Transcripción integral del discurso del Dr. Di Matteo en la conferencia

“Cuestiones y visiones de la justicia: perspectivas de reforma"

Por Giorgio Bongiovanni - Video completo - 03 de junio del 2017

A 25 años de las masacres de Capaci y Via d'Amelio son tantas las preguntas que siguen sin respuesta. A continuación publicamos el discurso completo del fiscal de Palermo Antonino Di Matteo, que habló en la conferencia "Cuestiones y visiones de Justicia: Perspectivas de reforma", ya que creemos que se inserta entre los, por desgracia, pocos magistrados que continúan buscando la verdad sobre estos hechos. Verdad que, como ya hemos dicho en varias ocasiones, podría dar lugar a una verdadera renovación. Desenmascarar a esos hombres enmascarados, que ordenaron las masacres y las apoyaron y que se esconden dentro del Estado y entre los vericuetos de la economía y el poder, sería liberar a nuestro país de los condicionamientos criminales y mafiosos que lo oprimen.

La transcripción del discurso de Nino Di Matteo

"Buenas noches a todos. En primer lugar quiero agradecer a los señores Di Maio y Bonafede que me invitaron y me permitieron participar de esta conferencia tan interesante en un lugar tan prestigioso. Voy a expresar el punto de vista de un juez que durante los últimos 25 años es responsable de las investigaciones y los procesos de Cosa Nostra. Me he ocupado de los crímenes mafiosos ordinarios, extorsiones, tráfico de drogas, asesinatos, guerras de la mafia. Me he ocupado de matanzas y asesinatos de jueces y funcionarios y sobre todo de los procesos que implicaban la hipótesis de enjuiciamiento a la colusión entre políticos, representantes del mundo del poder y organizaciones mafiosas. He trabajado en procesos que involucran hipótesis de lavado de dinero de la mafia, pero créanme, me acerco a este tema con sincera humildad, sin ninguna pretensión de exhaustividad, pero con una conciencia adquirida en estos 25 años que es, permítanme decir, muy precisa y neta. Las cuestiones mafiosas, la difusión de los métodos de la mafia, incluso por fuera de los grupos criminales tradicionales, o dentro de las instituciones o del poder, la cada vez más evidente conexión e interacción entre el sistema mafioso y los corruptos, constituyen hoy un gravísimo factor que condiciona y deteriora la verdadera democracia en nuestro país. Una intolerable y sistemática violación de los derechos constitucionales fundamentales. Por eso estoy convencido, y esta convicción, créanme, es sincera, que desde la perspectiva de la última aplicación efectiva de los principios de nuestra Constitución, la lucha contra la mafia, la corrupción y la ilegalidad, y sobre todo, la ilegalidad de los llamados cuellos blancos y del poder, debe ser lo que hasta ahora no ha sido, que es ser el primer objetivo de todo gobierno de cualquier orientación o color político.

Históricamente Cosa Nostra ha sido la organización criminal de tipo mafioso que más que ninguna otra ha levantado y ejercido concretamente, en los niveles más altos, su pretensión de participar activamente en la gestión del poder en nuestro país. Ha sido protagonista, todos ustedes lo saben, de los crímenes más atroces, de asesinatos de funcionarios y masacres que han influido y siguen influyendo en nuestra democracia. Y esto no es nada nuevo. No crean a aquellos que les dicen que hoy en día la mafia ha cambiado. Desde siempre Cosa Nostra tiene en su ADN la capacidad de establecer, cultivar y mantener en el tiempo una estrecha relación de convivencia y sinergia con el poder oficial: política, económica, financiera e institucional.

Este enorme y peculiar capacidad de Cosa Nostra se ha demostrado y ejemplificado en tantos hechos resultantes de procedimientos judiciales, que no sería conceptualmente honesto relegarlos a la categoría de ocasionales y comunes alianzas criminales. Representan algo mucho más significativo. Son las historias de las cuales ya no se habla más, después de que en el pasado solo se habló poco y mal, a menudo con la tergiversación consciente de la verdad, incluso cuando ya había sido consagrada en las sentencias definitivas del poder judicial. Me refiero, entre otros, a los hechos de la sentencia definitiva del siete veces Presidente del Consejo de Ministros Giulio Andreotti, y a la sentencia contra uno de los líderes de mayor nivel de la policía estatal y luego de los servicios de seguridad, el Dr. Contrada. También me refiero a la sentencia Dell'Utri, a los hechos judiciales más recientes que involucran a dos de los últimos presidentes de la región de Sicilia, el Senador Salvatore Cuffaro y el Sr. Raffaele Lombardo.

