Por Antimafia Dos Mil-19 de setiembre de 2021

Los abogados de los imputados por el crimen de lesa humanidad de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Withelaw, presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la ley interpretativa de la ley de Caducidad poniendo en riesgo la continuación del juicio.

El 21 de mayo de 1976 eran hallados sus cuerpos dentro de un vehículo en un barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Días antes, Zelmar y el Toba, quienes se encontraban en condición de exiliados políticos en la Argentina, son secuestrados de sus lugares de vivienda frente a sus familiares, durante dos allanamientos de las fuerzas de tareas que comandaba Aníbal Gordon en Buenos Aires. Lo llamativo de los operativos, fue que se realizaron en zonas céntricas, donde abundaban las residencias diplomáticas y los edificios institucionales. A Zelmar lo sustrajeron en el Hotel Liberty donde se hospedaba de manera cuasi permanente.

Rosario y William habían sido secuestrados el día 13 junto a sus hijos. Al momento de ser hallados los cadáveres, que los represores no intentaron ocultar, acompaño la escena una carta firmada por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), la guerrilla de origen rosarino y cordobés, en la que se explicaba que los legisladores habían sido ajusticiados por traidores, en el marco de una lucha de facciones dentro de las guerrillas. Sería con el tiempo considerada falsa y un intento de direccionar la investigación fuera de las responsabilidades estatales.

En octubre de 2020 Gabriela María Lucía Schroeder Barredo, María Victoria Micaela Whitelaw Barredo y Máximo Fernando Agustín Whitelaw Barredo, hijos de Rosario y William, presentaron una denuncia por su secuestro y privación ilegítima de la libertad, ocurrida en simultáneo con el de sus padres. Hasta el momento estos delitos, que eran parte del relato no habían sido adecuadamente judicializados. Los hijos, que en aquel presente tenían cuatro años, un años y dos meses respectivamente, fueron confinados en un Centro de Detención Clandestina en primera instancia, para luego ser liberados veinte días después en una comisaría de la provincia de Buenos Aires.

Según informó el portal 257, Ricardo Perciballe, titular de la fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, recuerda la necesidad que tiene el Uruguay de amoldarse a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Gelman, donde insta al Estado a investigar los crímenes cometidos por considerarlos de lesa humanidad.

En los últimos días de agosto el fiscal Perciballe había imputado a los militares Gilberto Vázquez, Ricardo Arab, Ricardo Medina, Ernesto Ramas y Jorge Silveira por estos crímenes. Además, los incluyó en las imputaciones por los crímenes cometidos contra Manuel Liberoff, Macarena Gelman y Mariana Zaffaroni. Ya en mayo se habían presentado los hijos de Michelini y Gutiérrez Ruiz para que se esclarezca quienes habían sido los autores materiales del crimen de sus padres. Todas las causas se aunaron en una, por considerar, el fiscal, que el contexto represivo era uno. Tanto Magdalena como Juan Pablo, hijos del Toba, reconocieron entre los represores que secuestraron a su padre, a Osvaldo Forese, alias Paqui y a Aníbal Gordon, quien fue condenado por múltiples crímenes de lesa humanidad, por ser el coordinador de las actividades que se desarrollaban en el Centro Clandestino Automotores Orletti, por donde transitaron muchos uruguayos perseguidos. Gordon era además parte de una banda internacional de secuestrados y narcotraficantes.

Al momento de detallar su pedido ante el tribunal, Perciballe, describió el contexto represivo de la época, detallando los distintos equipos de trabajo abocados a tareas de inteligencia dentro del Estado, que no se limitaban a realizar construcción de perfiles y seguimientos. Estos grupos de tareas realizaban secuestros e interrogatorios "intercalando con torturas para luego, en caso de sobrevivir, ser puestas a disposición de la justicia militar".

Describe particularmente las actividades del Servicio de Información de Defensa que operaba dentro y fuera de la frontera del país, en particular en la Argentina, donde intercambiaban información y detenidos de manera constante con los grupos de tareas locales.

Sobre el caso de la familia Barredo-Whitelaw, el fiscal recuerda que una semana antes de los secuestros, el domicilio de la familia había sido allanado y violentado. En el lugar, además de la violencia y los robos propios de la cultura represiva, habían quedado escritas sobre las paredes frases de amenazas como "zurdos cobardes den la cara que por más que la escondan los vamos a encontrar igual", o "10x1 no va a quedar ningún zurdo". que hacía alusión a la venganza que habían prometido los militares contra la guerrilla del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, por cada militar asesinado.

"Si se analiza en conjunto cada testimonio, cada documento relacionado, los oficiales que surgen mencionados y los centros clandestinos a los que fueron trasladados los sobrevivientes, se verá que todos refieren a los mismos organismos involucrados. Y a partir de éstos se puede conocer a los responsables, este análisis brinda el fiscal que también alerta sobre los archivos oficiales que si los hay se encuentran guardados a cal y canto".

Dentro del pedido la fiscalía reclama la extradición de Pedro Antonio Mato Narbondo, quien se halla en Brasil, y Manuel Juan Cordero Piacentini, quien está condenado en Argentina dentro de la causa Plan Cóndor y actualmente cumple sentencia.

Frente a todo esto, en el Uruguay, las causas Michelini-Gutiérrez Ruiz, literalmente se encuentran en sala de espera.

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*Foto de portada: subrayado.com

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