"El 23 de mayo de 1992 parecía que la esperanza de hombres honestos se había hundido para siempre. Las imágenes desoladoras del enorme cráter, del Croma arrojado a más de 60 metros de la horrenda explosión, con los cadáveres destrozados de Rocco Di Cillo, Vito Schifani y Antonio Montinaro en su interior, esa enorme y rota muchedumbre que se abalanzaba sobre la zona abierta a todos para ir a rendir homenaje a las víctimas o simplemente para curiosear, esa gente que vendía bocadillos y bienes diversos cerca del lugar del crimen, la rápida restauración de la calzada en el lugar donde se había producido la explosión ante la inminente llegada de la Reina de Inglaterra, que inducía a hacer todo con rapidez, me parecía el espejo en el que se reflejaba la imagen de un Estado ausente y distraído, que por muchos años había tolerado, o tal vez favorecido, la propagación del crimen organizado".
Estas fueron las palabras con las que Tescaroli describió la trágica masacre de Capaci. Por ello, muchos ciudadanos, incluido el propio magistrado, ya no se consideran habitantes de un país democrático.
"El orgullo herido de un ciudadano me llevó a ir, sin embargo, a Sicilia y a la provincia nissena, donde la oscuridad de la muerte había invadido cada rincón, para prestar mi contribución a la restauración de la legalidad, tan severamente denigrada -escribe Tescaroli- en en medio de la ira, el terror y el desconcierto, pocos imaginaban que se podría hacer justicia con el tiempo, en un país donde las masacres casi siempre fueron un misterio". De hecho, durante su permanencia en la Fiscalía de Caltanissetta, Tescaroli estuvo a cargo de las investigaciones, las audiencias preliminares y otros actos de los procesos por las masacres de Addaura y Capaci y, posteriormente, tramitó el recurso de apelación en el juicio de Capaci. Sin embargo, según informó el propio magistrado "después de treinta y dos años, ya no hay más tiempo para la verdad judicial̀ porque el delito de masacre ha prescrito. Ya no será posible conocer los rostros de esas mentes refinadísimas que tuvieron un interés convergente en el diseño del atentado ni el de los perpetradores adicionales vislumbrados, para deshacer los nudos no resueltos que giran en torno a él".
Sin embargo, los juicios que resultaron de la acción del Estado infligieron grandes pérdidas a Cosa Nostra, "la organización Cosa Nostra -escribe el magistrado florentino- fue doblegada y desarmada, reduciendo enormemente su poder, especialmente a finales de los noventa, como un gigante con los pies de arcilla. La organización ciertamente se ha hecho menos peligrosa de lo que había sido de 1989 a 1994, privándola del terrorífico poder criminal militar, utilizado con fines de terrorismo y subversión del orden democrático. Todavía quedan algunos puntos oscuros sobre la masacre y ciertamente no se puede sostener que Cosa Nostra haya sido derrotada". Además, el magistrado relató una audiencia celebrada en la sala búnker de Caltanissetta con el entonces condenado como autor material de la masacre de Capaci, Giovanni Brusca, subrayando que el control remoto había sido proporcionado por el conocido extremista de derecha Pietro Rampulla y que "el resultado del análisis de los contactos telefónicos durante la franja horaria caracterizada por el atentado reveló un conversación a las 17.49 del 23 de mayo de 1992, de 325 segundos y cercana a la explosión, que se produjo a las 17.56.48, según lo establecido por el Instituto Nacional de Geofísica de la estación Monte Cammarata. Un diálogo entre el número telefónico de Gioacchino La Barbera, mientras seguía, a bordo del Delta Integrale, por la carretera paralela a la autopista, el desfile de autos en el que viajaba Giovanni Falcone, y el de Mario Santo Di Matteo, usado en ese momento por Antonino Gioè, que estaba junto a Giovanni Brusca en el cerro que domina el tramo de la autopista, en los momentos inmediatamente anteriores a la activación del control remoto. El impulso investigativo que permitió reconstruir la fase preparatoria y ejecutiva de la masacre, ocurrida cerca del cruce de la autopista a Capaci, fue proporcionado por Giuseppe Marchese, en septiembre de 