Refugiados rastrillados y "deportados"
 
Por Thierno Mbengue-15 de enero de 2022

En la noche del 9 al 10 de enero pasado, las fuerzas del orden de Libia irrumpieron violentamente en el acampe que realizaban los migrantes instalados frente a la sede de ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados) en Trípoli.

Las protestas, que terminaron a raíz de la intervención de las tropas días atrás, habían comenzado hace poco más de 3 meses, debido a la disminución de la asistencia y de la garantía de seguridad por parte de ACNUR, cuya tarea debería ser la de proteger y asistir a todos los solicitantes de asilo y refugiados que están en Libia.

Muchas de estas personas ya habían sido detenidas y registradas ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, tras la redada de las fuerzas del orden libias el pasado 1º de octubre en el barrio de Gargaresh. Según Amnistía Internacional, el allanamiento se produjo porque más de 4.000 personas habían decidido acampar frente al CDC (Community Day Center) de la agencia de la ONU, para pedir mayor seguridad y un refugio.

Desde entonces, los migrantes viven en las calles frente al CDC, ocasionalmente cubiertos por tiendas de campaña o refugios improvisados, como forma de protesta y pedido de ayuda a la Agencia de las Naciones Unidas.

"La situación se está convirtiendo en una masacre, se escuchan muchos disparos, las carpas están en llamas, y las mujeres hacen fila para otro centro de detención. @UnhcrLibya debería ser responsable de todo esto", dijo en Twitter la página "Refugees in Libya" perteneciente a una organización de jóvenes que viven en Libia y siguen de cerca la vida de los migrantes que buscan asilo y de los refugiados.

Es la misma organización que acusó a la Agencia de la ONU de no prestar ayuda e incluso de ir en contra de los intereses de los propios migrantes.

Según un documento también publicado en Twitter por los jóvenes, ACNUR se negó a brindar asistencia médica y albergue a los migrantes apostados frente al CDC.

"Nos amenazaron con cerrar definitivamente la oficina y dejar caer su bandera la que, según nos dijeron, era la única salvación para los manifestantes ya que una vez fuera del edificio seríamos atacados por las milicias", como luego sucedió en los primeros días de enero del 2022. Según afirma "Refugiados en Libia", la agencia de Naciones Unidas también usó sus milicias para atacar a los migrantes que se manifestaban pacíficamente.

Tras meses del "punto muerto" vivido por los migrantes en condiciones críticas y el retiro paulatino de la asistencia de ACNUR, todo terminó con el cierre de las oficinas. El infierno para los refugiados comenzó a desatarse en la noche del 9 al 10 de enero, en la que, como en los días de Auschwitz, las milicias libias comenzaron a acorralar los lugares donde se desarrollaban las manifestaciones y los campamentos improvisados ​​donde se refugiaban los migrantes, para llevar a los detenidos a centros de detención.

En este momento la dirección de la prisión de Ain Zara confirmó que cientos de personas fueron llevadas a ese centro de reclusión, pero aún no se conoce el número exacto. Lo cierto es que, como ya había ocurrido en los últimos meses, más de 4000 refugiados fueron arrestados y detenidos en campos de prisioneros. No se salvaron ni las mujeres embarazadas, ni los niños, ni siquiera los ancianos.

La petición de la ONU intentaba encontrar una solución para las personas acampadas y, al mismo tiempo, garantizar que no se violaran los derechos humanos. A pesar de lo solicitado, la propia asociación creada por la ONU para llevar a cabo la ayuda necesaria cortó sus actividades, dando así luz verde a las fuerzas especiales libias para que sigan haciendo uso de la violencia y la tortura que se viene produciendo, desde hace años, en toda Libia.

Violencias y torturas que son también el resultado del entrenamiento proporcionado por el contingente italiano previsto por los acuerdos en vigor entre Italia y Libia, y que fueron renovados por el gobierno de Draghi. Acuerdos que, además de aportar una financiación de alrededor de 10 millones de euros, tienen como objetivo último disminuir el número de inmigrantes que llegan a Italia. Todo ello sin un control real de los medios utilizados para perseguir este fin.

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*Extraído de ourvoice.it

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