Envío de armas a Bolivia: avanza la investigación
Nuevos detalles sobre injerencia extranjera en el país trasandino
 
Por Andrés Volpe, desde Argentina-7 de agosto de 2021

El expresidente y su entorno desde la semana pasada empezaron a sentir todo el peso de la investigación. Y es precisamente porque a estas alturas, dejaron correr demasiada agua debajo del puente. Hubo reuniones, llamados y agitación de último momento. Macri estampó su firma en el escrito presentado que deja el asunto en manos del exfiscal Pablo Lanusse, que es quien diseña su estrategia defensiva en las causas sensibles que empezaron a explotar en este último año. La preocupación del profesional no surge precisamente ahora. Horas después de que se dio a conocer la carta de la Fuerza Aérea Boliviana que agradecía la recepción de 40 mil balas anti tumulto, Lanusse declaró en Twitter diciendo que se trataba de una “opereta” y calificó como un “absurdo” las denuncias de los gobiernos de Argentina y de Bolivia. Más allá de las idas y venidas, Lanusse ya afiló los cuchillos y tomó contacto con Julián Curi, el abogado de Patricia Bullrich.

En paralelo, de manera efusiva, el expresidente denuncia que es víctima de una persecución y sigue sumando abogados a su defensa. El viernes además de Lanusse se sumó al equipo la abogada Jimena Pisoni.

Las indagaciones de ambos lados de la frontera siguen su curso. Nuevos detalles sacan a la luz la operación de la administración macrista contra el país trasandino. El Ministerio de Defensa de Bolivia encontró la nota con la que la Fuerza Aérea dio ingreso informal a parte de las municiones que el gobierno cambiomacrista envió en noviembre de 2019 para apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales. El hallazgo de la documentación fue anunciado por el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, quien solicitó una reunión con el embajador argentino en La Paz, Ariel Basteiro.

Novillo explicó en una conferencia de prensa que brindó a finales de la semana pasada que se trata de un “acta de entrega y recepción de esos seis ítems de agradecimiento” y aclaró que fue hecha de manera irregular: “No lleva ni firma ni sello”. Sólo figura el nombre del suboficial que estuvo a cargo de su armado.

La documentación se suma a la que se halló en poder de la Policía de Bolivia, donde se encontraron 29.600 balas anti tumulto en un depósito cerca de La Paz. Después, se dio, con un tipo de recibo, confeccionado por unos mayores de la policía dándole ingreso a las balas y las granadas el mismo 13 de noviembre.

Mientras tanto en Buenos Aires avanza la causa y Macri intentó durante la semana pasada frenar, sin éxito, el sumario interno que está llevando adelante la Gendarmería. El juez Javier López Biscayart rechazó su reclamo en dos oportunidades.

Después de acalorados esfuerzos Mauricio Macri terminó imputado por contrabando agravado. El fiscal Claudio Navas Rial decidió impulsar una investigación penal en base a la denuncia que presentó el gobierno nacional y también se focalizó en el rol que desempeñaron la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, el exministro de Defensa Oscar Aguad, García el excomandante de la Gendarmería Gerardo Otero y el exembajador en La Paz, Normando Álvarez.

“Entiendo que, dentro del esquema esgrimido por los denunciantes, una maniobra hipotética como la que cabe investigar deberá haber contado con algún aval de concierto de quien ejercía entonces el cargo del presidente de la Nación y, de suyo, el de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Mauricio Macri”, declaró Navas Rial. De esa forma, el fiscal dejó en claro que entiende que la Gendarmería no pudo haber sacado las municiones en pleno golpe de Estado de un país limítrofe sin que existiera una autorización del presidente.

Patricia Bullrich fue imputada por haber autorizado la partida del primer contingente de gendarmes que llevó las municiones, según detalles de la carta de agradecimiento que se halló en la embajada. Por haber recibido dicha carta, el fiscal quiere que Álvarez García dé las explicaciones del caso. Lo mismo con Aguad, que puso a disposición de la Gendarmería un Hércules C-130 para llevar a los efectivos y el “cargamento”.

