Comentario del fiscal nacional adjunto antimafia Nino Di Matteo
Es sabido desde hace mucho tiempo que el senador del Movimiento Cinco Estrellas, el exmagistrado Roberto Scarpinato, está en la mira de la centroderecha. Ahora, sin embargo, con el proyecto de ley número 1277 -inicialmente propuesto por la presidenta de la comisión Chiara Colosimo- ahora en examen en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, la intención es aún más descarada y evidente ya que pretende introducir "la obligación de abstenerse", para regular situaciones de "conflicto de intereses" de los miembros de la Comisión. Una acción que alguna vez definimos como "bullying estatal". Sobre las razones detrás de este nuevo texto legislativo, escuchamos al fiscal nacional adjunto antimafia, Nino Di Matteo, ex consejero togado del CSM (Consejo Superior de la Magistratura), quien no tiene dudas: "El deseo de excluir al senador Scarpinato de la Comisión Parlamentaria Antimafia responde instrumentalmente a la necesidad de neutralizar a quienes, por el conocimiento y la experiencia adquiridos en muchos años de investigaciones y juicios, pueden socavar la versión tranquilizadora según la cual las masacres fueron fruto exclusivo del delirio de omnipotencia de Salvatore Riina y quizás de algún empresario vinculado a la mafia".
Además de Scarpinato, como subrayan en una nota los líderes del M5S (Movimiento 5 Estrellas) en la Cámara y el Senado, Riccardo Ricciardi y Stefano Patuanelli, también está el exfiscal nacional antimafia y diputado Federico Cafiero de Raho: "Dos magistrados que han luchado contra la mafia toda su vida desde la comisión antimafia. Es la actitud típica de las organizaciones criminales, lo cual es horroroso", escriben los miembros del M5S, que definen a este proyecto de ley como una "represalia" implementada después de "nuestra denuncia sobre el encubrimiento institucional en curso sobre la masacre de via d'Amelio".
Incluso el abogado Luigi Li Gotti, quien en su larga trayectoria ha defendido a colaboradores de la justicia como Tommaso Buscetta, Totuccio Contorno, Giovanni Brusca, Francesco Marino Mannoia y Gaspare Mutolo, a quien escuchamos sobre este punto, expresó consideraciones claras: "El problema con este proyecto de ley es que se están cuestionando las prerrogativas del parlamentario individual. Se está sacrificando su trabajo como miembro de la Comisión debido a un posible y supuesto conflicto de intereses. Una acción evidentemente instrumental. Porque Roberto Scarpinato, sin duda, causa problemas".
Desde el inicio del trabajo en la Comisión presentó un informe de 57 páginas en el que enumeraba analíticamente todos los agujeros negros de las masacres, indicando además una serie de testigos a escuchar y documentos a adquirir.
Lo hizo valiéndose de su conocimiento del fenómeno mafioso y de los acontecimientos ocurridos durante el período de las masacres. Conocimientos que facilitan su actual trabajo allí.
Lo vimos también recientemente, cuando junto al grupo del Movimiento Cinco Estrellas, volvió a presentar un documento de 90 páginas en el que se hacen observaciones a las respuestas y declaraciones del general Mori y del coronel De Donno dadas a la Comisión Antimafia y también incluidas en una declaración escrita presentada durante su primera audiencia. La Comisión debería sentirse halagada de tener un miembro tan experimentado en ella, pero por razones políticas quieren deshacerse de él.
Luego agregó: "Quieren modificar la ley que establece la Comisión con fines específicos: excluir a quienes tienen las herramientas para entender si es cierto o no, o para entender cuáles son las preguntas más adecuadas para quienes están siendo escuchados. Es como si en una Comisión de Salud excluyera a un médico sumamente competente con la excusa de que quieren escucharlo por un hecho circunscripto. De esta manera -concluyó Li Gotti- la Comisión se privaría de una contribución fundamental de quienes han seguido estos acontecimientos y, por lo tanto, los conocen. Y también conocen las implicaciones o las zonas grises u oscuras que deben aclararse. De esta manera, se compromete la labor de verificación de cada parlamentario. Creo que esta es una iniciativa para excluir a quienes pueden ser una molestia para el trabajo y las decisiones de la Comisión, y en particular de su presidenta. Scarpinato es una molestia. Y esto no es un acto en beneficio del trabajo de la Comisión, sino en su detrimento".
Los detalles de la ley anti-Scarpinato y de Raho
Al final, pues, los dos magistrados serán los primeros en ser golpeados junto con todos aquellos que en el futuro podrían ser un obstáculo para la "buena marcha de los trabajos" (como dice el texto) de la mayoría en el cargo.
En términos técnicos, el proyecto de ley -firmado por Iannone, Cantalamessa, Gasparri, Salvitti, Sisler, Rastrelli, Sallemi, Russo, Della Porta, Sigismondi y Melchiorre- propone una modificación de la ley del 2 de marzo de 2023, número 22, por la que se creó la Comisión Parlamentaria Antimafia.
Pero vayamos por orden: ¿de dónde surge esta idea?
El año pasado, el exmagistrado Gioacchino Natoli, expresidente de la Corte de Apelaciones de Palermo y exprimer ministro que vivió el período histórico del pool antimafia junto a Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, se encontró bajo investigación por parte de la Fiscalía de Caltanissetta por cargos de complicidad con la mafia y difamación. Ya hemos tratado este tema varias veces en nuestra revista.
