Aaron Pettinari-1º de marzo de 2021

"No he hecho tratativas ni pactos. Hice mis denuncias por la cárcel contra todos los políticos. Algunos políticos son más garantistas, según dicen. En lugar de cumplir los compromisos adquiridos con mi abuelo hicieron leyes injustas, vergonzosas e inconstitucionales. Tanto es así que a Italia siempre le aplican multas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿El 41 bis? Es normal que nos sintamos mal con el 41 bis, pero yo no lloro ni me hago la víctima. Lucho por lo que la ley me permite. Sobre el 41 bis, el 4 bis, o la cadena perpetua, dada mi condición, voy a estar con cualquiera, de izquierda o de derecha, que pueda llevar esta situación a buen puerto".

Así hablaba Giuseppe Graviano, durante su período de "locuacidad", cuando se puso a disposición para responder a las preguntas del fiscal adjunto de Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, en el juicio 'Ndrangheta Stragista. Era el 14 de febrero del 2020.

Al mismo tiempo, su hermano Filippo, también condenado a cadena perpetua por el asesinato del beato Pino Puglisi y por las masacres del '92-'93, les dice a los magistrados que se ha desvinculado de Cosa Nostra (tan sólo expresando pesar por su comportamiento y sin contar ni admitir ningún delito cometido) y solicita utilizar un permiso premio para salir de la cárcel.

Como su hermano sediento de sangre, también él, evidentemente, trata de "colarse" en la misma condición. Por otra parte, no es casualidad que los dos hermanos sean, a todos los efectos, los únicos jefes que tuvieron un hijo en 1997, mientras estaban presos bajo el régimen especial.

Un misterio que nunca fue del todo aclarado.

La decisión del Tribunal Constitucional

Lo cierto es que desde octubre del 2019 en el tema penitenciario no se abrió una pequeña puerta, sino un gran portón, ya que la Corte Constitucional declaró inconstitucional el artículo 4 bis del Ordenamiento Penitenciario en la parte en la que prohíbe permisos, trabajos externos y medidas alternativas para jefes que no se han arrepentido y no colaboran con la justicia.

También es cierto que se fijan límites (no alcanza con "una disociación declarada", se necesitan "otros elementos, congruentes y específicos"), pero está claro que el camino para tantos criminales peligrosos ha sido trazado.

Y ese camino lo tomaron tanto los corleoneses de las masacres como otros jefes mafiosos, como se recordó hace unos días desde las columnas de Il Fatto Quotidiano. Entre ellos lo intentó el pasado mes de agosto Maurizio Capoluongo, de 59 años, jefe de San Cipriano d'Aversa desde finales de los años ochenta, cercano a Michele Zagaria, también encarcelado bajo el régimen del 41 bis y que dentro de seis meses terminará su detención.

Después está Giuseppe D'Agostino, de 51 años, jefe de la Camorra de Salerno, que en el pasado mes de septiembre pidió un permiso de tres días. O Pasquale Gallo, de 64 años, conocido como "'O Bellillo", jefe de Torre Annunziata.

Vincenzo Zagaria (no es pariente de Michele) recluido bajo el régimen del 41 bis, volvió a intentarlo, pero el Tribunal de Vigilancia de Sassari respondió negativamente, afirmando que el 41 bis "ya no tendría ningún sentido si el recluso sometido al régimen penitenciario diferenciado pudiese salir de prisión para mantener relaciones físicas con sus familiares y convivientes (...) de lo que se deduce que mientras Vincenzo Zagaria permanezca sometido al régimen sancionador diferenciado, nunca tendrá acceso al beneficio de recompensa invocado".

Así que de momento solo podemos confiar en las valoraciones de los distintos Tribunales de Vigilancia que deberán pedir opiniones sobre Filippo Graviano a la dirección penitenciaria, a la Fiscalía Nacional Antimafia, a la Fiscalía Distrital y a la Comisión Provincial de Seguridad.

Pero está claro que el tema de la disociación, unido a la valoración de la Consulta, abre una frontera por descubrir.

Y es singular que el tema vuelva a cobrar fuerza hoy que, como Ministra de Justicia, está Marta Cartabia, que fuera miembro de la Consulta que se expresó con esa sentencia.

El frente del 41 bis

Quizás sea sólo un primer paso. Al igual que aquella sentencia de la Corte Europea que condena a Italia por el 41 bis.

En la actualidad, código en mano, la 'disociación' para los mafiosos no existe. Una ley de 1987, en cambio, otorga una reducción de la pena y otras ventajas a los terroristas que admitan su culpabilidad, tengan comportamientos singularmente incompatibles con la persistencia del vínculo asociativo y repudien la violencia.

