La primera ministra responde con un vídeo a las acusaciones suscitadas por la denuncia del abogado Li Gotti
La primera ministra Giorgia Meloni, con su hermoso acento romano, apareció en las redes sociales con un video en el que se queja, mostrando un documento, de haber sufrido otro ataque por parte de la justicia, en particular del fiscal jefe de Roma, Francesco Lo Voi (contra quien se dirige tildándolo de "el mismo del fallido proceso a Matteo Salvini por secuestro"), declarando haber recibido "un aviso de investigación por los delitos de complicidad y malversación en relación con el asunto de la repatriación del ciudadano libio Almasri", y explicando que también se enviaron avisos de investigación "a los ministros Carlo Nordio y Matteo Piantedosi y al subsecretario Alfredo Mantovano".
Con su habitual arrogancia proverbial, la señora Meloni también declaró que no se dejará intimidar ni chantajear.
Podemos empezar desde aquí mismo.
Porque en primer lugar hay que dejar bien claro a los ciudadanos que no estamos ante un aviso de investigación, sino ante una inscripción en el registro de delitos.
El fiscal recibió la denuncia sobre el caso Almasri el 23 de enero, dos días después de la salida de prisión del comandante de la policía judicial libia, Najeem Osema Almasri Habish, quien fue liberado tras su arresto en Turín por orden de la Corte Penal Internacional.
Lo presentó el abogado Luigi Li Gotti (noticia que fuimos los primeros en difundir en nuestra revista) señalando la hipótesis de dos delitos ministeriales: favorecimiento personal (para con el general libio Najeem Osema Almasri) y malversación de fondos (por el uso de aviones del Estado utilizados para la repatriación). Hechos que se imputan a la jefa del Gobierno, a los ministros de Justicia e Interior que supuestamente decidieron sobre la liberación y el regreso a Libia, y al subsecretario responsable de los servicios secretos en relación a los medios de transporte.
Así pues, la señora Meloni olvida, ignora o finge no saber que el Fiscal de Roma, Lo Voi, tenía la obligación de inscribir en el registro de investigados a la Presidenta del Consejo de Ministros, Meloni, a los ministros Piantedosi y Nordio y al Subsecretario de la Presidencia Mantovano para transmitir todo al Colegio de Delitos Ministeriales, informando "inmediatamente" a los sospechosos y permitiéndoles presentar alegatos o hacerse oír.
Así lo prevé la Ley Orgánica 1/1989 en su artículo 6, apartado 2, que también se cita en la nota enviada a todas las partes implicadas.
Cabe recordar que al recibir la denuncia, Lo Voi, por ley, tenía sólo 15 días para remitir el expediente "por falta de investigación" a la comisión ministerial de delitos competente. Esto significa que el Procurador tiene prohibido adquirir documentos que sustenten la solicitud o su falta de fundamento.
No hubo ninguna anomalía.
Entonces ¿de qué se queja la señora Meloni?
¿Tal vez la ley sea igual para todos, pero menos para ella? ¿Tal vez dado lo alto de su papel institucional no debería haber sido menoscabado?
Se metió en una pelea política, demostrando su ignorancia de la historia de los partidos políticos, y desquitándose con el abogado Luigi Li Gotti.
Tras haber señalado a este último como defensor de arrepentidos y mafiosos (como si fuera una deshonra defender a los colaboradores de justicia), lo etiquetó como un "ex político de izquierda muy cercano a Romano Prodi".
Sin embargo, la historia política de Li Gotti es bien conocida. Fue miembro durante mucho tiempo del Movimiento Social Italiano y de la Alianza Nacional antes de unirse a la Italia de los Valores de Antonio Di Pietro en la década del 2000, asumiendo el papel de jefe del Departamento de Justicia. Ciertamente, desde el 18 de mayo de 2006 hasta la caída del segundo gobierno de Prodi fue subsecretario de Justicia. Y en las elecciones políticas del 2008 fue elegido senador en las filas de Italia de los Valores en Emilia-Romaña.
El propio Li Gotti explicó las razones que lo llevaron a abandonar la derecha con el tiempo: por un lado los procesos sobre las masacres fascistas (ver Piazza Fontana) vividos como una fiesta civil, por otro la llegada de Silvio Berlusconi y la plétora de anuncios leyes ad personam propuestas específicamente para favorecer al ex Caballero.
Incluso el intento de menospreciar la historia profesional de Li Gotti fracasa estrepitosamente.
El abogado es conocido por haber sido el defensor de algunos de los principales colaboradores de justicia de la mafia, entre ellos Tommaso Buscetta, Totuccio Contorno, Giovanni Brusca, Francesco Marino Mannoia y Gaspare Mutolo. Además de haber sido abogado de la parte civil en el juicio por la masacre de Piazza Fontana, Li Gotti también ayudó a los familiares de dos hombres de la escolta de Aldo Moro, el mariscal Oreste Leonardi y el cabo Domenico Ricci, asesinados por las Brigadas Rojas en la masacre de via Fani el 16 de marzo de 1978.
También representó a la familia del comisario Luigi Calabresi en un largo proceso judicial. Participó asimismo en el proceso por los hechos del compkejo Díaz en Génova y en los procesos de las masacres de Capaci, Via D'Amelio y Uffizi. Más recientemente, prestó asistencia a las familias de las víctimas del naufragio en Cutro, Calabria.
A la luz de todos estos hechos, es evidente que nos encontramos ante una Primera Ministra que adolece de graves deficiencias en su desconocimiento de la ley y de la historia. Debería renunciar, pero permanece en su cargo y perpetra otro ataque contra la magistratura.
Es hora de que los ciudadanos tomen nota de esto y envíen a casa a estos fascistas que están en el gobierno y que se sientan en el Parlamento con arrogancia y vanidad. Personalmente, ya estamos hartos de esto.
*Foto de Portada: Reelaboración gráfica de Paolo Bassani
*Foto 2: Luigi Li Gotti © Paolo Bassani
*Foto 3: Carlo Nordio © Davide de Bari
*Foto4: Matteo Piantedosi © Imagoeconomica
*Foto 5: Alfredo Mantovano © Imagoeconomica