El proyecto de reforma para la justicia que la ministra Marta Cartabia y el primer ministro Mario Draghi propondrían al parlamento en los próximos días, parece mirar más al pasado que al futuro, sobre todo al pedir confianza en el gobierno.
Basta releer las páginas de aquel "proceso breve" tan soñado por el ex presidente del Consejo Silvio Berlusconi (el fundador de Forza Italia que, como dicen las sentencias, le pagaba a la mafia) y por su abogado Niccolò Ghedini en el 2009, junto con los responsables del área justicia de los partidos mayoritarios, Matteo Brigandì (Liga) y Giulia Bongiorno (AN).
Quien señaló hoy el paralelismo fue el consejero togado del Consejo Superior de la Magistratura (CSM), Nino Di Matteo, en una entrevista con Il Fatto Quotidiano. La reforma, de hecho, "recuerda por obvias analogías la llamada reforma del proceso breve del último gobierno de Berlusconi, que representó un peligro para la fortaleza del sistema democrático".
Para el magistrado las similitudes son evidentes, sobre todo por el "mecanismo de no proceder" que "hará que muchos juicios se esfumen y equivaldrá a una denegación de justicia. No solo para las víctimas, sino también para los imputados que son inocentes y tienen derecho a una sentencia de mérito". Y no solo eso. Para Di Matteo "el mecanismo de no proceder constituye no solo un grave retroceso en el funcionamiento del sistema de justicia en general, sino que corre el riesgo de representar un nuevo retroceso en la confianza que los ciudadanos le deben tener a la justicia. Cuando casi cualquier juicio se acabe sin un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, va a aumentar la desconfianza de los ciudadanos hacia el Estado. Al mismo tiempo, aumentará el prestigio criminal de quienes han cometido delitos, porque quedarán impunes".
Para Di Matteo, de hecho, "es fácil prever que incluso el delincuente confeso recurrirá al recurso de apelación y a la Casación con la esperanza de que el paso del tiempo provoque la caída del proceso. La duración razonable de los juicios es del interés de todos, pero habría otras soluciones compatibles con el mantenimiento del Estado de derecho". Y esta reforma, si se aprueba, "producirá una mayor multiplicación de las apelaciones" en lugar de reducirlos como habrían previsto sus signatarios. "Necesitamos una reforma seria de la apelación -subrayó Di Matteo- que desaliente los recursos instrumentales, con la abolición de la prohibición de la 'reformatio in peius'. Hoy el imputado condenado apela porque su recurso, aunque infundado, no lo expone nunca al riesgo de una sentencia más severa".
El diario La Repubblica, cuando estaba dirigido por Ezio Mauro, había definido a la reforma del gobierno de Berlusconi como una "ley salva-premier", pero hoy los riesgos son mayores porque "existe el peligro de que se incremente el prestigio de las organizaciones mafiosas", dijo el magistrado, ya que "los jefes siempre fueron capaces de celebrar sus juicios y emitir sus sentencias, mientras que el Estado solo podría demostrar su impotencia".
En los últimos días, la Guardasellos, Marta Cartabia, dijo que el 'no proceder' no se aplicará a los delitos mafiosos y terroristas, porque a menudo son castigados con cadena perpetua.
Sin embargo, para Di Matteo estas declaraciones no encuentran "respaldo en la legislación vigente" porque "muchos juicios de la mafia se refieren a hechos gravísimos que no son punibles con cadena perpetua: basta recordar los relacionados con la extorsión, el narcotráfico, o los tantos que refieren únicamente al delito de asociación mafiosa o del concurso externo de políticos y hombres de las instituciones".
Ayer, nuevamente en el tema del 'no proceder', el ex primer ministro Giuseppe Conte logró obtener una apertura a sus solicitudes por parte del primer ministro Mario Draghi y de la ministra de Justicia: ningún supuesto de 'no proceder' en las sentencias por delitos de la mafia y del terrorismo. Por tanto, el mecanismo de la "trampa" que deja morir a los juicios si no terminan en dos años en la apelación y uno en la Casación, no se aplicaría a este tipo de delitos.
Esto, dijo Di Matteo, "sería un primer paso porque se salvarían al menos muchos juicios por delitos mafiosos, que hoy están destinados a esfumarse materialmente. Mi juicio sobre todo el sistema de la reforma, sin embargo, sigue siendo preocupante" porque "el 'no proceder' seguiría afectando a muchos otros juicios por delitos graves, incluidos los contra la administración pública, típicos en los delitos de cuello blanco. Esos seguirían corriendo el riesgo de esfumarse".
Otro peligro señalado por el magistrado, quizás el mayor de los contenidos en la reforma, es la posibilidad de que el Parlamento señale los criterios generales a seguir para seleccionar la prioridad de las denuncias de delitos. ¿Por qué? "Porque la aprobación de esta parte de la ley empezaría a abrir una brecha, limitada pero fácilmente ampliable, a la posibilidad de que la política decida la agenda de los fiscales. Esto, además de contrastar con los principios fundamentales de la Carta Magna, marcaría un paso hacia el sometimiento sustancial de los fiscales al poder político", concluyó Di Matteo.
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*Foto de portada: © ACFB