Capítulo aparte de esta historia tiene que ver con el rol de la Gendarmería, por eso la imputación a Otero junto con el exdirector de Logística Rubén Carlos Yavorski y el exdirector de Operaciones Carlos Miguel Recalde. La documentación hallada en esa fuerza sirvió para diferenciar el rol de ambos gendarmes, que fueron puestos a disponibilidad por la ministra de Seguridad Sabina Frederic mientras se confecciona el correspondiente sumario administrativo.

Navas Rial, por el momento, avaló la figura de contrabando agravado por la cantidad de personas que habrían participado de la movida, por su calidad de funcionarios públicos y porque se trata de material bélico el que salió hacia la nación plurinacional.

Trascendió en las últimas horas que El juez Biscayart declinó la competencia para investigar la denuncia del Gobierno por el envío de municiones. Biscayart, que instruyó el expediente durante la feria, consideró que debe ser su colega Alejandro Catania quien siga adelante con la investigación. Catania debe decidir si acepta la causa o si la lleva hacia la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico para que defina qué Juez seguirá a cargo del expediente.

La mano espía

Evo Morales denunció la participación de la CIA junto a los gobiernos derechistas de América latina en su derrocamiento: “La CIA contrató la Inteligencia argentina para el golpe de Estado”, afirmó Morales en una entrevista publicada por el diario Página/12 (18/7) y agregó sobre la injerencia externa del golpe a la intervención de la Unión Europea (UE) y “los presidentes de gobiernos de derecha sometidos al imperio”, desde el exmandatario Mauricio Macri de Argentina, Jair Bolsonaro de Brasil y Lenín Moreno de Ecuador.

Por su parte el Congreso Argentino comenzará a indagar qué rol jugó la inteligencia argentina en el golpe de Estado de Bolivia. Ahora, la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, que preside el diputado Leopoldo Moreau, quiere saber si agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y enviados de la Gendarmería contribuyeron a la desestabilización del gobierno de Morales.

Esta semana, la comisión se reunirá para abrir un nuevo sumario de investigación. La investigación quedará a cargo de una subcomisión, como la que en mayo del año pasado se dedicó a investigar el espionaje durante el gobierno de Macri.

Por el momento, la comisión que conduce Moreau está recolectando información. Le pedirá a la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, los legajos de los hombres de la Agencia que estuvieron en servicio en Bolivia. Los primeros datos arrojan que se trataría de dos agentes: uno que estaba destinado a La Paz y otro a Santa Cruz de la Sierra.

El nombre del agente que operando en La Paz habría tenido un estrecho contacto con la CIA, salió a la luz por una publicación de un portal llamado Behind Back Doors. Se trata de José Sánchez, quien pasó a retiro a principios de la intervención de Cristina Caamaño. Según la data que trascendió, Sánchez aportó perfiles ideológicos de diplomáticos a la inteligencia norteamericana apoyándose en otras agencias de inteligencia de la región para dicho fin. Un dato curioso es que Sánchez fue gendarme antes de trabajar para la ex SIDE. El otro agente mencionado, que operó en Bolivia, sigue aún en actividad.

Con respecto al vínculo entre la Gendarmería y los servicios, la comisión que preside Moreau le pedirá al Ministerio de Seguridad que informe si había agentes de inteligencia de esa fuerza apostados en Bolivia y a la AFI qué exgendarmes se incorporaron a sus filas. Además de Sánchez, se conoce un caso de un gendarme que saltó de la zona de influencia de Patricia Bullrich al corazón de la propia AFI: Jorge “el Potro” Domínguez fue el jefe de Inteligencia de la Gendarmería, fuerza en la que trabajó hasta el 2019 para sumarse a la Agencia. Allí fue directo al Departamento de Delitos Complejos, que operaba en el accionar de la dirección operacional de Contrainteligencia.

La coordinación regional

El gobierno de Bolivia viene denunciando que se está ante un nuevo Plan Cóndor, como fue el que se padeció ante la coordinación represiva de las “viejas” dictaduras del Cono Sur. Uno de los elementos que tiene la comisión de Inteligencia para desentrañar esta cuestión es el rol que pudo haber jugado la llamada Red de Inteligencia Sudamericana frente al Crimen Organizado y Terrorismo (RISCOT).