Inmediatamente después de la noticia de las investigaciones sobre Natoli, el diario La Verità hizo estallar un caso real (que no existe) al informar de la existencia de escuchas telefónicas entre este último y Scarpinato (pasivas y casuales, según los investigadores), realizadas por la Fiscalía de Caltanissetta, precisamente en el ámbito de la investigación abierta contra el histórico miembro del pool antimafia.
La centroderecha, inmediatamente después, denunció el escándalo y pidió la dimisión del ex fiscal general.
Al no poder obtenerla, finalmente crearon este proyecto de ley ad hoc que interviene de manera quirúrgica: es decir, no echa al miembro de la comisión “culpable” de conflicto de intereses sino que, de hecho, lo "excluye" del trabajo.
La pregunta surge espontáneamente: ¿quién decidirá todo esto?
¿Un tercer órgano? Por supuesto que no; será la propia Comisión.
El proceso de toma de decisiones se detalla en el artículo 2 bis, apartado 3: la Comisión examina las comunicaciones o informes relativos a un posible conflicto de intereses, que pueden provenir del propio miembro (apartado 2, que exige la declaración en el plazo de 10 días) o de otros miembros de la Comisión. El debate pasa luego al interrogatorio del senador o diputado interesado, para que éste pueda exponer su posición. Al término del examen, la Comisión aprueba un informe en el que se establece si existe conflicto de intereses y si es necesario abstenerse (apartado 3) "de participar en las actuaciones y de consultar la documentación" relativa a los hechos en los que existe el conflicto, si su participación "pudiera perjudicar la objetividad de las investigaciones y apreciaciones".
Este informe se envía finalmente al Presidente de la comisión y al Presidente de la Cámara a la que pertenece.
Pero no sólo eso: la regla es retroactiva, es decir, tiene en cuenta tanto los conflictos presentes al momento del nombramiento pero también los que surjan "a raíz de determinadas actuaciones realizadas o como resultado de investigaciones realizadas durante el proceso".
En resumen, será la mayoría gubernamental la que deberá decidir quién está en "conflicto de intereses" o no, ya que, como se ha escrito más arriba, se votará el informe final.
No hay pues ningún atisbo de equilibrio ni de garantías en el proyecto de ley propuesto por la centroderecha, más aún, debería considerarse un auténtico acto fascista contra Roberto Scarpinato y Federico Cafiero de Raho.
Scarpinato fue durante muchos años miembro del grupo antimafia de la Fiscalía de Palermo, donde, tras la masacre de Capaci, Scarpinato lideró la "revuelta" de los fiscales adjuntos de Palermo contra el entonces jefe de la fiscalía, Pietro Giammanco. En Palermo se ocupó de importantes investigaciones y juicios sobre la mafia y la política. Ciertamente, vale la pena recordar que, junto al entonces fiscal de Palermo, Giancarlo Caselli, y a sus colegas Guido Lo Forte y Gioacchino Natoli, llevó adelante el proceso por asociación mafiosa contra Giulio Andreotti, que fue declarado prescrito en apelación pero el delito, como reconoció el tribunal, se cometió hasta la primavera de 1980.
Scarpinato ejerció posteriormente como Fiscal General, primero en Caltanissetta y luego nuevamente en Palermo, estando siempre a cargo de delicados procesos.
En nuestra opinión, está claro que el conflicto de intereses lo tienen quienes propusieron el proyecto de ley y no quienes, como Scarpinato, intentan aclarar la situación en la Comisión respecto al período de las masacres de 1992-93.
Pero ¿qué se podía esperar de un gobierno apoyado por Forza Italia, el partido fundado por Silvio Berlusconi, que le pagaba a la mafia, y por Marcello Dell'Utri, condenado a siete años por concurso externo en asociación mafiosa?
Marcello Dell'Utri es hoy retratado como un mártir, a pesar de estar siendo investigado en Florencia por masacre. También son considerados mártires Nicola Cosentino y Antonino D'Alì, todos ex miembros de Forza Italia y condenados por el mismo delito de concurso externo en asociación mafiosa.
¿Y qué decir de la propia Colosimo, que frecuentaba a Luigi Ciavardini, responsable no sólo de la masacre de Bolonia, sino también del asesinato del magistrado Mario Amato?
Podríamos seguir y seguir enumerando a otros políticos melonianos o azules que deshonran el puesto que ocupan, pero no serviría de nada.
Como "matones del Estado", están reintroduciendo el sistema autoritario de la época de Mussolini para continuar sin problemas el trabajo de reescritura de la historia, haciendo creer que las muertes de Giovanni Falcone y Paolo Borsellino ocurrieron por cuestiones internas de Cosa Nostra, contratos y poco más.
Para lograr esto, es necesario eliminar todas las voces fastidiosamente libres y de aquellos que, como el ex Fiacal General de Palermo Scarpinato, nunca se han resignado a la idea de que las masacres de Capaci y via D'Amelio, así como los atentados de Roma, Florencia y Milán en 1993, fueron llevados a cabo sólo por la mafia. Scarpinato está entre los magistrados que han realizado investigaciones muy delicadas que demuestran que detrás de esas masacres hay hombres poderosos de la política, la masonería y la derecha subversiva. Y esa es la verdadera razón por la que quieren deshacerse de ellos. Para poner una lápida en la búsqueda de la verdad sobre las masacres estatales.
*Foto de portada: © Imagoeconomica
*Foto 2: Roberto Scarpinato © Imagoeconomica
*Foto 3: Chiara Colosimo © Imagoeconomica
*Foto 4: Joaquín Natoli © Paolo Bassani
*Foto 5: Federico Cafiero de Raho © Imagoeconomica