En Argentina, 52 mujeres que tenían medidas de protección, fueron asesinadas

Por Jean Georges Almendras-27 de febrero de 2021

Se trata de una noticia (una realidad) que ya hace parte de la cotidianidad del país vecino, y en alguna medida, del nuestro, aunque con otras cifras y otras particularidades. Una realidad que se impone a la vida misma. Una realidad, erigida entre los hombres, entre los machos de la sociedad argentina, donde sus instituciones -o mejor dicho- donde los funcionarios de las instituciones deberían avergonzarse de tal panorama.

Pero avergonzarse con todas las de la ley, nada de medias tintas. Porque saber que 52 mujeres con medidas de protección fueron alcanzadas por la mano criminal de quienes supuestamente debían ser protegidas, alcanza y sobra para entender con creces, que algo muy grave está fallando en el sistema, y en la sociedad argentina (y en la sociedad uruguaya).

En un diario del hermano país, Página 12, se ha informado (en las últimas horas) que “a más de cinco años de aquella primera marcha de Ni Una Menos, el abordaje de la violencia de género sigue pendiente: en lo que va del año, 49 mujeres fueron víctimas de femicidio. Este mes, el femicidio de Ursula Bahillo (*) en la provincia de Buenos Aires, y el de Guadalupe Curual, en Villa La Angostura, pusieron sobre la mesa una profunda falla en la articulación de las instituciones para abordar las situaciones de violencia antes de que las mujeres sean asesinadas. En ambos casos, las víctimas habían denunciado a sus agresores en más de una oportunidad. Este viernes, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio a conocer un informe donde analizó los hechos previos de violencia de género y las medidas de protección adoptadas en los casos de femicidio registrados a nivel nacional entre el 2017 y el 2019. Según los datos de la Corte, al menos 52 mujeres tenían medidas de protección al momento de ser asesinadas.”En casi 1 de cada 3 vínculos ya había habido hechos de violencia de género antes del femicidio”.

Poco se hizo por esas mujeres. Poco o nada. O quizás, y eso sería algo peor aún, no se quiso hacer nada por ellas. Y no se quiso hacer nada por ellas, porque (al parecer) esa es la rutina que predomina cuando se trata de mujeres que “lloriquean” violencias, a las puertas mismas de las instituciones policiales (comisarías, oficinas y juzgados) donde los machismos están instalados (y aferrados) a la más desleal y más repulsiva de las costumbres humanas: la de creer que esos desgarradores alertas que denuncian las víctimas son solo palabras, sin considerar que son sufrimientos, con mayúsculas. Que son llantos sobre los que la muerte merodea y sobrevuela casi con religiosidad criminal.

Y cuando se trata de mujeres, cuyos victimarios hacen parte de la institución policial -como en el caso de Ursula Dahillo (*)- las fallas se hacen más evidentes, y los llantos y los pedidos de ayuda se hacen menos visibles, y las respuestas (para dar protecciones a las denunciantes) parece que dan pasos de tortuga. Transformándose en definitiva, en respuestas que se mecen en cunas burocráticas, que con el tiempo hacen parte de la complicidad de los tantos femicidios que se registran por allá y por acá. Porque fueron respuestas, estrictamente inoperantes.

El aparato institucional, regenteado por los machos de turno (que se creen eternos e inamovibles), fanfarronea con la vida ajena, porque ni vela por ella, ni la protege. El aparato institucional, entonces, se queda con las “buenas intenciones de proteger a las mujeres”, y finalmente se queda con las manos tintas de sangre, porque su parsimonia hace que se transforme en una herramienta letal del Estado. Porque, verdaderamente, nunca alcanzó a dar una respuesta a la denuncia concreta, específica y dramática. Nunca alcanzó a aplicar una sana política de preservación de las vidas de las mujeres, que literalmente, segundo a segundo, minuto a minuto y día a día, están al borde de caer desde un precipicio infame, a manos de hombres que están al acecho, ya sea formando parte de un vínculo o de una vida en común, con todos los riesgos que ello implica.

Las denuncias que se presentan ante las autoridades, entonces, quedan abrazadas exclusivamente en la formalidad pura y llana; y las medidas cautelares o de protección dispuestas, han sido en realidad, medidas que han sido solo palabras. Y los recursos para que las protecciones se materialicen, han sido o insuficientes o inexistentes. O han sido pura palabra. Pura demagogia. Puro verso, para tapar el ojo.

Hay datos vigentes por demás elocuentes que recientemente aportaron argentinos en base a versiones oficiales: de las 52 víctimas de femicidios que tenían medidas de protección ordenadas por la Justicia, el 81% eran órdenes de restricción de acercamiento. En 7 casos, además de la restricción o prohibición de acercamiento, tenían vigente la medida de exclusión del hogar. El botón antipánico solo se otorgó en cinco víctimas, según los registros de la Corte de Justicia, entre 2017 y 2019. Uno de los reclamos principales de los familiares de las víctimas es la inacción de la Justicia cuando las mujeres denunciaron las situaciones que estaban atravesando.

Algo (o alguien) falla cruelmente, porque a las denuncias y a los pedidos de protección, solo siguen, como paso siguiente, los féretros. Los féretros que se acumulan, uno sobre otro, desatando indescriptibles escenas de indignación, de impotencia, y de rabia.

“Si no hay control, las medidas no tienen sentido” dijo en algún momento de la vida argentina y la hoy Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, del Gobierno de Alberto Fernández, la abogada Elizabeth Gómez Alcorta.

En pocas palabras, me queda muy claro que el control se torna en una quimera, la sangre de las mujeres se sigue derramando sobre las palabras de los que prometen protecciones que no se concretan, y las sociedades siguen acumulando cifras de femicidios, como si se tratara de souvenirs que emergen de las violencias de estos tiempos. El reto está planteado hace ya bastante. Y estas apreciaciones las hemos escuchado una y más veces. Hay mucho camino por delante (y mucho por hacer todavía).

¡¡De verdad, da espanto todo esto!!

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(*) En el caso de Ursula Bahillo, asesinada por el policía Matías Ezequiel Martínez, ella y su madre habían radicado tres denuncias y dos ampliaciones. La última advertencia, el 7 de febrero, tuvo lugar un día antes del femicidio.

 

*Foto de portada: www.radiouniversidaddechile.com

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