Se sabe que en 1997 se rechazó la propuesta de Forza Italia para aprobar un proyecto de ley que también lo proponía para los condenados por mafia, pero los jefes siempre han esperado una disminución del rigor y cosas por el estilo. Y poco a poco algo se obtiene.

Ese artículo, introducido a principios de 1986 (por la ley Gozzini, ndr) inicialmente solo se refería a casos de revuelta u otras graves situaciones de emergencia. Fue luego de la masacre de Capaci, en 1992, que se introdujo un segundo párrafo que permitía aplicar el régimen especial a los presos por delitos de crimen organizado; esta disposición tenía una validez de tres años, pero las intervenciones legislativas posteriores (a partir de la Ley 16/2/95, Nº 36) han ampliado su validez de año en año. Con motivo del décimo aniversario de la masacre de Capaci, el 24 de mayo de 2002, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley que preveía la prórroga por cuatro años más del art. 41 bis (segundo párrafo), con vencimiento el 31/12/2002 y la aplicación también a los delitos de terrorismo y subversión. Finalmente, el 23 de diciembre del 2002, el Parlamento eliminó todos los plazos para la aplicación del régimen.

A pesar de esto, en comparación con sus orígenes, el 41 bis de hoy es un poco menos duro. Y su permeabilidad ha quedado demostrada con los celulares encontrados en posesión de algunos jefes, o incluso con la muy reciente investigación de la Fiscalía de Palermo, denominada "Xydi", que confirmó que los jefes, a pesar de las restricciones impuestas por el régimen penitenciario, pueden comunicarse perfectamente con el mundo exterior, reorganizar los clanes, conspirar, pasarse mensajes, incluso con la ayuda de Angela Porcello, abogada penalista de Agrigento, que se convirtió – según se desprende de las investigaciones – en organizadora del distrito mafioso de Canicattì, y que utilizó su propio bufete de abogados para las reuniones.

No ensañamiento, sino necesidad

El tema de la prisión dura ha vuelto a cobrar protagonismo tras la muerte del anciano jefe Raffaele Cutolo, que falleció a causa de las secuelas de una neumonía en el hospital de la cárcel de Parma. A pesar de la gravedad de la enfermedad siguió sometido al 41 bis.

Una vez más hemos vuelto a hablar de ensañamiento y ha habido quienes han comparado el caso del camorrista con el de Bernardo Provenzano, quien murió en la cárcel a causa de una grave enfermedad y un estado de deterioro cognitivo, tanto es así que todos los procesos en los que aún estaba imputado habían sido suspendidos porque el jefe no podía asistir.

Más allá del asunto Provenzano, sobre el que podemos discutir, el mayor riesgo que se corre hoy es que los penalistas y los políticos vuelvan a la carga con ese absurdo proyecto de eliminar el régimen duro penitenciario del sistema judicial italiano.

Sin perjuicio de las condenas, las penas graves y la indudable complejidad de la cuestión en la que se mueven los principios básicos del Estado de derecho y el sentido más profundo de la función de la pena, que nunca debe ser de venganza, ni de ensañamiento, no se debe cancelar la memoria.

Vacíos de memoria

A menudo se olvida que es precisamente para eliminar medidas como la del 41 bis que se produjeron las masacres en Italia. Y los propios jefes han mostrado su intolerancia hacia este régimen carcelario (queda para la historia la carta proclama de Leoluca Bagarella que, por teleconferencia, acusó a los políticos de no haber mantenido sus promesas).

Para demostrar la importancia de determinadas medidas restrictivas, basta con releer las palabras de Paolo Borsellino, de noviembre de 1984. "Las recientes e impresionantes adquisiciones de pruebas demuestran inequívocamente que la detención de los imputados por delitos mafiosos no interrumpe ni suspende la asociación vincular, ni impide sustancialmente que el preso participe en la comisión de delitos graves fuera de los establecimientos penitenciarios con instigaciones, solicitudes, consejos y otras actividades similares -afirmó el magistrado asesinado en julio de 1992- En el interior de los establecimientos, además, las jerarquías mafiosas se reconstituyen automáticamente sin solución de continuidad con los organigramas y organizaciones externas, lo que a menudo provoca la superposición de autoridades encubiertas intramuros ocultas al personal de custodia estatal, expropiado en gran parte de sus poderes". Cuidado, por lo tanto, con eliminar reglas como la del 41 bis. La mafia de hoy puede haber renunciado a la estrategia de masacres, pero esto no significa que sea menos peligrosa. Y este peligro también pasa por las cárceles donde, incluso en el pasado reciente, no han faltado órdenes dadas al exterior, tanto en la gestión de los negocios como en el dictado de verdaderas condenas a muerte.

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Foto de portada: www.antimafiaduemila.com

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