1992, al día siguiente del inicio de su colaboración. Nos dijo que prestemos atención a Gioacchino La Barbera, Antonino Gioè y un tal Santino Mezzanasca para identificar a los responsables. La consiguiente actividad investigadora descubrió que La Barbera y Gioè vivían escondidos en Palermo, en un departamento de via Ughetti nº 17, y permitió identificar en Mezzanasca a Mario Santo di Matteo. La revisión, en mayo de 1993, de las escuchas interceptadas, permitió comprender que desde las 0:40 a las 1:55 del 9 de marzo de 1992, La Barbera se dirigió a Gioè diciéndole que indicara un lugar determinado para realizar el atentado. Estos hallazgos han dado lugar a pruebas contundentes y pesadas como rocas, adecuadas para resistir los intentos pasados y presentes de desviar las investigaciones, en una parte significativa que consiste en las confesiones severamente verificadas de ocho hombres de honor que participaron en el crimen. Mario Santo Di Matteo, Salvatore Cancemi y Gioacchino La Barbera comenzaron a colaborar entre el 24 de octubre de 1993 y diciembre de 1993; Calogero Ganci, Giovanbattista Ferrante, Antonino Galliano y Giovanni Brusca entre el 7 de junio y julio de 1996, durante el primer juicio de primera instancia grado; Antonino Giuffrè en 2002. Sus declaraciones -junto con el aporte de otros colaboradores (entre ellos, Francesco Paolo Anzelmo, Francesco Di Carlo, Filippo Malvagna, Leonardo Messina, Vincenzo Sinacori, Francesco Geraci, Ciro Vara)- y la formidable prueba adquirida, han hecho posible reconstruir en detalle la fase preparatoria, ejecutiva y conceptual de la masacre (que contó con la participación de los miembros de los más altos órganos de dirección de Cosa Nostra: la Comisión Provincial y la Regional) y llegar a la sentencia con la condena definitiva seguida de un doble veredicto de la Corte de Casación del 31 de mayo del 2002 y del 18 de septiembre del 2008, de 37 mafiosos de alto rango (otros tres acusados, incluido Antonino Gioè, murieron antes de la sentencia de primera instancia). Tal y como se suponía desde las primeras investigaciones, los asesinos se mantuvieron en contacto gracias a los teléfonos móviles, que no habían sido clonados y que permitieron la radiografía de todas sus llamadas".
Además, "se reconstruyeron en detalle las actividades planificadas e implementadas para el control de los movimientos del automóvil suministrado al Dr. Falcone en Palermo, así como la búsqueda del punto más adecuado para colocar la carga y el punto relativo idóneo para el lanzamiento de la señal de activación; los métodos para adquirir el explosivo, el embalaje de la carga y los métodos para colocarlo en el túnel debajo de la autopista; los aspectos relacionados con la obtención de materiales (incluidos los explosivos necesarios); las reiteradas pruebas realizadas en el tramo de la autovía afectado por el atentado y las finalidades relacionadas (probar el mando a distancia en obra, establecer el avance de la señal de lanzamiento desde el lugar de la parada, identificar el punto de paso de la procesión desde el cual operar, y la prueba de las comunicaciones entre los miembros del comando); el peso y el cebado de la carga, insertándola en el contenedor más grande que contenía unos 50 kg del explosivo harinoso tipo TNT, colocado en el centro de la carga, donde fueron incrustados dos detonadores eléctricos, uno al lado del otro. Y, nuevamente, la dinámica de la conducta el día del crimen. Calogero Gangi, desde la carnicería de Palermo donde trabajaba, llamó a su hermano Domenico y le informó que había visto pasar el coche de Falcone a toda velocidad; Domenico Gangi puso en marcha el mecanismo de comunicación, alertando a Giovanbattista Ferrante, apostado en la zona del aeropuerto de Palermo, y a los miembros del grupo militar que se encontraban en Capaci, de que el coche utilizado por el magistrado había tomado la autopista, para dirigirse hacia el aeropuerto. Tras la confesión de Gaspare Spatuzza y, posteriormente, de Cosimo d’Amato, otros miembros de la organización fueron identificados y condenados por haber suministrado, previa elaboración, parte del explosivo utilizado: TNT de bombas de guerra”.