Esto es solamente para recordarles y recordarnos a todos un hecho que una vez Salvatore Cancemi, arrepentido que pertenece a la cúpula de Cosa Nostra, me dijo con énfasis: "Mira, Riina me decía siempre, 'si no hubiéramos tenido relación con la política, relación con el poder, hubiéramos sido una banda de chacales o una banda de delincuentes comunes’''. Y yo agrego, una banda fácilmente desarmable con una acción ordinaria de represión penal. Las cabezas pensantes de la organización, también Riina, tienen la conciencia precisa de la importancia decisiva de las relaciones con el poder externo para la propia existencia.  Lo que continúa, y eso me tiene muy decepcionado y preocupado en este momento, es la ausencia de una conciencia institucional y de políticas frente a la necesidad de dar un salto cualitativo: romper de una vez por todas cualquier posibilidad de relación entre la mafia y la política. Ellos tienen la conciencia del peso que tienen estas relaciones. Nosotros, el Estado, debemos madurar este conocimiento y traducirlo en acción. Para ganar la guerra es necesario crear las condiciones para romper estas relaciones. El intento no puede prescindir de la recuperación de la autonomía y de la primacía del papel de la política.

Durante demasiado tiempo la política ha preferido delegar exclusivamente al poder judicial la tarea de luchar contra el crimen. Durante demasiado tiempo ha renunciado a su función primaria e irrenunciable en una democracia. Ha preferido fingir no entender que ciertas conductas, independientemente de su naturaleza criminal, tienen que ser consideradas ética y políticamente reprobables.

Durante demasiado tiempo el poder en todas sus formas ha superpuesto deliberadamente, hasta hacerlas coincidir, dos tipos de responsabilidad profunda y ontológicamente diferentes: la responsabilidad penal y la política, pretendiendo respetar el principio constitucional de la presunción de inocencia de todos los acusados hasta la condena definitiva, que es otro y se refiere al juicio penal.

En mi opinión, es precisamente debido a este mecanismo perverso que se ha producido, por ejemplo, la santificación de Andreotti, después del fallo que declaró la prescripción del delito, al menos hasta el año 1980. Es por este mecanismo perverso que, por ejemplo, Cuffaro y Dell'Utri han sido nuevamente candidatos y elegidos en 2008, a pesar de la notoriedad objetiva, incluso entonces, de su relación con la mafia. Es por este mismo mecanismo que, no obstante lo decidido en la sentencia definitiva del senador Dell'Utri y la condena firme por delitos graves, notificadas personalmente, Berlusconi sigue siendo capaz de jugar un papel importante y decisivo en el contexto político interno. Para un ciudadano, incluso antes que para un juez, esto parece aún más paradójico en un contexto en el que recientemente el Parlamento, que no ha votado la separación de un miembro condenado definitivamente, en aquellos días parecía preocuparse sólo por poner reglas estrictas para evitar que los magistrados pudieran presentarse a las elecciones. ¡Parece un mundo al revés!

Por eso, siendo necesario recordar el deber de proporcionar mecanismos de rendición de cuentas políticas que prescindan de cualquier responsabilidad penal, creo que constituiría una señal positiva importante la aprobación del código de ética del Movimiento Cinco Estrellas. El mismo contiene dos conceptos distintos de responsabilidad y, por último, de conformidad con el artículo 54 de la Constitución permite y, a veces obliga a la activación de los mecanismos de rendición de cuentas que se fundamentan en el respeto básico del principio constitucional. Principio que impone, a cada ciudadano encargado de la función pública, desempeñarla con disciplina y honor.

