gente que escapaba de la guerra, gente que pretendía obtener visas a los Estados Unidos o a Europa, y en algunos casos “personas vinculadas a los poderes de inteligencia rusa de antes y de ahora”; un dato de enorme gravedad institucional, que en el marco de un conflicto bélico nuclear debería generar una respuesta más activa por parte de Presidencia que hasta ahora ha estado más preocupada por blindar la imagen política de Lacalle Pou, que por atender las responsabilidades que seguramente se extienden mucho más allá que el jefe de custodios.
En este sentido, hasta el momento han destacado los casos de Andrey Kashtanov y Olesia Dzhumelia, que ingresaron al país a mediados de 2021, cuando aún regía un fuerte protocolo de seguridad para ingresar o salir del país como consecuencia de las medidas sanitarias por la pandemia. El ingreso de estos ciudadanos estuvo avalado por la firma del secretario de Presidencia Álvaro Delgado, quien automáticamente se escudó alegando que “fueron miles y miles las solicitudes de ingreso al país, y muchas de ellas fueron aprobadas, siempre teniendo los resguardos sanitarios correspondientes”.
Kashtanov y Dzhumelia, según los trascendidos de prensa, son dos ciudadanos rusos, de alto poder adquisitivo, que pretendían instalarse en la zona del Chuy -en plena frontera con el Brasil-, para realizar una serie de inversiones inmobiliarias y comerciales. Allí se vincularon directamente con un supermercadista, Rafael Cardozo, con quien pretendían asociarse. Uno de los rasgos llamativos del caso, es que los dos ciudadanos rusos/uruguayos, se casaron en el supermercado, en presencia del alcalde Eduardo Calabuig, miembro del Partido Colorado. “Yo sólo me dedico a casarlos”, declaró a La Diaria, luego de desentenderse de los rusos y afirmar que apenas los conocía. El hecho es que Cardozo, el dueño del supermercado y socio de los rusos, es familiar directo de la esposa del alcalde y también miembro del Partido Colorado.
Los periodistas de La Diaria, realizaron el seguimiento de los nombres de ambos rusos, y lograron vincular a Dzhumelia con el negocio de explotación gasífera y petrolera. Según las informaciones la pareja de rusos pretendía realizar en Colonia una inversión millonaria para construir un Puerto Hub en la hidrovía, un proyecto que no habría resultado.
A los rusos se les perdió el rastro, luego de que abandonaron el país por la frontera del Chuy.
Club de Amigos
En diálogo con El País, el diputado por Cabildo Abierto Eduardo Lust, expresó la posibilidad de que la Fiscalía ofrezca a Astesiano un acuerdo de pena a cambio de colaborar con la causa. En la práctica esto implicaría aceptar voluntariamente los cargos, y por ende, el fin del proceso a través de un juicio abreviado (y privado), evitando de esta manera el juicio público. Incluso “pueden hasta cambiar el delito, que es una cosa grave, pero la ley lo dice”, afirmó Lust.
Además, el cabildante agregó que “en el Parlamento no se desmintió que en la guardia presidencial hubo homicidas, narcotraficantes, gente procesada por violencia doméstica, porte de armas, lesiones personales, abuso de funciones”, lo cual según Lust convierte al cuerpo de seguridad presidencial “en una especie de club de amigos”.
Los juicios abreviados deberían tener ciertos límites cuando la cosa pública está de por medio, no por eso se debe dejar de perseguir e incentivar la colaboración de los acusados, indagados, o hasta incluso condenados con el sistema de justicia, del cual también deben ser parte.
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*Foto de portada: grupormultimedio.com