Se descubrió que Falcone fue asesinado por tres razones. El sentimiento de venganza que animaba a los jefes de Cosa Nostra por lo que había hecho: en Palermo como juez de instrucción, contribuyó sobre todo a instruir el Maxi Proceso (que dio lugar a condenas definitivas y al reconocimiento, por primera vez, de la existencia de Cosa Nostra y sus reglas de funcionamiento); en Roma, como director General de Asuntos Penales, a partir de febrero de 1991, por las actividades legislativas y administrativas realizadas. Entre otras cosas, cabe mencionar las medidas de disolución de los Consejos Municipales y Provinciales y órganos de otras autoridades locales, como consecuencia de las infiltraciones mafiosas; el establecimiento de la Dirección de Investigaciones Antimafia (DIA) y de la Dirección Nacional Antimafia (DNA), el fondo de apoyo a las víctimas de extorsión; las reglas sobre la inelegibilidad de los condenados; las limitaciones en el uso de efectivo y valores al portador; el decreto legislativo del 13 de mayo de 1991, nº 152, convertido, con modificaciones, en la ley de 12 de julio de 1991, nº 203, que preveía límites a la posibilidad de que los condenados por delitos mafiosos tuvieran libertad condicional, la introducción del agravante con efecto especial para los delitos mafiosos y la atenuación especial para quienes colaboren con la justicia, un régimen especial que facilite realizar escuchas; y una medida legislativa que impedía la liberación de los imputados del maxi proceso por haber expirado los términos de la prisión preventiva.
“También hubo una razón de carácter preventivo: la preocupación por la actividad que podría haber realizado Falcone, especialmente en el sector de la gestión de adquisiciones ilícitas, tanto más si se hubiera convertido en fiscal Nacional Antimafia. Las declaraciones de Falcone "la mafia había entrado a la Bolsa" provocaron temores de que Falcone hubiera entendido que Cosa Nostra estaba realmente detrás de la cotización del grupo Ferruzzi en la Bolsa de Valores”.
“La tercera razón se comprende si a la masacre se la considera como formando parte de un proyecto terrorista subversivo más amplio, concebido en el otoño de 1991 y resumido en las palabras de Salvatore Riina: 'hay que hacer la guerra antes de hacer la paz', según informó Filippo Malvagna, lo cual es un razonamiento político. Tras el desastroso desenlace del Maxi Proceso, que resultó en la sentencia de la Corte de Casación del 30 de enero de 1992, y el consecuente fracaso de los intentos de influir en el desenlace, Cosa Nostra decidió a los enemigos acérrimos y a los referentes políticos institucionales tradicionales. Con el chantaje al son de las bombas, llevado a cabo con ocho masacres (dos en Sicilia y seis en el continente) y múltiples asesinatos que llevaron al entonces primer ministro, Carlo Azeglio Ciampi, a decir que 'temía un golpe de Estado'".
Las consecuencias y las sombras de la masacre de Capaci
Si se analizan los hechos posteriores a la masacre de Capaci, inmediatamente podemos notar un rápido cambio en el panorama político. De hecho, la ola emotiva de indignación detiene la carrera de Giulio Andreotti al Quirinal, y en su lugar es elegido presidente de la República Oscar Luigi Scalfaro.
Al respecto, el magistrado dice: "Giovanni Brusca informó que, mientras avanzaba la fase preparatoria de la masacre de Capaci, Riina había expresado la esperanza de que el ataque a Falcone se llevara a cabo antes del nombramiento del presidente de la República, porque de esta manera se hubiera evitado la elección del Hon. Andreotti para ese cargo. Es un hecho que, cuando la mano asesina de Brusca hizo explotar la carga, durante doce días hubo una gran incertidumbre por parte de las fuerzas políticas, que no encontraban un candidato para la Presidencia de la República sobre el que hubiera consenso, aunque de fondo siempre fue vital la imagen de una candidatura fuerte como la de Giulio Andreotti. El presidente de la Cámara, Oscar Luigi Scalfaro, dos días después, en la votación número dieciséis, fue elegido presidente de la República con 672 votos, superando así el atasco producido por el fracaso de los candidatos de Forlani, Conso y Vassalli”.
“En otras palabras, si la situación del 16 de marzo de 1978 había allanado el camino a la confianza en el cuarto gobierno de Andreotti, la masacre, por el contrario, sacó a este último del sillón de presidente de la República, superando, por decirlo en palabras de Brusca, los 'pequeños juegos' emprendidos tras la dimisión de Cossiga el 25 de abril".
Pero también hay otras preguntas señaladas por el magistrado, por ejemplo, "¿por qué Paolo Bellini -pregunta Tescaroli- se reunió con el autor de la masacre de Capaci Antonino Gioè y por qué le inculcó la idea de atentar contra la Torre de Pisa?".