Siguiendo con este tema se ha hablado mucho, diría que se está hablando ininterrumpidamente desde hace casi 30 años, de guerra entre la política y el poder judicial. Estoy convencido de que esta es una representación falsa de la realidad. Estoy convencido de que hemos sido testigos de una acción unilateral, constante, sistemáticamente bien organizada, de una gran parte de la política transversal de diversos estamentos o facciones, en contra de aquella parte de la magistratura, en muchos momentos minoritaria, que aún se obstina en su deseo de ejercer el control de legalidad incluso ante el poder político. Una acción contra los jueces que no se ajustan a los deseos de los gobernantes de turno.

Estamos acostumbrados, cada vez que tenemos noticias de una investigación sobre la aparición de una posible relación de colusión entre la mafia y la política, a dos tipos de reacciones. Por un lado se habla a los gritos de la conspiración judicial, el otro lado dice que se debe esperar a que concluya el trabajo de los jueces con sus sentencias finales. Personalmente me preocupa más este segundo enfoque, ya que oculta la decisión deliberada de ejercer el control político de ciertas conductas, incluso cuando no es posible configurar o probar el delito. La política ha retrocedido cobardemente cargando sobre los hombros del poder judicial la tarea de combatir a la mafia. ¡Otra que invasión de campo del poder judicial!

Cada tanto me vuelvo a impresionar escuchando una de los últimos discursos de Paolo Borsellino, unas pocas semanas antes de ser sacrificado, junto con los agentes de su escolta en la Via D'Amelio. Hablando en un debate público referido al ya por entonces viejo problema de la relación entre la mafia y la política, Paolo Borsellino hacía hincapié en lo grave que era la actitud de no censurar conductas que acreditaban la relación de la política con la mafia, cuando dichas conductas no podían ser tomadas como penalmente relevantes en sentencias definitivas.

A veces pienso con amargura, créanme, sin ningún tipo de controversia, en el hecho de que, probablemente, del ‘92 hasta hoy la situación ha empeorado, porque ahora no alcanzan siquiera las conclusiones contenidas en una sentencia definitiva para activar los mecanismos de la rendición de cuentas.

Me hizo una fuerte impresión que justamente en los mismos días en que el Tribunal de Casación decretaba el carácter definitivo de la sentencia contra el senador Dell'Utri y condenaba la conclusión de los Jueces de mérito del Tribunal de Apelación de Palermo, confirmado por el Tribunal Supremo, afirmando en la sentencia definitiva que desde 1974 hasta 1992 fue firmado, luego mantenido recíprocamente y alimentado un pacto de protección mutua entre las principales familias de la mafia en Palermo y el ahora empresario Silvio Berlusconi, justo en aquellos días, el entonces Presidente del Consejo de Ministros, Matteo Renzi, estaba discutiendo con Berlusconi la manera de reformar nuestra Constitución.

En el día de hoy muchas cosas se han dicho. Voy a tratar de no repetir todo aquello que, en mi opinión, ya fue compartido o expresado por los que me precedieron y hablaron de la interacción entre la mafia y la corrupción. Ahora, en la búsqueda de su intención de lucro, grupos empresariales de diferente textura y extracción, cada vez con más frecuencia repiten, alternando o integrándolos entre sí, los métodos corruptos y los métodos típicamente mafiosos. A su vez, las mafias, para reciclar el dinero e invertirlo en actividades aparentemente lícitas, recurren directamente al método corrupto o utilizan ese método por intermedio del empresario con vínculos más aceitados y fuertes con los mecanismos de la administración de los asuntos públicos.

Por esta razón, hoy en día la mafia y la corrupción se destacan como las dos caras de la misma moneda, segmentos de un sistema penal integrado. Es por eso que tenemos que encontrar la capacidad de localizar y reprimir de manera homogénea estas dos caras de la misma moneda. Y eso, hoy en día, no se hace. La situación de los presos en nuestras prisiones lo demuestra: las estadísticas ya se mencionaron anteriormente. Un número irrelevante de presos, realmente irrelevante, está cumpliendo una condena firme por delitos de corrupción, sobornos, manipulación de licitaciones o intercambio político electoral mafioso.

Hay que decir la verdad y tenemos que tener el valor de llamar a las cosas por su nombre y apellido. No es posible poner en una situación de sustancial y total impunidad a conductas gravísimas que pesan insoportablemente no sólo por las pérdidas económicas, de las cuales estoy seguro no se han hecho estimaciones precisas, sino por la mortificación de las legítimas expectativas de los ciudadanos honestos y por un efecto generalizado de la inducción a la delincuencia que la certeza de la impunidad produce en nuestra sociedad.