La red RISCOT se conformó justamente en el año 2019: “Por iniciativa mía y con una profunda colaboración del sistema brasileño”, afirmó Gustavo Arribas (amigo personal de Macri que estuvo a cargo de la Dirección de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Argentina desde el 10 de diciembre de 2015 al 10 de diciembre de 2019) ante el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé. Esta red está integrada por Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Argentina. Durante el último año de la gestión Arribas, la red tuvo (aparentemente) sus dos únicas reuniones: una que se hizo el 28 de agosto de 2019 en Río de Janeiro y otra que tuvo lugar entre el 17 y 18 de octubre de 2019 en Chile. La última reunión coincidió con las masivas movilizaciones sociales en Chile y fue menos de un mes antes del golpe de Bolivia.

En las actas de la red RISCOT no figura ningún informe sobre Bolivia, aunque nadie descarta que no haya estado en el temario del organismo, que, como pasó en los 70, también “cuenta con una red cifrada y secreta de comunicación para el intercambio de información en línea”, según se publicó en el diario chileno La Tercera.

Norteamericanas 2

¿Qué hacia Ivanka Trump y su “comitiva” en Jujuy, a 50 kilómetros de la frontera con Bolivia?

El 5 de setiembre de 2019 un avión estadounidense aterrizó en la provincia de Jujuy trayendo a bordo, a Ivanka Trump, hija del expresidente norteamericano (Ivanka permaneció menos de 24 horas en Jujuy; llegó el 4 a las 21 horas y se fue a la tarde del día siguiente), junto varios funcionarios: el Vicesecretario de Estado Adjunto John Sullivan, el Jefe Ejecutivo Interino de la Corporación Privada de Inversiones en el Extranjero (OPIC) David Bohigian, la Subsecretaria Interina de Asuntos del Hemisferio Occidental Julie Chung y el Administrador de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) Mark Green.

Llegaron a la pequeña localidad de Purmamarca. Faltaban exactamente 45 días para las elecciones en Bolivia. Según informaron los medios locales, la agenda de la comitiva norteamericana, tenía dos ejes: “empoderamiento de mujeres emprendedoras” y “cuestiones de defensa y narcotráfico”.

Es difícil explicar la sorpresiva visita de Ivanka Trump en el norte argentino, pero mucho más, la presencia del secretario de Estado Norteamericano Don Sullivan, pues su tarea tiene que ver mucho más con asuntos de altísima seguridad para EEUU. Sorpresivamente el Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que hasta hace poco no quería que los bolivianos se atendieran en los hospitales argentinos, súbitamente, le preocupó el fuego en el país vecino. Por lo tanto, envió un gigantesco avión Hércules del Ejército Argentino que vino desde Buenos Aires, exclusivamente “para relevar a doce (12) brigadistas jujeños que estaban en Santa Cruz”.

La pregunta es, ¿qué llevaron a Bolivia, o qué trajeron de Bolivia en ese avión gigantesco? Precisamente el día en que llegaban a Jujuy 2.500 agentes argentinos de todo el país, además de personal del servicio secreto norteamericano. No es para nada un delirio pensar que en ese avión hércules argentino, viajaban también militares norteamericanos, expertos en informática, armas, recursos, etc.

¿Qué sucedió exactamente el mismo día de la reunión en San Salvador de Jujuy? Una decena de camiones militares con efectivos y cargamento de distinto tenor viajó desde Argentina hasta Santa Cruz de la Sierra con la presunta intención de brindar ayuda ante los incendios que afectaron a la Amazonia. Según documentos oficiales de las Fuerzas Armadas, el gobierno de Macri envió a Bolivia en esa oportunidad "más de 200 efectivos militares, camiones tipo cisterna, de transporte, frigoríficos, logísticos, volcadores, ómnibus, camionetas, plantas potabilizadoras de agua, máquinas retro excavadoras, entre otros insumos". Santa Cruz de la Sierra, precisamente, fue una de las tres ciudades de Bolivia donde luego se levantaron los amotinamientos militares que derivaron en el golpe de Estado.

