DERECHOS HUMANOS

Prisión domiciliaria y reparación a víctimas de la guerrilla

En el toma y daca por la reforma jubilatoria, la coalición gobernante a iniciativa de Cabildo Abierto, acelera la concreción de proyectos de ley que avanzan en la agenda reaccionaria.

La coalición gobernante avanza en su puesta en escena, para dar impulso de un combo de proyectos de ley reaccionarios, que entran en juego paralelamente a la aprobación de la contra reforma de las jubilaciones.

Usando como excusa las negociaciones por la reforma previsional, sitúan a Cabildo Abierto en el papel de villano principal, haciendo presión para que se concrete la aprobación de proyectos legislativos que buscan darle impunidad a los represores de la dictadura y a la vez reafirmar la teoría de los dos demonios. Proyectos que le darían respuesta a las aspiraciones reaccionarias del núcleo de su base electoral.

En el fondo sabemos que, aunque Cabildo Abierto es el más fanático impulsor de estas iniciativas, los demás integrantes de la coalición gobernante comparten la misma postura de defensores de la impunidad y de relativización del terrorismo de Estado.

El proyecto de reparación a víctimas de grupos armados en los 60s y 70s que ya cuenta con aprobación en la comisión parlamentaria y se tratará en Cámara en breve y la prisión domiciliaria de 65 años (hecha para liberar a los genocidas de Domingo Arena) que se retomará su tratamiento durante la presente semana. Son dos de los proyectos que la coalición gobernante en su conjunto pretende aprobar a la brevedad.

Para el caso del proyecto de prisión domiciliaria, el Partido Nacional retomó la iniciativa y presenta un proyecto que en vez de 65 años, plantea 70 años, consultado si habría inconveniente en aprobarlo el Senador de CA Guillermo Domenech afirmó que "En principio no tendría mayor inconveniente".

Amparándose en la excusa de la presión de CA, pero en el fondo avanzando en una ofensiva tácita, que pretende fortalecer el relato de la teoría de los dos demonios y la “necesidad” de dar vuelta la página o sea de la impunidad para los genocidas del terrorismo de Estado.

Organismos de derechos humanos como Madres y Familiares de Detenidos Desparecidos y Crysol, ya han emitido su repudio a estas iniciativas del gobierno derechista de Lacalle. Por ejemplo, Crysol aseguró que el proyecto conocido como de reparación a víctimas de la guerrilla es “una auténtica provocación a todas las víctimas del terrorismo de Estado”.

Los dos demonios y la impunidad

Además de satisfaces los intereses de parte de su base electoral, estos proyectos que impulsa el gobierno de la coalición derechista, busca afirmar no solo la impunidad de los criminales de lesa humanidad, sino también imponer el discurso de la teoría de los dos demonios.

Distorsionando la historia, para plantearla de manera que los sucesos de los 60s y 70s se debieron al accionar anti democrático de grupos armados de izquierda y derecha, enfatizando la responsabilidad de la izquierda y lavándole la cara al terrorismo de Estado.

Demostrado una y mil veces no solo en Uruguay, sino en la región como una teoría falaz que desconoce los hechos de la planificación sistemática del terrorismo de Estado a nivel nacional e internacional con el Plan Cóndor. Y destacando desproporcionadamente la influencia de los grupos armados de izquierda.

En el caso de Uruguay, incluso en momentos del golpe de Estado de 1973, la guerrilla ya había sido derrotada meses antes durante 1972. El intento es presentar al terrorismo de Estado como “excesos” de algunos individuos y no como una política sistemática del Estado y la clase dominante contra la clase trabajadora.

La impunidad viene desde antes

Si bien ha habido avances en el juzgamiento al terrorismo de Estado, con un aumento incluso en los últimos años de militares y civiles procesados y juzgados por los crímenes de lesa humanidad.

Eso no quita que incluso durante los gobiernos del Frente Amplio, todavía la gran mayoría de los represores de la dictadura han permanecido impunes y que además a los pocos condenados ya se los beneficiaba con la prisión domiciliaria (como Gavazzo por ejemplo) o el alojamiento en la cárcel vip de Domingo Arena.

Además de esto, por ejemplo, durante las administraciones del FA naufragaron los intentos de derogar la Ley de Caducidad, teniendo el FA la mayoría parlamentaria necesaria. Para finalmente desplazar el tema hacia un segundo plebiscito al que se le retaceó el apoyo por parte de dirigentes y sectores políticos centrales, postura que finalmente conspiró para hacer fracasar la salida plebiscitaria que se había planteado frente al fiasco del trámite parlamentario.

Se compartió, además, desde siempre una postura de favorecer e impulsar una política de reconciliación con las FFAA, ya desde el primer gobierno de Vázquez. Una política de Estado que representa una continuidad defendida por todos los grandes partidos del régimen que han llegado al gobierno.

Luchar contra el avance reaccionario

Estos avances reaccionarios no son casualidad, en paralelo que se intenta garantizar la impunidad a los represores de la dictadura, se persigue y condena a los militantes que luchan contra la impunidad. El caso de la persecución y escarmiento que el poder judicial les impone a los manifestantes de la protesta en la SCJ en 2013, es un ejemplo flagrante de esto y del sesgo del régimen a favor de las posturas más reaccionarias.

Se hace necesario redoblar la lucha no solo contra la impunidad y este intento de relegitimar el accionar del terrorismo de Estado, sino que también contra el avance reaccionario que intenta criminalizar la protesta.

El próximo 20 de mayo debemos denunciar y manifestarnos contra todo esto en su conjunto, la impunidad, la teoría de los dos demonios y la criminalización de la protesta. En especial la lucha contra la criminalización de la protesta debe redoblarse y ser respaldada de forma contundente por todos, respaldo que hasta ahora lamentablemente no ha sucedido como debería. No debemos ceder de ninguna manera terreno a la reacción, la cual no solo busca perpetuar la impunidad, sino que intenta ir en contra de derechos democráticos fundamentales.

Foto: FocoUy / Gastón Britos