De hecho, entre Paolo Bellini y Antonino Gioè se había establecido un diálogo que tenía como objeto "la recuperación de cuadros robados de considerable valor, a cambio de beneficios para los presos que pertenecían a la élite de Cosa Nostra, en el marco de reflexiones relativas a la culminación de los ataques al patrimonio artístico del país, incluida, en forma siempre recurrente, la Torre de Pisa. Esos proyectos fueron transmitidos a representantes del Estado. Según el relato de Giovanni Brusca, fue Bellini quien puso el Patrimonio Artístico Nacional bajo la mirada de la mafia, para luego discutir con ellos las consecuencias de posibles ataques. El colaborador señaló que había hablado de las sugerencias de Bellini con Leoluca Bagarella y que siempre había mantenido informado a Riina, subrayando que elaboraron la idea inculcada por Bellini. En el aspecto institucional, se desprende que, inicialmente, Bellini se ocupó del comisario de policía del Departamento de Protección del Patrimonio Artístico, Roberto Tempesta y, posteriormente, con el general Mario Mori", dice Tescaroli.
Otros elementos a destacar son "los motivos y métodos de la muerte de Antonino Gioè el 29 de julio de 1993, tras los atentados en las ciudades de Roma y Milán del 27 al 28 de julio de 1993" así como "los encuentros de Francis Di Carlo con exponentes de los servicios secretos en la prisión de Full Sutton, con la intención de eliminar a Falcone, y la posible interrelación de los mismos con la masacre. Conversaciones durante las cuales Di Carlo señaló a Gioè como un sujeto adecuado para el propósito, quien luego se involucrará en la masacre". Y luego nuevamente "el descubrimiento de un guante de látex, en el área del atentado de Capaci (que en realidad cae dentro del territorio del municipio de Isola delle Femmine), con una impronta genética que podría referirse a una mujer. Nótese que Gioacchino La Barbera subrayó el uso por parte de los miembros del comando de guantes de cirujano de látex en las operaciones de carga, del mismo tipo que las encontradas durante la inspección. De manera más general, no se ha comprobado con certeza por qué el 23 de enero de 1994 cesó la campaña de masacres, después del fallido ataque en el Estadio Olímpico de Roma”.
“Después de 29 años de las masacres de Capaci y vía Mariano D'Amelio (y 32 del atentado de Addaura) sí podemos creer que hemos constatado, con pleno respeto a las garantías de los acusados condenados, una parte verdaderamente significativa de la verdad en torno a esos crímenes, sin descuidar el compromiso de continuar en la búsqueda total de la misma, lo que representa no solo una obligación legal. Es, de hecho, un homenaje a la vida democrática, a la memoria de las víctimas, al dolor de sus seres queridos y a los sobrevivientes. Es la conciencia crítica y moral de la sociedad civil la que impone este deber. Sin la verdad completa no hay justicia. Es importante no olvidar nunca lo que sucedió, pues se han constatado muchas responsabilidades penales y mantener un compromiso constante con el conflicto, mientras Cosa Nostra y las demás estructuras mafiosas sigan existiendo, para no vernos obligados a revivir ese trágico pasado".
El fallido ataque a Addaura
Muy a menudo el inicio de la temporada de masacres se sitúa el 23 de mayo de 1992, día de la masacre de Capaci en la que los jueces Giovanni Falcone y Francesca Morvillo perdieron la vida junto a los tres hombres de su escolta Vito Schifani, Rocco Dicillo y Antonio Montinaro, pero es posible hacer retroceder la línea temporal hasta el 20 de junio de 1989, día en el que se llevó a cabo lo que se recuerda como el fallido atentado a Addaura, que el fiscal adjunto Luca Tescaroli trata a fondo.