En torno a lo anunciado, la Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero (OPIC) que visitó Jujuy, destinaría 400 millones de dólares en "mejorar la transitabilidad" del corredor vial “C”. Y acá es necesario destacar que dicha arteria “C” está integrada por las Rutas Nacionales 7 y 33, que conectan las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. La pregunta sería por qué se cerró este acuerdo en Jujuy sin la presencia de los mandatarios provinciales a los que beneficiaría la "altruista donación" de EEUU.

Lucila Gallino, conocida periodista argentina sostuvo que: “Gerardo Morales viajó en un avión hércules a Santa Cruz, a entregarle financiamiento al golpista Fernando Camacho”.

Gallino enfatizó el hecho de que “el 4 de septiembre, la hija y asesora presidencial de Donald Trump, estuvo reunida y almorzando en privado con Gerardo Morales, con el embajador de EEUU en Argentina de por medio. La formalidad fue entregar US$ 400 millones para construir un puente y pavimentos a nuestro ministro de transporte. Ese dinero no se sabía dónde fue a parar. Pero anoche tuve una conversación con nuestra colega e investigadora Alicia Bruzzone y me contaba que hubo una reunión en el sindicato de farmacéuticos también muy privada en donde la niña princesa Ivanka Trump le dio no solamente dinero -se habla de que hubo financiamiento por parte del gobierno de Macri a Bolivia; directamente Gerardo Morales fue a Santa Cruz en un avión a entregarle financiamiento al golpista Luis Camacho- Y acá también estamos hablando de que hubo entrega de armas”.

El 4 de noviembre de 2019 Luis Camacho se reunió con algunos embajadores, en Santa Cruz de la Sierra. Les informó del golpe de Estado en marcha y pidió que le otorgaran asilo político si fracasaba.

Camacho, opositor a Evo Morales, es conocido en Santa Cruz como empresario, hoy gobernador de ese departamento. Es un abogado de 40 años, con posgrado en Barcelona, que proviene de una de las familias económicamente más poderosas de la región más rica del país, con inversiones en negocios de seguros, sistema financiero e hidrocarburos. La elite a la que pertenece hoy representa el 5% de la población.

El papel de gobernador jujeño y sus amigos foráneos fue denunciado también por la diputada nacional boliviana del MAS Alicia Canqui Condori asegurando a Radio Caput, que la reunión entre la hija de Donald Trump y el gobernador Gerardo Morales fue "para planificar todo este plan que han hecho en Bolivia. Desde el MAS sabemos que en Jujuy se ha reunido la hija de Donald Trump para planificar todo este plan que han hecho en Bolivia. Sabemos que los que han asumido ahora son títeres de Estados Unidos, que son los que van a mandar y han puesto todo”.

Hay dos datos curiosos con respecto a la llegada de Ivanka Trump que vale también destacar: no hay registros oficiales de los materiales trasladados en cada viaje, del pedido de autorización, al Congreso de la Nación para el arribo del avión que la trasladaba, del personal militar incluído, del armamento y equipamiento arribado para asegurar su custodia y la de los funcionarios que venían con ella.

Y otra cuestión, para nada menor, es que el supuesto apoyo que Ivanka vino a brindar a las acciones de una ONG llamada Pro-Mujer, cuenta con financiamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID.

La USAID, como sabemos tiene una larga historia en la región. Creada en 1961 en el marco del Plan Marshall, como programa de “asistencia y fortalecimiento” para diversas áreas del globo terráqueo, es una herramienta que depende del Departamento de Estado. Los líderes progresistas latinoamericanos la denunciaron en diversas ocasiones como pantalla de la CIA para proyectos de desestabilización. Lo hicieron Hugo Chávez, Rafael Correa y en 2013 Evo Morales. El residente de Bolivia echó a sus representantes y acusó a la USAID de interferir en los asuntos internos.

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Foto de portada: pagina12.com

 

Foto 2: comunicadordeloeste.com

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