Mientras, el gobierno fascista italiano protege a los torturadores argentinos
Las imágenes de Ilaria Salis, profesora de 39 años arrestada en Hungría y mantenida en prisión desde hace casi 12 meses, y obligada a entrar en la sala del tribunal "con una correa", esposada y encadenada en muñecas y tobillos, han dado la vuelta al mundo de modo que hoy el caso de su detención abrirá los trabajos del Parlamento Europeo.
Sobre la mesa está el trato dado a los presos en las prisiones húngaras en general y el de Salis en particular.
Los cargos que se le imputan son por agresión, lesiones y asociación subversiva durante y contra "El Día del Honor", la horrenda manifestación de los nostálgicos de Adolf Hitler que se desarrolla en Budapest y que tuvo lugar en enero del 2023.
Lo absurdo es que, según los documentos presentados por las autoridades húngaras, la "agresión" y las "lesiones" habrían causado "heridas que sanaron en ocho días" en un caso, y en "cinco o seis" en otro, a algunos neonazis afectados durante encontronazos en las calles. Entonces, ¿por qué la profesora corre el riesgo de pasar más de veinte años de prisión?
La tercera acusación aumentaría la pena, es decir, la de formar parte de una asociación terrorista activa en Alemania que habría actuado específicamente para atacar a los nazis, "para impedirles cualquier actividad política posterior", con técnicas de ataque previos establecidos tras una formación específica.
Sin embargo, las imágenes que supuestamente acusan a la profesora milanesa no parecen ser pruebas suficientes de momento. Y tampoco parece "contundente" la "prueba" de que Salis forma parte de la asociación (se trata del billete de tren comprado por la propia profesora para ir a Budapest).
¿Alcanzan para dictar una condena de veinte años? En nuestra opinión, no, teniendo en cuenta que, como recordaba hace unos días el diario "Il Manifesto", el proceso contra la supuesta "asociación" (anónima, pero conocida como Hammerbande) terminó la primavera pasada con sentencias de cinco años. Consideremos, entonces, que al motivar la sentencia el juez explicó "que oponerse a la extrema derecha es una razón respetable" y que sin embargo la sentencia tenía que estar ahí porque "el monopolio del uso legítimo de la fuerza pertenece al Estado y no a individuos privados".
La sensación es que el nazi-fascista Orban, con esta acción, está "diálogando" con Europa, y sobre todo con Italia, de cara a las próximas e inminentes elecciones europeas.
Fidesz (Unión Cívica Húngara), el partido del primer ministro húngaro, abandonó hace algún tiempo el PPE y mira con gran simpatía al grupo ECR (Conservadores y Reformistas), al que pertenece el partido Fratelli d’Italia de la primera ministra Giorgia Meloni y el PIS polaco.
Además, ya en el 2022, mientras el Parlamento de la UE aprobaba un informe según el cual Hungría ya no era considerada "una democracia" y era señalada como "una amenaza sistémica a los valores fundacionales de la propia Unión Europea", tanto Fratelli d'Italia (junto a la Liga) votaron en contra.
En resumen, los fascistas se entienden entre sí. Por eso escandaliza la timidez del Gobierno italiano cuando se dice: "Orban no tuvo nada que ver con esto. No es que el Gobierno decida el juicio. El poder judicial es independiente. El problema es ver si las reglas se respetaron antes o después, no es que podamos intervenir, Hungría es un Estado soberano. Sólo podemos protestar" por los métodos de trato a los prisioneros.
¿Qué autonomía e independencia?
¿Pero de qué autonomía e independencia del poder judicial habla el Gobierno?
Precisamente estos últimos días, el fiscal nacional adjunto antimafia, Nino Di Matteo, en declaraciones en Piazzapulita, recordó cómo "en el sistema judicial húngaro, especialmente en lo que se refiere al poder judicial, a partir del 2011 asistimos por primera vez a una purga repentina de decenas y decenas, tal vez cientos, de magistrados. De un día para otro, se aprobó una ley que elevó a 62 años la edad máxima, que antes era de 70 años, y de un día para otro, cientos de magistrados se vieron obligados a abandonar sus togas. Fue una reforma importante del Consejo Judicial Nacional, que es el equivalente a nuestro Consejo Superior de la Magistratura, cuyas facultades eran muy limitadas". Luego hubo una especie de jerarquización absoluta dentro del poder judicial por la cual los jueces de menor rango "deben esencialmente seguir siempre la interpretación de una norma de jueces de rango superior. De ahí la jerarquización, la verticalización, la limitación de la autonomía y la independencia del poder judicial".
Reformas que de alguna manera también Italia querría proponer en nuestro país.
La deriva fascista
Suscribimos las palabras del periodista Saverio Lodato que, hablando en los últimos días en el programa Otto e mezzo, recordó las declaraciones y los silencios del presidente del Senado, Ignazio La Russa y de los ministros Matteo Salvini y Carlo Nordio, definiendo a las declaraciones y a los silencios como "desconcertantes".
