Héctor Sibilla fue un símbolo de la responsabilidad empresarial en el terrorismo de Estado

Otro genocida se fue en silencio a la tumba. Héctor Sibilla murió a los 97 años en una clínica privada. El exjefe de Seguridad de Ford, en la planta de Pacheco, había sido condenado en el 2018 por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 24 obreros de Ford que fueron secuestrados inmediatamente después del golpe de Estado del 24 marzo de 1976, siendo algunos retenidos y torturados dentro del predio de la fábrica, convertida en ese momento en un centro clandestino de detención. La condena que fue ratificada en el 2021, también alcanzó a Pedro Müller, quien era miembro del consejo directivo de Ford Argentina, y en la práctica el número dos de la empresa. La casa matriz de Ford nunca emitió un comunicado respecto a estos crímenes que formaron parte de una decisión política del empresariado argentino, pero no solo, para amedrentar a los obreros, flexibilizar los contratos laborales y maximizar ganancias.

Héctor Francisco Jesús Sibilla se había enlistado en el ejército cuando tenía 20 años, luego de haber finalizado sus cursos en el Colegio Militar de la Nación, en 1946. Durante 16 años hizo carrera llegando a retirarse en 1962, con el rango de mayor. Naturalmente el militar una vez retirado volcó sus conocimientos al ámbito privado, en una empresa de seguridad llamada ORPI SRL (Organización de Protección Industrial), que tenía entre sus clientes a la compañía automotriz de origen yankee. Fue así como Sibilla entusiasmo a sus jefes que lo efectivizaron como jefe de seguridad de la planta de General Pacheco en 1967, permaneciendo en el cargo hasta el momento de su retiro en agosto de 1987. Es importante considerar que, en julio de 1976, ya conjeturado el golpe de Estado, luego de haber entregado a los empleados “subversivos”, estando ya retirado, Héctor Sibilla es premiado por el ejército argentino, siendo ascendido al rango de teniente coronel. Por si fuera poco, Sibilla fue empleado de la oficina de Seguridad de la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires hasta febrero de 2004, desconociéndose la fecha de vinculación.

Dato no menor es el hecho de que Sibilla murió el pasado día 4 de mayo, pero por extrañas situaciones aún no aclaradas; el hecho fue informado al tribunal casi una semana después, para luego trascender a la prensa.  

De los 24 obreros que fueron secuestrados a dedo por orden de la patronal, quienes fueron los encargados de armar las listas para ser entregados al ejército, solo 12 llegaron vivos al juicio que inició recién en 2017, luego de inescrupulosas maniobras de dilación por parte de los abogados de la empresa, y la permisividad del sistema judicial argentino que es bastante más que benévolo con los genocidas. En este tiempo Juan María Nicolás Enrique Julián Courard (presidente de Ford Motors Argentina) y Guillermo Galarraga (gerente de relaciones laborales de Ford Motors Argentina), murieron antes de afrontar los cargos y las condenas que inexorablemente habrían recibido. Misma situación se repitió con Antonio Francisco Molinari, director de la Escuela de Campo de Mayo, quien en la práctica participó de los secuestros y los interrogatorios, así como también del apremio contra los familiares. 

Sí pudo ser condenado, por los vínculos con la causa Ford, el exgeneral Santiago Omar Riveros, máximo responsable del centro clandestino de detención y exterminio que operó en Campo de Mayo.

Esta causa, que ya tiene el doble conforte requerido por la justicia, aún se encuentra frenada en la Corte Suprema de Justicia, por el lento tratamiento sobre un recurso interpuesto por el exempresario de Ford Müller. Quizás pretendan los supremos otorgarle la misma impunidad que le concedieron a otro referente del terrorismo de Estado empresarial:  Carlos Pedro Blaquier, el señor feudal del ingenio de Ledesma, quien murió a los 95 años luego de una vida dedicada a reproducir una vida de privilegios sostenida en la lógica de la esclavitud, el autoritarismo, y el desprecio por la vida.

La dictadura en Argentina fue, y es, militar, cívica, empresarial y eclesiástica.

Foto: Gobierno de Argentina