"A las 11 de la mañana del 9 de julio de 1996 me encontraba en mi despacho de Caltanissetta y recibí una llamada telefónica del abogado Alessandro Bonsignore, quien me informó que su cliente Giovan Battista Ferrante, un hombre de honor de San Lorenzo, deseaba urgentemente ser escuchado por mí, pero que luego ya no podría hacerse cargo de su defensa. Por la tarde fui a Palermo y comencé el interrogatorio. Ferrante admitió su participación en la masacre de Capaci, expresando su intención de desvincularse de Cosa Nostra. Unos días después comenzó a colaborar plenamente y, el 15 de julio, abrió una ventana a la verdad̀ de uno de los episodios de masacres más misteriosos e inquietantes, del que partió todo: el fallido atentado de Addaura, en Mondello, que se debería haber sido realizado el 20 de junio de 1989, contra el juez Giovanni Falcone y los miembros de la delegación suiza (el juez de instrucción Claudio Lehmann y la fiscal Carla Del Ponte y el comisario de policía Clemente Gioia) en esos días presente en Palermo para el cumplimiento de una carta rogatoria. Ferrante me dijo que tres días antes Antonino Madonia le había pedido a Salvatore Biondino que le consiguiera el explosivo y que este último, habiendo recibido la autorización de Salvatore Riina, había tomado medidas para recuperarlo, solicitando su ayuda; lo sacaron del depósito clandestino, ubicado en un terreno del distrito de Malatacca, en las afueras de Palermo, los cartuchos estaban recubiertos con papel encerado marrón tipo Brixia, reconocidos por el colaborador en una foto que yo había mostrado en la sala del tribunal durante la audiencia en el juicio de Capaci, y en la que se retrataba el explosivo hallado el 21 de junio de 1989 en la casilla metálica, adentro de una bolsa plástica colocada sobre la plataforma de hormigón frente a la villa habitada durante el verano por Giovanni Falcone. Dijo tener la certeza de que 'el autor de todo' había sido Antonino Madonia". Posteriormente, el magistrado escribió "Francesco Onorato confesó su implicación en el atentado y permitió con sus declaraciones ampliar el conocimiento sobre los métodos organizativos y ejecutivos, refiriéndose a una reunión preparatoria celebrada en la casa de Mariano Tullio Troia, a las actividades de inspección realizadas en el área donde se produjo el ataque y que Angelo Galatolo había colocado la 'bolsa' que contenía la bomba". Y luego sigue diciendo que "los resultados de las investigaciones llevaban el aporte de otros colaboradores de justicia (entre ellos Giovanni Brusca y, posteriormente durante la sentencia de apelación, Antonino Giuffré y Baldassare Ruvolo) han permitido obtener importantes y sólidas verdades, reconocidas por un doble veredicto de la Corte de Casación del 6 de mayo del 2004 y del 26 de marzo del 2007, que identificó a Riina, como director; a Biondino, Madonia, Onorato, Vincenzo y Angelo Galatolo, como autores del crimen de asesinato; y a Ferrante como responsable del transporte de los explosivos”.
“Una verdad que fue corroborada, tras una investigación posterior, por el descubrimiento de la huella de ADN de Angelo Galatolo en la camiseta encontrada cerca de la bomba y que resistió los intentos de desvío investigativo del artificiero Francesco Tumino y derivados de las declaraciones del mafioso de Acquasanta, Angelo Fontana, quien se acusó falsamente de haber participado en la emboscada. El ataque tenía como objetivo matar, el dispositivo estaba en posición de explotar y tenía un rango de letalidad de unos 60 metros. Fue precedida por una refinada intoxicación de información destinada a desprestigiar y humillar a Giovanni Falcone, con la falsa acusación, contenida en numerosas cartas anónimas, de haber empleado al colaborador de justicia, Salvatore Contorno, para capturar prófugos y eliminar a miembros del grupo de los corleoneses y con la difusión de la falsa noticia de un encuentro en Palermo de Tommaso Buscetta con el barón Antonino D'Onufrio. Una actividad preparatoria capaz de justificar ante la opinión pública, el asesinato del magistrado, de deslegitimar a los colaboradores de justicia que fueron la prueba fundamental del primer Maxi Proceso -instruido por el propio Falcone, verdadero motor del pool que lideraba Antonino Caponnetto- para socavar el sistema antimafia con sus proyecciones internacionales. Falcone iba a ser asesinado por motivos de venganza, pero no solo por eso".
Para comprender la gravedad de los hechos es necesario ubicarlos en el particular contexto histórico en el que ocurrieron, es decir, el de la 'Primera República', fundada, como escribió el magistrado, "en acuerdos frecuentes y tácitos entre mafiosos y exponentes de los partidos políticos, basada en una sustancial no beligerancia en función anticomunista, que comenzó a mostrar sus primeros fracasos a causa de la acción de magistrados independientes, como Falcone y Borsellino (ambos resistidos en vida y elogiados después de muertos), y por la progresiva caída de la guerra fría internacional Este-Oeste".