Por lo tanto, también hay que tratar de prever remedios. Cómo operar un salto cualitativo en las acciones contra la mafia y el sistema criminal integrado de mafiosos y corruptos. Parto desde la base. Fueron hechos desde el '92 hasta la fecha importantes pasos adelante en la represión de la llamada mafia militar, sin embargo, debemos mantener la fortaleza de los instrumentos jurídicos que han permitido este avance en la lucha contra dicha mafia.

Me preocupa oír hablar en repetidas ocasiones de la posibilidad de abolir la cadena perpetua también para los mafiosos. Me preocupa oír hablar de la posibilidad de ampliar la aplicabilidad de los beneficios penitenciarios de diversos tipos también para los condenados por crímenes mafiosos. Me preocupa porque sé que, con la experiencia que he adquirido durante muchos años de proceso, que la cadena perpetua y el 41 bis siempre han sido las principales espinas para Cosa Nostra, al punto tal que la abolición de la cadena perpetua y la eliminación del 41 bis son sin duda dos de los principales objetivos de las peticiones que los líderes de la mafia le hacen al Estado en el llamado “Papello” (Nota: lista de exigencias de la mafia, ndt), para dejar de hacer matanzas, para que cese la estrategia de las masacres iniciadas con el asesinato de Lima y que continuó hasta el ataque fallido al Estadio Olímpico de Roma en enero de 1994.

Es preciso ahora prestar atención porque creo, y lo creo también, obviamente, sobre la base de la experiencia cotidiana que da la investigación, que aún hoy muchos de los jefes de la mafia que podrían pensar en empezar a trabajar con la Justicia, y que quizás serían capaces de llevarnos a un avance en la investigación, encuentran una fuerza contraria a esta opción para ellos tan dura, en la esperanza alimentada por las discusiones y proyectos de ley para que el Estado revise la legislación sobre la cadena perpetua y el 41 bis. Pero ¿cómo dar ese salto de calidad? Por lo pronto es preciso mantener las herramientas que se adoptaron gradualmente. Tenemos que superar un peligroso prejuicio ideológico, aquél que aún hoy sugiere que el caso de concurso externo es menos grave que la situación de pertenencia formal. Hay que superar el prejuicio de no tener en cuenta la enorme gravedad de un determinado comportamiento, que todavía trae penas mucho menores previstas para la mafia en el delito de intercambio político electoral mafioso (416 ter), respecto de la hipótesis prevista en el 416 bis de pertenencia aunque sólo sea formal o residual de un hombre a la organización de la mafia. Tenemos que entender bien cómo tratar desde un punto de vista legislativo el tema del voto en el intercambio político electoral mafioso y evitar la repetición de ciertos errores, como lo fue en mi opinión, la aprobación de la ley sobre 416 ter, el cual de hecho, tal como ha sido concebido y escrito, marcó un paso atrás en comparación con el anterior, por lo que algunos procesos del 416 ter que se habían celebrado con anterioridad y concluido con una condena, después de la introducción del nuevo texto han sido objeto de reforma en el Tribunal Supremo y de absolución definitiva de los acusados.

Pero el verdadero salto cualitativo no puede ignorar el hecho de que la mafia y la corrupción son dos segmentos de un mismo sistema criminal. Es intolerable que se prolongue por más tiempo la impunidad sustancial que he mencionado para los delitos de cuello blanco o los delitos de los funcionarios contra la administración pública. Creo y espero que los que van a gobernar el país en los próximos años deben, con hechos y no solo con anuncios políticos como lo han hecho hasta la fecha, cambiar de estrategia. Se debe hacer un cambio en la legislación y en la política criminal para combatir la corrupción y todos los crímenes de cuello blanco, para evitar que la justicia se transforme definitivamente en una máquina capaz de usar la fuerza solamente en contra los más débiles, en contra de los desposeídos, en contra de los desesperados, en contra de los que a menudo cometen crímenes por necesidad. Ahora voy a tocar algunos puntos que se han dicho esta mañana y también por la tarde. Obviamente, no podemos en esta oportunidad tratar todos los temas, pero sí me permitiré tratar algunos. En este cambio de estrategia, algunas reformas podrían resultar efectivas de inmediato, en primer lugar el de la ley de prescripción de los delitos. Es inaceptable que la gran mayoría de los casos de corrupción o delitos de este tipo concluyan, incluso cuando los investigadores son capaces de demostrar la existencia del hecho y de identificar a los culpables, con la extinción del delito por la prescripción. Se debería interrumpir el curso de la misma como consecuencia del ejercicio de la acción penal o, en su defecto, comenzar el plazo prescriptivo cuando el delito se descubre y no desde el momento en que fue cometido.

