Jueves 28 Marzo 2024
“La noche del apagón”
 
Por Alejandro Díaz-2 de agosto de 2021

A 45 años de “La noche del apagón”, sobrevivientes, familiares, activistas y especialistas en derechos humanos compartieron experiencias y reflexiones en un conversatorio virtual.

400 secuestros y 33 desaparecidos. Esta es la frívola y sintética estadística que sobreviene a partir de “La noche del apagón”, uno de los hechos más trágicos de la historia de la provincia de Jujuy, al norte de la Argentina.

Una larga noche que se extendió entre el 20 y el 27 de julio de 1976, donde sistemáticamente, y bajo el amparo de programados cortes de energía, fuerzas de tareas conjuntas integradas por miembros de la policía de la provincia de Jujuy, la Policía Federal, el Ejército y la Gendarmería Nacional realizaron allanamientos ilegales en las localidades de Libertador General San Martín y Calilegua, procediendo al secuestro de más de 400 personas, que fueron transportadas en vehículos propiedad del ingenio azucarero Ledesma; muchos fueron detenidos en los galpones de la misma empresa. Obreros, educadores, estudiantes, activistas y sindicalistas fueron identificados en listas negras confeccionadas por los directivos de la empresa, como consta en la denuncia de la causa.

A 45 años de este crimen, bajo investigación perpetua, ya que la causa no puede prescribir a pesar de un sistema judicial obtuso, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, coordinada por Horacio Pietragalla, organizó un conversatorio donde se compartieron las experiencias de los sobrevivientes, encuadradas por distintas exposiciones y presentaciones que permitieron al público, en especial a los jóvenes, visibilizar el contexto histórico y político de la época, la situación cuasi feudal en la que sobrevivían los pobladores ligados directa o indirectamente al ingenio azucarero y por sobre todas las cosas el poder condicionante que los directivos y propietarios de la empresa, entre ellos los miembros de la familia Blaquier, imponían sobre la población y sobre las instituciones.

Muchos de los sobrevivientes tardaron años en poder brindar su testimonio, algunos por temor, por vergüenza, por impedimentos naturales y propios de quienes ven su intimidad violentada, otros simplemente porque no tenían un espacio adecuado para realizarlo, las instituciones y la propia sociedad tardaron años en construir espacios y mecanismo capaces de recolectar uno por uno los detalles de las historias que partieron la historia.

Los secuestros y las torturas fueron sistematizados, y además, un burdo intento, no solo de desconcentrar un proyecto social y político sino, fundamentalmente, una forma de condicionar históricamente el futuro.

“Venían a romper, a tirar, sobre todo las bibliotecas, arrancaban hojas de libros, vaciaban placares, daban vuelta colchones. ¿A qué venían? A sembrar terror, lo que sabían”. Estas fueron algunas de las imágenes que relató Silvana Castro, quien tenía 16 años al momento de su secuestro. Fue una de las tantas personas llevadas a la Comisaría 9na. de San Pedro. Ella recordó la experiencia de su padre, que se presentó en aquel momento ante Alberto Lemos, el administrador del ingenio que comparte la acusación de haber cometido crímenes de lesa humanidad junto a Pedro Blaquier. Lemos frente a su padre, “levantó el teléfono y dijo ‘Silvana Castro, acá tengo al padre, él se hace responsable’. Días después le avisaron a mi papá que me dejaban en la Iglesia de San Pedro”.

Tal era el peso de los directivos de la compañía Ledesma sobre los escuadrones de la muerte. Tal era la influencia que, como mafiosos, intermediaban entre los damnificados y los representantes del Estado. Tal era, y es, el dominio sobre el territorio, que bajo su poder se encontraba la vida y muerte de las personas. Tal era, y es, la ruptura cultural y la imposición de un orden social mafioso sobre la comunidad, que su padre murió agradecido con Lemos por la gestión que le había “devuelto” a su hija.

Del conversatorio también participó Ana González, docente de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, quien reflexionó sobre los procesos históricos en la región: “La impunidad de ayer está estrechamente relacionada con las nuevas formas de impunidad de los poderosos de hoy. Los ingenios azucareros de Salta, Jujuy, Tucumán y Chaco se construyeron sobre el despojo de los territorios indígenas”. Este modelo social se impuso de manera violenta instigada desde sectores de poder: “Si se mantiene la impunidad de los poderosos es muy difícil construir la paz, la democracia, la justicia y la igualdad”.

La violencia sistematizada es una consecuencia de la constante resistencia de los pueblos, que generación tras generación intentan consolidarse a partir de asambleas o de espacios comunes desde donde se catapultan los referentes y líderes que son, en las generalidades, los primeros perseguidos.

Conversaciones argentinas tras 45 años de impunidad 2

Como el caso de Luis Arédez, quien, siendo intendente en funciones de Libertador General San Martín, fue secuestrado la misma noche del golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976. Durante su gestión exigió a Ledesma el pago de los impuestos adeudados durante lustros, y pretendía recuperar tierras ocupadas por la empresa. Luego de secuestrado, fue trasladado a La Plata donde permaneció por un año. Sin amedrentarse, al ser liberado volvió al pueblo a continuar su resistencia, y el 13 de mayo 1977 volvió a ser secuestrado y desde entonces permanece desaparecido. Su compañera, Olga del Valle Márquez, se convirtió en una de las figuras más emblemáticas de las marchas de las Madres Jujeñas. Pese a que Olga falleció hace algunos años, se sumó al evento a partir de un video, donde identificó las responsabilidades empresariales: “Ledesma mata porque creció sobre el trabajo servil de los indígenas. Ledesma mata porque fue socio de todas las dictaduras. Ledesma mata porque no toleró los justos reclamos de les trabajadores de ayer y de hoy”.

“El reclamo en la calle, las marchas históricas, pusieron en evidencia la inacción y el desinterés del juez”, así se expresó Paloma Álvarez Carreras, directora del cuerpo de abogados en procesos de verdad y justicia de la Secretaría de Derechos Humanos.

La sociedad lleva sobre su piel las heridas de esta violencia sistematizada. La memoria se refleja en la mirada de cientos que padecen en una ininterrumpida cadena de vejaciones, despojos y reducción a la esclavitud. Aquello que los pueblos saben y condenan, las instituciones deben hacerse eco, abandonando toda excusa, porque la impunidad se sostiene en el poder, y el poder puede y debe ser atacado desde distintos frentes. No solo a los jueces les compete construir justicia. Porque debajo de esta megacausa por crímenes de lesa humanidad se esconden cientos, sino miles, de otros crímenes y delitos de tipo administrativo y fiscal que tampoco son investigados, fiscalizados y mucho menos condenados.

La impunidad se sostiene cuando el Estado en su conjunto por acción u omisión cómplice, lo permite.

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*Foto de portada: laizquierdadiario.com

*Foto 2: Revista Historia para todos Wordpress