El futuro de la antimafia
Se han hecho muchas cosas en el transcurso de la historia judicial del período de las masacres. Sin embargo, en los últimos días se ha propuesto una reforma que corre el riesgo de poner una lápida a los juicios de la mafia, a saber, la nueva reforma judicial firmada por la Guardasellos Marta Cartabia.
Al respecto, el magistrado Tescaroli se expresó una vez más en una entrevista con el Fatto Quotidiano.
"La reforma de Cartabia corre el riesgo de convertirse en una amnistía encubierta: cada vez que se declare la imposibilidad de proceder, el Estado habrá fallado y la justicia ya no dará un servicio a la ciudadanía", dijo el magistrado, destacando que "el peligro es concreto" y que también se pone en riesgo la democracia.
"Agradezco el esfuerzo que ha hecho la comisión Lattanzi -señaló Tescaroli- y al ministro que ha ofrecido soluciones, pero me pregunto si se ha logrado el objetivo de garantizar el servicio de justicia a los ciudadanos. Los ciudadanos están interesados, dentro de un plazo razonable, en saber si un imputado es inocente o culpable. De lo contrario, el Estado ha fallado y la justicia ya no brinda un servicio útil. El primer problema es la nueva prescripción" porque una vez modificada los juicios deberán completarse dentro de determinados plazos, es decir, dos años para el recurso y un año para la casación; una vez superado el plazo, el proceso cae por no enjuiciamiento y se suprime. Pero las víctimas corren el riesgo de quedar totalmente abandonadas a sí mismas mientras que las sentencias de primera instancia inevitablemente se desechan. Eso produce ira y desconcierto.
"Existe el riesgo de que se anule el resultado de muchos procedimientos -dijo Tescaroli- los fiscales están en dificultades porque hay falta de personal y muchos Tribunales de Apelación, 11 en toda Italia, ya no podrán celebrar los juicios porque tienen deficiencias de personal que necesitan ser fortalecidas: se debe hacer una reforma en relación a los recursos disponibles, no al revés. Por lo tanto, existe el riesgo de una amnistía enmascarada inaceptable. También porque la inadmisibilidad se dispara después de 2 años y un día incluso para aquellos delitos graves que tienen plazos de prescripción más largos: robos, extorsiones y muchos otros corren el riesgo de no ser castigados".
La impunidad total es, por tanto, un fantasma que vuelve a vagar por las salas de audiencias, especialmente en lo que respecta a los llamados cuellos blancos, cuyos delitos, en unos aspectos más que en otros, "afectan a nuestra democracia". Respondiendo a las preguntas, Tescaroli explicó que hay una modificación dentro de la reforma que prevé la anulación de la pena de prisión para las penas menores de seis años y que esto representaría un grave riesgo ya que "ningún trabajador administrativo volverá a ir a prisión. Es una consecuencia desastrosa, porque desaparecería el efecto disuasorio: estos delincuentes son calculadoras que sopesan riesgos y beneficios. Antes de embolsarse sobornos, una persona corrupta se pregunta: ¿cuál es el riesgo? Si el riesgo es algunos años de servicio social en vez de la cárcel, puede decidir asumirlo”.
Además, dado que la prioridad del delito a perseguir la decidirá el parlamento, Tescaroli comentó al respecto diciendo que "es una regla muy peligrosa porque por primera vez el poder legislativo controlaría al judicial, afectando la obligatoriedad de la acción criminal" y esto podría conducir a una situación en la que "en el futuro una mayoría podría pedir no dar prioridad a los crímenes de la mafia y el terrorismo. Así nos veríamos obligados a no perseguir a la mafia y a los terroristas en forma prioritaria".
Finalmente, el fiscal de Florencia explicó que una solución concreta al problema de la justicia señalada durante muchos años por numerosos especialistas implica un aumento de personal y la "posibilidad de acceder a ritos alternativos, pero también una despenalización valiente para podar los juicios por delitos que podrían ser castigados más adecuadamente con sanciones administrativas. Necesitamos una reforma integral del sistema y esperamos que esta no sea otra oportunidad perdida".
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*Foto de portada: © Shobha / Masacre de Capaci © Shobha
*Foto 2: © Letizia Battaglia / El magistrado Giovanni Falcone
*Foto 3: © Shobha / El expresidente Giulio Andreotti
*Foto 4: Antimafia Duemila / La villa del fallido ataque a Addaura