Entonces, sé que puedo ser criticado o que no se comparta  esta propuesta, pero en mi opinión para este tipo de delitos se requeriría un aumento de las penas. No me refiero a las penas máximas, o por lo menos no sólo o no tanto a aquéllas, sino sobre todo a las penas mínimas, para evitar lo que se repite todos los días, es decir que el condenado logra evitar sistemáticamente con el uso de medidas alternativas hasta un sólo día de detención, aún en el caso de episodios muy graves de corrupción o abuso de la función pública.

En su lugar, estoy firmemente a favor de la introducción y de la institucionalización de la figura, no sólo del agente encubierto, sino también del llamado agente provocador como ya está previsto en otros sistemas de avanzada en el derecho penal, como los Estados Unidos, siempre y cuando se proceda con un riguroso control, desde el comienzo de la infiltración, por parte de las autoridades judiciales.

Vería favorablemente la implementación de beneficios procesales aún más importantes de los que ya existen para quienes colaboren con el sistema de justicia, similares a los previstos para los arrepentidos de la mafia. En este sentido se adapta perfectamente, en mi opinión, la propuesta de ampliar a los casos más graves de corrupción, la legislación relativa a las medidas de prevenciones patrimoniales previstas para los sospechosos de delitos de la mafia, sobre todo porque de este modo se frustrarían las esperanzas, por no decir la certeza, de los corruptos de poder salir de cada investigación completamente indemnes debido al lapso de la prescripción del proceso penal. Sería en última instancia, ayudar a romper el vínculo de complicidad que une a corruptores y corruptos, y a los corruptos entre sí, en el perverso sistema que se perpetúa hoy hasta el infinito.

Para el sistema de corrupción de la gestión privada, cabildeo o presión ejercida sobre el poder, alimentada por sobornos o por el peso de su influencia, una norma como la que tiene el proyecto de ley que fue presentado recientemente también por Antonio Ingroia, significaría lo que significó para los mafiosos la iniciativa de Pio la Torre: un terremoto finalmente capaz de sacudir el delicado equilibrio basado en una evaluación costos-beneficios-riesgos, que todavía inclina la balanza a favor de la corrupción.

Creo que incluso en el terreno del apoyo político a este tipo de propuestas se juega la enésima oportunidad de redención de una clase política que necesita recuperar, en el interés de todos, la credibilidad y la autoridad a partir de la capacidad y la voluntad de privilegiar el valor de la honestidad.

Y ahora algunos puntos de reflexión sobre la magistratura italiana. La magistratura italiana debe hacer la parte que le corresponde, pero también la política debe hacer la suya. Cada uno de nuestros magistrados tendrá que hacer todo lo posible para preservar la eficacia de la autonomía y de la independencia del juez individual, pero también la política debe hacer esto. Y también la política debe luchar para cambiar los odiosos sistemas de división del poder y de regulación del  autogobierno del poder judicial que hemos tomado de la peor política. Cada uno de nosotros, magistrados, deberá resistir la tentación de satisfacer las cada vez más evidentes influencias externas que tienden a orientar la actividad judicial en función de criterios de conveniencia política.

Con respecto a la evaluación de las consecuencias de los actos, fui personalmente informado por colegas, profesores universitarios, abogados, que en todo el asunto referido a la intercepción casual e indirecta que involucró al entonces Presidente de la República, "habíamos actuado adecuadamente". ¿Saben cuantas veces he oído que actuamos correcta y diligentemente cuando pedimos y obtuvimos del Tribunal Penal la citación judicial del presidente Napolitano? ¿Y saben cuántas veces en esas mismas ocasiones me dijeron también "pero no era oportuno?".