"La Russa -recordó el periodista- declaró que estaba impresionado por las imágenes, pero entiende que también en Italia las condiciones de los presos varones incluyen una correa. Que yo recuerde, no he visto encadenado a Totò Riina, que había cometido cientos de crímenes, masacres y disuelto a personas en ácido, ni a Marcello Dell'Utri, senador de Forza Italia, condenado en forma definitiva por la Casación por el delito de concurso externo en asociación mafiosa, ni siquiera a Matteo Messina Denaro, quien, cuando fue detenido, parecía estar viendo un desfile de moda masculina caminando con las manos absolutamente libres. Entonces, como dirían los venecianos, 'antes de hablar, cállese'. Porque esta es la imagen que tenemos delante". Sobre Salvini, añadió: "El ministro quiere que esta chica, si es declarada culpable, deje de ejercer la profesión docente. Y no sólo eso. Dice que debe quedarse para cumplir su condena en Hungría. Le preguntaría a Salvini ¿qué hacemos con los cientos de parafascistas que atacaron la sede de la CGIL? ¿Les quitamos a todos el salario que hoy ganan? Porque el ataque a la sede de la CGIL es probablemente algo más fuerte que haber sido absuelto, con la pena completa, por haber derribado un gazebo" (la referencia es al episodio en el que Salis fue acusado por la Liga de haber atacado un gazebo. La mujer fue posteriormente absuelta, ndr). Y finalmente, sobre Nordio, destacó que el propio ministro de Justicia "dio una opinión negativa sobre la decisión del Tribunal de Casación para conceder la extradición de Franco Reverberi (acusado de haber participado en las torturas de opositores políticos durante la dictadura argentina, ndr), ciudadano de origen italiano, perteneciente a la diócesis de Parma donde hasta hace pocos años dijo misa, en respuesta al pedido, aceptado por la Corte de Casación, de los abogados del gobierno argentino, donde ahora hay un primer ministro que no tiene nada que aprender sobre el fascismo de nosotros, los italianos, motivando su rechazo a la extradición por razones humanitarias y sanitarias". "Así que en Italia -concluyó Lodato- mantenemos a los torturadores acusados por las autoridades argentinas de haber participado en el régimen de Videla, en las desapariciones y en los hechos ocurridos en la Plaza de Mayo, pero cuando en cambio hay alguien que se topa con cuestiones de alteración del orden público, por tener calcetines rojos o tener antecedentes de pertenencia a partidos de izquierda es mejor que se queden encadenados en el extranjero".
A estas palabras agrego, asumiendo la responsabilidad, otra consideración sobre este gobierno fascista que golpea a quienes salen a las calles y protestan por sus derechos. Por un lado, se muestra como garante de los funcionarios de "cuello blanco" y los poderosos (con reformas a medida que buscan socavar cada vez más el trabajo del poder judicial y del periodismo de investigación) y también de los propios mafiosos (con reglas que debilitan a la cadena perpetua obstativa y el 41 bis), y por otro lado tolera los "grilletes" en manos y pies contra aquellos ciudadanos "culpables" de ser antifascistas.
Europa es cómplice
Desde Italia, pues, ampliamos el horizonte. Nos preguntamos sin rodeos: ¿qué hubiera pasado si en lugar de Ilaria Salis, ciudadana italiana, hubiera habido una ciudadana estadounidense? ¿Qué habrían hecho los Estados Unidos de América? Tal vez hubieran enviado cazabombarderos para sobrevolar la casa del primer ministro de Hungría. Nosotros, poco o nada.
¿Qué piensa hacer Europa?
En un "mundo normal" se haría todo lo posible para expulsar de la Unión Europea a este país que está mostrando lo peor con sus políticas fascistas.
Es una pena que, a pesar de las continuas violaciones del estado de derecho cometidas en Hungría (y lo mismo ocurre en Polonia), no podamos ir más allá del bloqueo de los fondos de la UE que ha recibido durante décadas.
De hecho, la expulsión forzosa no estaba prevista en los Tratados de la Unión Europea. Los países de la UE solo pueden abandonar la UE voluntariamente, como lo hizo el Reino Unido en el 2017.
Una locura, sobre todo si tenemos en cuenta que la deriva nazi y fascista, con las ultraderechas cada vez más cerca de posiciones de poder, se está extendiendo en varios países (el caso más reciente es Holanda).
Una demostración de debilidad contraria a todo concepto de democracia. La demostración de que no hemos aprendido nada de la historia.
El caso Salis es escandaloso porque se pisotea su dignidad.
Atención. Ya hay quienes "utilizan" lo que está sucediendo contra Salis para decir que Italia también tiene su "deriva" en normas antimafia como la cadena perpetua y el 41 bis. Pero no se deben mezclar los temas.
Italia, a la vanguardia en la lucha contra el crimen organizado, tiene la mejor legislación en la materia, fruto de la experiencia y el sacrificio de muchos magistrados e investigadores. Y no olvidemos que entre las víctimas que libraron esta lucha también hay políticos, empresarios, sacerdotes, ciudadanos, niños, todos ellos pertenecientes a la larguísima lista de mártires afectados por la violencia mafiosa.
La mafia no es una organización criminal como muchas otras (un hecho que ciertos pelucones de las cortes europeas parecen ignorar) y ciertas restricciones a las libertades se han vuelto necesarias para impedir que los jefes mafiosos sigan gobernando desde prisión.
Que nunca suceda que algún político, en la ola emotiva del tema Salis (como sucedió con el uso instrumental del caso Cospito), aproveche para aligerar las duras penas de prisión de jefes como los hermanos Graviano, los Bagarella, las Madonia o los Biondino.
El caso de la profesora italiana, detenida y juzgada en Hungría, no tiene nada que ver con las mafias ni con los miles de millones que invierten en todo el mundo.
Por eso decimos no a las instrumentalizaciones de cualquier tipo.
Mientras tanto, que la política, toda ella, piense en Salis. ¿O deberíamos pensar que en Italia y Europa somos cómplices de los gobiernos fascistas?
Imagen de portada: reelaboración gráfica de Paolo Bassani