La acusación de la Corte Penal Internacional de La Haya
Vergüenza y rabia. Esto es lo que se siente al leer el escrito de acusación de la Corte Penal Internacional (CPI) que pide formalmente que Italia sea remitida a la Asamblea de Estados y al Consejo de Seguridad de la ONU por no haber detenido a Karim Almasri, acusado de torturas y crímenes contra la humanidad.
Según informa el diario La Repubblica, que publicó extractos de un documento del fiscal de la CPI Karim Khan, Italia no ha "cumplido su obligación de cooperar con la Corte Penal Internacional" y, al permitir el regreso de Almasri a Libia, "ha expuesto a las víctimas y a los testigos, así como a sus familias, a un potencial y grave riesgo de daño".
El fiscal señala las omisiones del ejecutivo y desmiente la versión del Gobierno al demostrar que "Italia fue informada correctamente de la solicitud de arresto la tarde del sábado 18 de enero, antes de la detención de Almasri. La transmisión se realizó a través de los canales indicados por Italia, es decir, la embajada".
Y a las vergonzosas justificaciones del Estado, expresadas en los informes al Parlamento por el ministro de Justicia, Carlo Nordio, y el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, responde con igual dureza: "El hecho de que las autoridades competentes no hayan adoptado las medidas de coordinación interna necesarias no constituye en sí mismo una justificación válida para no adoptar las medidas. El retraso en la transmisión y la falta de coordinación interna constituyen un incumplimiento de la solicitud de cooperación".
Lo mismo se aplica a la inercia y a la decisión de no consultar a la Corte para resolver cualquier cuestión crítica identificada.
Es un hecho que Nordio y Piantedosi, entre el silencio y el decreto de expulsión inmediata, han permitido que un criminal demostrado escape a la justicia. Y la primera ministra Giorgia Meloni, lejos de distanciarse, reivindicó la decisión en un vídeo público, confirmando el carácter político de esta decisión.
No hay duda de ello. Esta acusación nos hace avergonzarnos de ser italianos porque tenemos un Gobierno que es cómplice de criminales y asesinos por indecibles razones de Estado.
La acusación de la Corte Penal Internacional nos avergüenza como italianos y demuestra toda la esencia fascista y autoritaria, contra toda lógica del derecho internacional, de este Gobierno que recuerda cada vez más los tiempos de las "camisas negras" y de los "saludos romanos".
Viendo lo que sucede, criminales como Totò Riina, Bernardo Provenzano y Matteo Messina Denaro se deben estar revolviendo en sus tumbas. Fueron obligados a morir en prisión y junto a sus "colegas". Los torturadores, asesinos y violadores de niños, son liberados en vuelos de Estado.
He aquí la situación de Italia en el año 2025. Un tiempo en el que la razón de Estado contempla la muerte y tortura de hombres, mujeres, niñas y niños, por un mero beneficio político en la cuestión migratoria.
Y como siempre hay que decir la verdad, como recordaba hace unos días Luigi de Magistris en el diario Il Fatto Quotidiano: "Las diversas leyes aprobadas en los últimos años sobre la inmigración permiten acuerdos monstruosos con las autoridades libias: todos los ministros de Exteriores y del Interior de los últimos años y también todos los primeros ministros conocían, en algunos casos querían, ciertamente aprobaban y en todo caso permitieron estos acuerdos. Esto vale también para varios miembros de la oposición parlamentaria que hoy gritan escándalo desde los escaños del Parlamento. También ellos son responsables a nivel moral, político e institucional de los crímenes cometidos en territorio libio y en el mar".
Durante los años de gobierno fascista muchos intelectuales se vieron obligados a emigrar del Bel Paese. Y hoy, como entonces, nos encontramos defendiendo la libertad de pensamiento y los derechos fundamentales.
El ataque constante que se viene haciendo a la Constitución está a la vista de todos.
Pues bien, si no fuera por los mártires de la justicia que hemos tenido, por los hombres de Estado (entre ellos podemos nombrar a los magistrados que están en primera línea y arriesgan sus vidas, los policías, los Carabineros y la Guardia de Finanzas que diariamente sirven al país y a la comunidad, los hombres de las custodias que se sacrifican para proteger vidas; y algunos pocos más entre los maestros, profesores universitarios y políticos), a los intelectuales, y especialmente a los jóvenes, les daría ganas de mudarse a otro país.
Porque es inaceptable vivir en un Estado cuyo gobierno es traidor, fascista y amigo de criminales asesinos.
Todos nuestros ministros deberían dimitir. En bloque. Sin peros ni condiciones.
"No me siento italiano. Pero afortunada o desafortunadamente lo soy", cantaba Giorgio Gaber.
Es necesaria una nueva revolución. Una revolución ética y moral impulsada por jóvenes, por hombres justos, por familiares que piden y exigen justicia para el pueblo y para aquellos funcionarios y estadistas que se comprometen a buscar la verdad.
Y como dije hace algún tiempo: estamos aquí, cueste lo que cueste, dando la cara. Con todas las personas que se sienten honestas y que realmente quieren luchar contra el crimen organizado y más.
*Foto de Portada: Diseño gráfico de Paolo Bassani
*Foto 2: © Imagoeconomica