Así que el problema, que afecta no sólo a este caso sino también a muchos otros, (se podría mencionar entre esos otros lo que he oído sobre las investigaciones judiciales a la siderúrgica Ilva de Taranto y tantas otras situaciones), es que debemos luchar. Nosotros los jueces, nosotros los ciudadanos y la política tienen que luchar por un poder judicial autónomo e independiente, que evalúe exclusivamente el sentido del deber en sus acciones y nunca la oportunidad política.

Cada uno de nosotros, jueces, y los políticos, deben combatir la cada vez más evidente estandarización y la burocratización del poder judicial, que avanza cada día más rápidamente a través de la jerarquización de los fiscales, a través de la elección de los jefes de oficinas, atentos más que a hacer justicia a no desestabilizar la estructura de los políticos del momento. Debemos luchar contra la mentalidad que por desgracia se está apoderando de una parte del poder judicial, que es la lógica exclusiva de los números, de las estadísticas. Esa lógica que Giovanni Falcone llamaba de tarjetas adheridas. Debemos luchar contra la lógica de la contención de los costos de las investigaciones y del proceso en detrimento de la calidad, de la profundización, de la verdad buscada tenazmente, incluso cuando otros alcen a nuestro alrededor un muro de silencio, de falsas pistas, de omertá institucional.

Una nota final. En estos días en que se recuerda a la masacre de Capaci hemos visto, y créanme que sufro al afirmar esto, el triunfo de la hipocresía, de la retórica estéril, de los tantos que pretenden conmemorar a los muertos después de haberlos humillado en vida. Hemos visto a aquellos que sólo quieren traer aspectos emocionales o intimistas diciendo que han tenido, y siguen teniendo, una importancia muy amplia en la historia de nuestro país. Me abstuve deliberadamente de participar en el coro de las declaraciones, de los recuerdos y de las pasarelas televisivas.

Hoy sólo quiero hacer hincapié en mi convicción: desde 1992 hasta la fecha el esfuerzo importante y difícil de muchos magistrados e investigadores hizo posible alcanzar, con los procesos que se han tramitado a causa de las matanzas del '92 y '93, los resultados importantes, que no se descuentan y que sería muy injusto subestimar. Por ejemplo, en relación con la masacre de Capaci tenemos una sentencia firme que condena a 37 autores materiales e intelectuales de la matanza. Son todos hombres de Cosa Nostra.

Es un logro importante en el país de las masacres impunes. Pero quien verdaderamente sabe y conoce todo lo que surgió de las investigaciones y de los procesos de hoy, veinticinco años más tarde, no puede atribuir responsabilidad exclusivamente a la mafia en esa matanza. Estas sentencias no deben constituir el punto final en el esfuerzo para llegar a la verdad, sino un punto de partida a través del cual relanzar la búsqueda de, en mi opinión, las cada vez más evidentes responsabilidades de los entornos y de personajes extraños a Cosa Nostra.

Son verdaderamente numerosas y concretas las señales, las pistas y los hechos de los cuales partir en la búsqueda de toda la verdad, porque una verdad parcial es siempre una verdad negada. Hoy quiero mencionar sólo algunas de las preguntas que quedaron sin respuesta luego de esta temporada de investigaciones y procesos.

¿Por qué en este Parlamento, en marzo del '92, la máxima autoridad en seguridad pública, el Ministro del Interior Scotti, habló inmediatamente después del asesinato de Lima ante la Comisión Antimafia y la Comisión de Asuntos Constitucionales, del comienzo de un plan de desestabilización mafiosa, y no sólo mafiosa, para subvertir el orden democrático? ¿Y debido a qué esa alarma fue absolutamente subestimada, incluso después de que las masacres de Capaci y Via D'Amelio confirmaran su atendibilidad?

¿Por qué el Ministro del Interior fue sustituido y no fue ministro en el nuevo gobierno que asumió el poder el 28 de junio del '92? ¿Debido a qué los mafiosos que ya habían diseñado y preparado en todos sus detalles el asesinato del juez Falcone en Roma, fácil de ejecutar, fueron retirados y llamados a Palermo por Salvatore Riina debido a que el atentado debía ser llevado a cabo en esta ciudad con formas sensacionales, a pesar de las dificultades, haciendo saltar un pedazo de carretera?

