Novedades sobre el espionaje a la defensa de Assange
Por Andrés Volpe-11 de junio de 2022
El caso Assange a esta altura del partido ya se ha convertido en un candidato firme para una saga de ficción, y las novedades no paran de surgir desde la madriguera confidencial de los Estados del primer mundo. El juez de la audiencia nacional española Santiago Pedraz solicitó al gobierno de EEUU a través de una comisión rogatoria, que se le permita interrogar al ex secretario de Estado Mike Pompeo y al ex jefe de contra vigilancia William Evanina sobre la presunta existencia de un plan para secuestrar y matar al periodista australiano.
La resolución judicial que es del primero de junio, y a la que tuvo acceso Europa Press, hace referencia a que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 amplió una rogatoria anterior para dar fundamento al testimonio de Evanina y el ex secretario de Estado norteamericano. Pompeo por ese entonces oficiaba de director de la CIA, cargo que ocupó entre enero de 2017 y abril de 2018, momento en el que pasó a ser el jefe de la diplomacia de su país, bajo el Gobierno de Donald Trump.
El juez, entonces da lugar a la solicitud hecha por los abogados de Assange en España donde pretendían tomarles declaración una vez que Evanina dijera que "la Inteligencia de Estados Unidos tenía acceso a las cámaras de la Embajada de Ecuador en Londres, a grabaciones de conversaciones dentro de la misión, a los dispositivos de las visitas y a los documentos de viaje de todos ellos, habiendo llegado a planear incluso el asesinato o el secuestro del asilado".
La defensa de Assange argumentaba en un escrito del 17 de mayo, al que también tuvo acceso la prensa, que las declaraciones realizadas por Evanina apuntaban a la empresa UC Global como "una mercantil con sede social en España, y sobre la que nuestro país tiene jurisdicción", "como parte de la trama" descrita por el otrora jefe de la contrainteligencia estadounidense.
Por tal motivo, era fundamental, según ellos que Evanina y Pompeo debían ser citados a indagatoria por el juez en calidad de testigos porque "aunque por su presunta participación en los hechos, podría considerarse la cualidad de ser como investigados, ello no es posible al ser un posible delito cometido por un extranjero en país extranjero y carecer de jurisdicción".
De todas formas, recalcaban que "su testimonio es necesario para la instrucción de esta causa, y todo ello por haber quedado acreditado que son conocedores directos, y así lo han confesado públicamente, de los hechos que rodean al objeto de investigación" de la causa que se sigue su curso en la justicia española.
En consecuencia, la Audiencia Nacional investiga el supuesto espionaje de la empresa UC Global, comandada por el español David Morales (que se encuentra en libertad provisional). Dicha empresa habría facilitado material audiovisual sobre las actividades de Assange en la embajada ecuatoriana en Londres, al ser la encargada de la seguridad, en el periodo donde habrían ocurrido las maniobras de la inteligencia norteamericana. Ambos, Morales y UC Global están siendo investigados por delitos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones abogado-cliente, cohecho y blanqueo de capitales.
En resumidas cuentas, y según un informe del periódico ABC, Pompeo deberá testificar ante Pedráz en algún momento de este mes (con opción a realizar la comparecencia mediante video conferencia) para explicar si hubo o no un complot para secuestrar y matar a Assange.
La versión Yahoo de la historia
Yahoo News había denunciado, que en 2017 la CIA conspiró para secuestrar a Assange, y que algunos altos funcionarios discutieron matarlo y pidieron opciones para llevar a cabo el asesinato. Las investigaciones del tabloide en línea en 2021, se basaron en conversaciones con más de 30 exfuncionarios estadounidenses.
Según el medio, la CIA estaba furiosa con Assange por la publicaciones de WikiLeaks de 2017, de documentos que exponían el sistema de hackeo de la central de inteligencia, conocidas como Vault 7, y otras herramientas cibernéticas que fueron empleadas de manera secreta, y que habían sido denunciadas por Assange y sus colaboradores.
El testimonio de un exfuncionario de seguridad nacional de ese entonces a Yahoo News, sirvió para dar a conocer que Pompeo y otros altos funcionarios “estaban completamente separados de la realidad porque estaban tan avergonzados por Vault 7… ellos querían ver sangre”. La fuente dejó en claro que la CIA mensuró la exposición de Vault 7 como “la mayor pérdida de datos en la historia de la CIA”.
La cruzada de Pompeo y sus colaboradores, violó importantes restricciones legales, y puso en riesgo el trabajo del Departamento de Justicia para enjuiciar a Assange, arriesgando además al Reino Unido, expresó en ese momento el medio norteamericano en sus publicaciones al respecto.
Sin medias tintas, la última bomba del caso sitúa a Gran Bretaña en el ojo de la tormenta. El gobierno británico admitió que espió a la abogada australiana Jennifer Robinson, que participa del equipo jurídico del fundador de WikiLeaks, y compartió la información con Estados Unidos, reveló el jueves la profesional.
La letrada dijo que llegó a un acuerdo con las autoridades del Reino Unido después que las mismas reconocieran ante la Corte Europea de Derechos Humanos que fue vigilada durante el tiempo que Assange estuvo en la Embajada.
“El gobierno británico admitió ahora que violaron mis derechos al vigilarme y compartir información con Estados Unidos, y eso incluye la protección de material periodístico confidencial”, dijo Robinson, que en 2016 presentó la demanda ante el tribunal europeo.
Las pruebas contra el proceso de extradición vienen creciendo y van saliendo a flote, reforzando la hasta ahora ciega y machucada fe, de algunos defensores de la libertad del periodista australiano, que esperan con ansias un cambio de rumbo, de una política británica con cara de pocos amigos.
-------------------
Artículos relacionados:
*Malas noticias para Julian Assange
*Julian Assange podrá apelar su extradición
-------------------
*Foto de portada: democracynow.org