Sin colaboración, el pacto mafioso permanece intacto. Se requiere vigilancia y responsabilidad para no dejar solos a quienes denuncian a Cosa Nostra
La investigación publicada por Il Fatto Quotidiano sobre los jefes excarcelados exige una reflexión seria y responsable: decenas de hombres ligados a familias históricamente vinculadas a las altas esferas de Cosa Nostra -los "herederos" de las épocas de Totò Riina y Matteo Messina Denaro- han vuelto a la libertad tras el vencimiento de sus penas de prisión preventiva o el cumplimiento de sus condenas. No son liberaciones "ilegítimas": son fruto de la legislación vigente, de ese principio cardinal del Estado de derecho según el cual nadie puede permanecer detenido más allá de los límites establecidos por la ley o sin una condena firme dentro del plazo previsto.
Y es correcto partir desde aquí. La legalidad se aplica a todos, incluso a los mafiosos. Pero la legalidad formal no agota el problema. Porque hablamos de individuos que, debido a su historial judicial y perfil criminal, han ocupado puestos de responsabilidad o estratégicos dentro de Cosa Nostra. Hablamos de hombres que crecieron dentro de una estructura que no es una organización cualquiera, sino un sistema de poder fundado en lazos de sangre, silencio, relaciones con el poder (incluso institucional) y, en ocasiones, también secretos inconfesables, como los que rodearon las masacres de 1992 y 1993.
Durante la entrevista con Il Fatto Quotidiano, enfatizamos un punto clave: la libertad obtenida al cumplir una condena no implica automáticamente la ruptura de vínculos con Cosa Nostra. La organización mafiosa es un pacto que históricamente solo puede disolverse de dos maneras: mediante la cooperación con la justicia o mediante la muerte. Quienes no cooperan siguen siendo, por definición, hombres de honor.
Este es el verdadero problema social y judicial al que nos enfrentamos hoy. Quienes salen de prisión son libres por ley, pero en muchos casos siguen siendo portadores de capital relacional, simbólico y criminal. Poseen memoria histórica, contactos y legitimidad interna. Pueden representar, especialmente en zonas aun densamente pobladas por grupos mafiosos, un punto de referencia para la reconstitución de estructuras organizativas o la reanudación del tráfico ilícito temporalmente latente.
Esto no significa criminalizar la libertad ni exigir medidas arbitrarias. Tampoco es un escándalo. Significa exigir que las herramientas ya previstas por la ley (vigilancia especial, medidas preventivas, control de activos) se apliquen con rigor y prontitud. La vigilancia constante por parte de las autoridades competentes es una forma de prevención y debe implementarse de inmediato. Es la protección concreta de la seguridad colectiva.
Diferente, y en muchos sentidos aún más preocupante, es la cuestión de los permisos premio concedidas en los últimos años incluso a altos jefes mafiosos. Ya no se trata de penas de prisión, sino de beneficios penitenciarios otorgados a sujetos que nunca se han distanciado de la organización mafiosa.
Desde el 2019, una sentencia del Tribunal Constitucional ha establecido que incluso los jefes de la mafia pueden acceder a beneficios penitenciarios, siempre que no existan pruebas de participación activa continua en la organización mafiosa ni un riesgo concreto de reencuentro con los clanes. Posteriormente, el Tribunal de Casación añadió un criterio que debería ser vinculante: la obligación de indemnizar a las víctimas de los delitos cometidos. Este es un principio sacrosanto desde una perspectiva jurídica y moral, pero en la práctica parece aplicarse muy raramente, ya que casi todos los delincuentes condenados declaran que ya no poseen nada debido a las incautaciones y confiscaciones. Esto crea una clara brecha entre el requisito formal y su cumplimiento real, con el riesgo de transformar una condición estricta en un cumplimiento carente de sustancia.
Sobre este punto, magistrados como Sebastiano Ardita han dado la voz de alarma reiteradamente, enfatizando el riesgo de que tales concesiones se perciban externamente como una "señal de relajación" de la presión estatal sobre las organizaciones criminales.
Ardita insiste que el regreso de figuras carismáticas, incluso temporalmente, puede impulsar nuevas jerarquías y lealtades, reforzando la idea de que la prisión no rompe realmente la cadena de mando. Este es un mensaje peligroso no solo para el sistema represivo, sino también para quienes, día a día, optan por mantenerse al margen denunciando delitos.
Esta es una señal muy delicada para los colaboradores de justicia, quienes han roto ese pacto de sangre con un alto costo personal y familiar. Y es igualmente delicado para los empresarios que denuncian el crimen organizado, para los comerciantes que se oponen a la extorsión, para los ciudadanos que denuncian a los clanes. Si la percepción es que los jefes pueden volver a ejercer una influencia tangible en la zona, el riesgo es el aislamiento de quienes denuncian y el fortalecimiento del miedo.
La historia de Cosa Nostra nos enseña que la pertenencia no se desvanece con el paso del tiempo, ni porque ya no haya tiroteos como en la época de los corleoneses. Un afiliado que no coopera sigue siendo miembro de la organización mafiosa de por vida. Esta es una regla no escrita pero férrea, reafirmada por decenas de sentencias judiciales y cientos de declaraciones de colaboradores.
Por esta razón, respetando las garantías constitucionales y las decisiones judiciales, creemos que es necesaria una supervisión cuidadosa y constante. Los fiscales competentes, empezando por la fiscalía de Palermo, están llamados a mantener un alto nivel de vigilancia sobre estas personas que regresan a sus zonas de origen y que, debido a su pasado y su rol, podrían aspirar a volver al poder.
Las mafias prosperan cuando bajamos la guardia, cuando el tiempo apaga la indignación, cuando la normalización reemplaza a la vigilancia. La libertad que otorga la ley es un principio inalienable del Estado, pero también lo es la prevención del delito. Y es en este sutil pero crucial equilibrio donde se juega hoy la partida decisiva para la credibilidad de las instituciones y la seguridad de los ciudadanos.
*Foto de portada © Imagoeconomica
*Foto 2: Sebastiano Ardita, Fiscal Adjunto de Catania © Paolo Bassani