¿Qué quería decir Riina en el 2013 cuando su compañero de andanzas Lo Russo, relató que le había manifestado a sus asociados que si se hacía circular dentro de Cosa Nostra toda la verdad sobre la masacre sería el fin de la organización mafiosa? Esto fue dicho por Salvatore Riina.

¿Cuáles son las personas que lo apoyaban, de las que habló el arrepentido Cancemi, y que en el período de las masacres se reunían con Riina? ¿Por qué alguien se ha tomado el trabajo de deshacerse de los archivos informáticos de Giovanni Falcone? ¿Por qué Giovanni Falcone se había llevado con él a Roma algunas actas relacionadas con Gladio, la misma organización de cuya existencia, antes de hacerse conocida, ya se hablaba en Palermo y consta en algunas declaraciones?  

¿Por qué el control remoto fue entregado por Pietro Rampulla, exponente histórico de la extrema derecha, a Giovanni Brusca que lo accionó como dice la sentencia? ¿Y por qué Pietro Rampulla que debía participar materialmente del atentado el 23 de mayo, citando una excusa, se quedó en su casa?

¿Cuál es el verdadero origen y el verdadero significado del papelito recuperado por la policía científica del cráter en Capaci pocas horas después de la matanza, y que contiene anotaciones  de números telefónicos que refieren al SISDE en Roma y al jefe del SISDE de Palermo? (Nota: SISDE, uno de los Servicios Secretos de Italia, ndt)

¿Qué hay detrás de la muerte de Gioè Antonino, uno de los autores de la matanza, que estaba realizando un acuerdo paralelo al más conocido con el Estado para la recuperación de obras de arte robadas por Cosa Nostra a cambio de la concesión de arresto domiciliario a hombres prominentes de la organización mafiosa? ¿Por qué esta persona se suicidó, suponiendo que se haya suicidado?

¿Básicamente quiénes son y cuál es el papel que tuvieron en las matanzas las mentes refinadas ya identificadas por Falcone como los verdaderos inspiradores y autores del atentado que sufrió en junio del ‘89 en Addaura?

¿Por qué en tan poco tiempo después de Capaci se preparó el ataque en Via D'Amelio? La sentencia dice que se aceleró. ¿Por qué se aceleró? ¿La sustracción de la agenda roja fue funcional para evitar que se encuentre el motivo de esta aceleración y de la prisa para matar a Borsellino?

En presencia de estos y muchos otros huecos para llenar, no podemos estar satisfechos con la retórica. No es aceptable lo que vivimos hoy o que el interés por profundizar en la verdad de estos hechos sea prerrogativa de muy pocos magistrados y de muy pocos investigadores, siempre solos, sin recursos, cuando no obstaculizados o ridiculizados como apasionados por la arqueología judicial. Magistrados que son comparados a los últimos japoneses que insistían en combatir en una guerra que se había terminado hace mucho..

Hoy, para no traicionar y pisotear la memoria de Giovanni Falcone tenemos una sola carretera, dura, tortuosa, que costará lágrimas y sangre a aquellos que tengan el valor de transitarla: hay que exigirle el máximo esfuerzo en la continuación de las investigaciones a las autoridades judiciales, a la Comisión Antimafia con sus tareas de coordinación y de impulso y a las Direcciones de Distrito Antimafia competentes. Debemos exigir el máximo esfuerzo máximo a la excelencia de las fuerzas policiales, como se aseguró inmediatamente después de las matanzas para tratar de encontrar a los ejecutores materiales de la mafia.

Los ciudadanos y los miembros del parlamento deben considerar seriamente la oportunidad, en mi opinión muy clara, de una investigación política a fondo, tal vez de la Comisión Antimafia, que acompañe y apoye el esfuerzo judicial.

Debemos estimular la máxima atención de la opinión pública. Los ciudadanos debemos exigir verdad y justicia. Sólo así creo que va a seguir teniendo sentido la esperanza de que las ideas, las pasiones y el profundo sentido de justicia de Giovanni Falcone siga viviendo hoy y para siempre. Gracias.