En esa jornada la Justicia argentina, en la persona del Juez Federal Claudio Bonadio (titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11 ) quien ya había puesto nombre y apellido a las partes acusadas, dictó finalmente tres procesamientos: el de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por “administración infiel en perjuicio de la administración pública”, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la venta de dólar futuro durante el final del segundo mandato. El del ex ministro de Economía Axel Kicillof y el del ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli.
Poco antes de las 17 horas de ese día viernes, los medios periodísticos argentinos acusaron recibo del comunicado oficial emitido por el Centro de Información Judicial (CIJ) –que depende de la Corte Suprema de Justicia- consignándose el fallo del Juez Federal Bonadio, en el que además se ordenaba trabar un embargo de 15 millones de pesos sobre los bienes de cada uno de los ex funcionarios sobre los que dictó el respectivo procesamiento.
Tanto la ex presidenta, el ex ministro y el ex jerarca del Banco Central vienen siendo investigados por el presunto delito de haber decidido realizar operaciones de compra venta de dólar futuro a un valor inferior al establecido por el mercado, hecho que generaría un perjuicio en las arcas del Estado en la gestión de quien sucediera en el cargo a Cristina Fernández de Kirchner.
Según lo informado por los diarios locales, el Juez Federal Bonadio, en un tramo de su extenso fallo, que consta de 147 páginas, especificó : “es impensable que una operación financiera de esta magnitud, en la cual en menos de 45 días hábiles se abrieron posiciones del BCRA de U$S 5.000 millones a U$S 17.000 millones (de dólares), que tendría claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato, sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo Nacional”
Y agregó: “Resultó evidente que la entonces Presidente de la Nación impartió instrucciones –que sin duda fueron elaboradas conjuntamente- a su Ministro de Economía para que esta operación financiera se lleve a cabo, procediendo éste a su vez a impartir directivas a los funcionarios del BCRA y por supuesto, a los directores de la CNV, todos los cuales –es preciso resaltarlo- eran totalmente intercambiables en caso de disidencia con la orden, o en el caso de ser remisos al acatamiento”.
Cabe recordar, se señala en las informaciones sobre el procesamiento, que coparon los medios de comunicación de la Argentina, la región y en el mundo, que la causa en cuestión se abrió a partir de una denuncia presentada por los entonces jefes de los bloques de diputados del radicalismo Mario Negri y del PRO, Federico Pinedo, quienes no habían acusado directamente a la ex mandataria.
La defensa de Cristina Fernández esgrimió que el Banco Central es autónomo y que no depende del presidente y que el perjuicio económico lo provocó la gestión de Mauricio Macri al devaluar. Por otra parte, según trascendió, cuestionaron al Juez Bonadio, acusándolo además de parcial, razón por la cual lo recusaron. Sin embargo, la Cámara Federal lo confirmó en la causa.
La prensa argentina consignó que a Cristina Fernández se la investiga por las presuntas maniobras de dinero por alquilar habitaciones de sus hoteles de la firma Hotesur , y que esa causa pasó por varios jueces. El primero que la tuvo fue Bonadio, quien fue recusado, luego la tuvo el doctor Daniel Rafecas, quien recientemente decidió declararse incompetente al considerar que parte de la misma ya venía siendo investigada por su par Julián Ercolini, desde el año 2008. Trascendió además que el otro tema que podría comprometer a Cristina Fernández es la causa por presunto enriquecimiento ilícito. En tal sentido fue sobreseída junto a su esposo años atrás por el Juez Norberto Oyarbide. Pero más adelante, Margarita Stolbizer la volvió a denunciar y el fiscal Carlos Rívolo, junto con el Juez Sergio Torres, vienen verificando si este hecho no es parte de lo que se investiga en el caso Hotesur, no descartándose que las presuntas maniobras de lavado de dinero pudieron originar un enriquecimiento ilícito.
A todo esto y sin desprenderse de todo este complejo contexto de imputaciones, investigaciones y procesamientos en torno a los Kirchner-Fernández y allegados, en los diarios argentinos, apenas 24 horas antes de dictarse los procesamientos en cuestión, se dio a conocer en grandes titulares que Cristina, Máximo Báez y Cristóbal López fueron además imputados por presuntos sobornos. Fue el Fiscal Carlos Rívolo quien amplio la imputación en la causa Los Sauces SA tras una denuncia de Stolbizer.
Por ejemplo, en el diario La Nación se informó que Rívolo elevó la acusación al Juez Claudio Bonadio quien mantiene el secreto de sumario en el expediente en el marco de búsqueda de información. También se amplió que la medida de la fiscalía se resolvió a partir de la denuncia de la diputada Margarita Stolbizer quien afirmó: “Nos parece necesario que el juez investigue el delito de cohecho, más conocido como soborno. Está muy claro que hay devolución de valores. Ese retorno se hacía por sumas millonarias a través de la sociedad Los Sauces. El Código Penal establece como delito de cohecho la aceptación de dádivas a partir del beneficio que se le otorga a una persona, en este caso, a las empresas de Lázaro Báez”
¿En qué se basa la denuncia de la diputada? es una de las interrogantes que se puede estar haciendo el lector. Según lo informado por La Nación, la denuncia se basaría en parte a una auditoría de Vialidad Nacional que estableció que las empresas de Báez obtuvieron el 73% de las licitaciones en obras de la provincia de Santa Cruz durante las presidencias de Néstor y Cristina de Kirchner. Se trata en total de 51 obras que representan 16.386 millones de pesos, de las que solo se han finalizado 24 obras. Hasta diciembre de 2015, las empresas de Grupo Báez habían cobrado cerca de $ 9.037 millones.
La diputada dijo también que las obras adjudicadas a Báez tienen como características: duplicación de los plazos originarios establecidos, aumentos groseros de los costos y falta de cumplimiento de las condiciones de contratación.
No hay que olvidar que desde que Cristina Fernández abandonó el sillón presidencial carece de fueros que le impiden ser indagada judicialmente. Y no hay que olvidar además que ya en esa situación, se hizo presente en la sede de Tribunales de la calle Comodoro Py el pasado día 13 abril, oportunidad en que en un clima tenso, se abstuvo de declarar al magistrado Bonadio, presentando exclusivamente un escrito con una serie de precisiones, con tinte a descargos.
El panorama es éste: sin perjuicio de los destinos de los indagados y de los procesados, los kirchneristas y los fernandistas seguramenteviven momentos muy difíciles. Porque son momentos de incertidumbre o momentos de revelaciones. Quizás la hora en la que la verdad esté por salir a la luz pública. La verdad sobre corrupciones y manipulaciones de dineros ajenos. Verdades que inevitablemente podrían empañar a toda una ideología, a toda una corriente política. Verdades que podrían desencadenar desilusiones a diferentes niveles. Las investigaciones están en curso.
Y en medio de éste panorama, exclusivo de los argentinos, allende sus fronteras, en el Brasil, se viven instancias, en apariencia similares, pero en realidad muy diferentes y muy preocupantes para toda la América Latina. Dilma Rousseff fue víctima de un golpe de Estado sutil y cobarde, seguramente planificado desde las sombras. En la Argentina, en cambio, Cristina Fernández vive otra historia. Una historia de aristas más complejas, e insisto, muy diferentes. Sencillamente, quizás, porque ambas mujeres son muy diferentes. Y porque ambas mujeres también gobernaron de manera muy diferente.
*Foto de Portada: Juez Federal Claudio Bonadio: www.amebaonline.com
*Foto número dos: Cristina Fernández: www.elperiodicovenezolano.com