La justicia de los Estados Unidos puso punto final al juicio contra el represor Roberto Guillermo Bravo, en la Corte Federal del Estado de Florida y dictaminó -por hallarlo responsable de la muerte de 16 personas presas, y tres más, heridas de gravedad- que deberá pagar alrededor de 27 millones de dólares en compensación por sus crímenes, luego que una demanda civil se presentara en octubre de 2020, siendo la parte acusadora, Raquel Camps la hija de Alberto Camps, uno de los tres sobrevivientes que resultaron con heridas de consideración, quienes años después fueron desaparecidos por la dictadura cívico-religiosa-militar argentina. La causa siguió adelante bajo el rótulo Camps contra Bravo, y finalmente hubo una decisión en las últimas horas, tanto que la hija de Camps en el país del norte declaró: “Estamos felices, es un paso para pedir la extradición, para que lo juzguen en la Argentina”.
Bravo está acusado de ser responsable de los delitos de homicidio extrajudicial, intento de homicidio extrajudicial y tortura, bajo el marco de la Ley de Protección de Víctimas de la Tortura, por los hechos conocidos como la “Masacre de Trelew” ocurrida en agosto de 1972 durante la etapa militar de la dictadura, encabezada por el general Alejandro Agustín Lanusse. Estos hechos fueron considerados por la justicia argentina como crímenes de lesa humanidad en el año 2012.
En la Argentina se llevó adelante un juicio que encontró culpables a los entonces capitanes Luis Emilio Sosa, Emilio Del Real y el cabo Carlos Marandino. En el 2014, el tribunal de Casación confirmó las condenas además de revocar la absolución del capitán Rubén Norberto Paccagnini, quien era el jefe de la base militar donde ocurrieron los fusilamientos y el capitán Jorge Bautista, acusado de encubrir los hechos. Luego, el fallo fue recurrido y la responsabilidad recayó sobre la Corte Suprema de Justicia que tardo más de seis años en resolver. Indicios claros del sistema de impunidad. Como explicara nuestro colega Agustín Saiz, en diciembre del 2020. (*)
El represor Bravo, quien se desempeñaba como teniente de la marina, en aquel presente, fue asignado como agregado militar en la Embajada Argentina en los Estados Unidos en 1973. Desde entonces, el represor evitó, al menos oficialmente, regresar al país, por lo que no pudo ser juzgado y condenado con el resto de los responsables en el juicio llevado a cabo en el país.
Bravo, instalado en los Estados Unidos en plena época de la guerra fría, en plena época del vuelo del Cóndor sobre el Cono Sur, se integró de lleno a las fuerzas militares norteamericanas para su formación, capacitación y adoctrinamiento. Estuvo durante un tiempo apostado en Honduras, uno de los lugares preferidos de los marines Yankees, y de la CIA. En 1981, presentó su retiro, y bajó su perfil, para algunos años más tarde reciclarse como empresario en Miami. En 1987, vaya uno a saber por qué, el gobierno norteamericano le otorgó la ciudadanía, la cual años más tarde sería uno de los justificativos para negar su extradición.
El juicio iniciado, como es una demanda civil, no tiene prevista la prisión, tras haber sido hallado culpable. La denuncia es presentada por los familiares de cuatro víctimas: Eduardo Cappello, Rubén Bonet, Ana María Villareal de Santucho y Alberto Camps. Recordamos que la masacre ocurrió luego de la fuga de un grupo de militantes miembros de Montoneros, FAP y ERP, que estaban detenidos en el penal de Rawson. Diecinueve de ellos volvieron a ser recapturados y días más tarde, estando bajo custodia de la marina fueron fusilados. Tres -María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar- lograron sobrevivir y brindar su testimonio luego de ser liberados. Años más tarde volverían a ser secuestrados por los aparatos represivos, torturados, asesinados y desaparecidos.
Durante los primeros días de audiencia, Bravo, confesó haber cometido los asesinatos de las personas que estaban bajo su custodia, pero alegó que fue en legítima defensa, un relato que contrasta totalmente con la sentencia que condena los delitos en Argentina.
El exmarino Bravo llegó a la sala donde se realizó el juicio, vistiendo un traje, con su pelo canoso y recogido hacia atrás como una colita. Complementó su versión de que hubo intento de fuga -ajustada a la que se le fuera instruida por los mandos en aquellos días- agregando -sin inmutarse- que uno de los detenidos, Mariano Pujadas, le arrebató la pistola a uno de los marinos, y que él (Bravo) en respuesta le vació el cargador de una ametralladora PAQM que portaba. Según el sobreviviente Camps, Bravo hubo entrado en su celda para dispararle a él y a su compañero Mario Delfino, prácticamente a quemarropa, y que no hubo en ningún momento oportunidad o circunstancia en la que los detenidos hubiese agredido a los marinos, de hecho, ninguno de ellos presentaba lesión alguna. Ese episodio se conoció como la masacre de Trelwe, donde las víctimas fueron acribilladas alevosamente, por lo militares involucrados, entre ellos el hoy octogenario Bravo.
Hoy Bravo, y no es impedimento su avanzada edad, ahora deberá afrontar el veredicto civil, habiendo dicho oportunamente que no temía aceptar los crímenes. Era obvio, pues una vida en impunidad así se lo permitió.
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(*) https://www.antimafiadosmil.com/index.php/derechos-humanos/5982-trelew-la-masacre-que-no-olvidamos
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*Foto de portada: https://razonyrevolucion.org/historia-argentina-la-masacre-de-trelew/