DERECHOS HUMANOS

El día 12 votarían proyecto en Diputados; 10 millones de dólares destinarían a las reparaciones

El proyecto de ley que pretende reparar de manera simbólica, moral y económica a las “víctimas de los grupos organizados y armados con fines políticos e ideológicos” –o víctimas de la guerrilla como se dio a conocer en el debate público y que ya cuenta con media sanción del Senado-, se discutirá a mediados de la semana próxima, una vez finalizada la feria de turismo, coincidente con la Pascua católica. La iniciativa presentada desde el Poder Ejecutivo, a insistencia de Cabildo Abierto, es furibundamente resistido por la oposición, en especial por el Frente Amplio, que más allá de la discusión ideológica y el oportunismo político, cuestiona ciertos tecnicismos respecto a los montos de las indemnizaciones, el periodo comprendido –que es desde el 1 de enero de 1962 hasta el 31 de diciembre de 1976-, y la lista de nombres contemplados como víctimas dentro del proyecto hasta ahora.

Los montos fijados en el proyecto -que son de 150 mil dólares en el caso de los casos fatales, 100 mil dólares para los que resultaron incapacitados de forma permanente, y de 50 mil dólares para aquellos que fueron retenidos bajo secuestro por más de 72 horas-, recibió amplias críticas por considerarse que son cifras muy superiores a las que percibieron las víctimas del terrorismo de Estado. Durante las audiencias preliminares la organización de expresos políticos, Crysol, consideró que las víctimas en cuestión y sus familiares ya fueron indemnizadas a través de la ley de Presupuesto Nacional de Sueldos e Inversiones que se aprobó en marzo de 1973, y que incluía a los uniformados que resultaron abatidos con motivo o causa de la lucha antisubversiva, según informó El País.

Lo paradójico sobre los montos establecidos y resistidos desde el Frente Amplio es que fue el entonces presidente Tabaré Vázquez quien propuso las cifras, durante el segundo intento de promover el proyecto, que a esta altura ya acumula casi 18 años desde que el legislador del Partido Colorado Daniel García Pintos, presentara el primer borrador durante el gobierno de Jorge Batlle.

Ambos borradores, siempre con García Pintos como vocero, no alcanzaron en su momento la discusión parlamentaria. Pero ahora, siendo Cabildo Abierto parte de la coalición de gobierno, las negociaciones lograron tener, aparentemente, los votos necesarios.

Respecto al periodo comprendido por el proyecto de ley, el diputado colorado Ope Pasquet, quien fue uno de los encargados de realizar algunos cambios al escrito que llegó desde Senadores, explicó que la fecha de inicio -1 de enero de 1962- se tomó de la ley de amnistía firmada en 1985. “Si a partir de esa fecha hubo delitos, es que hubo víctimas”, explicó a El País. La fecha de cierre es un poco más arbitraria puesto que la última víctima registrada es el capitán de artillería Roberto Botti Porras, cuya muerte tiene distintas versiones. Por un lado, se afirma que murió en un enfrentamiento durante un allanamiento contra el Partido Comunista en Las Piedras. En otra versión diametralmente opuesta se afirma que murió por la bala de un compañero. En este sentido es importante considerar que las 66 víctimas que fueron contempladas hasta el momento, que se sostienen desde el proyecto que fue presentado por el expresidente frenteamplista, serán indemnizadas de forma directa, por considerarse ya probados sus casos, entre ellos el de Carlos Abdala.

“No tengo nada que reclamarle al Estado”

El proyecto incluyó dentro de las víctimas al entonces embajador uruguayo en Paraguay, Carlos Abdala, quien fue asesinado, en un confuso episodio, por un extremista yugoslavo. Este crimen, adjudicado durante años al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T), fue incluido dentro de la lista de víctimas de la guerrilla del proyecto de ley. El hijo del embajador, Pablo Abdala, actual director del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, y miembro de la coalición de gobierno, salió a pedir que su padre sea removido de la lista, porque “más allá de la tragedia, entiendo que se dio en otro contexto: mi padre no fue víctima de la sedición”. Una aclaración realizada a El Observador, que no deja lugar a la duda sobre la celeridad y desatención con la que se trató el proyecto, pese a que lleva escrito más de 15 años. “No tengo nada que reclamarle al Estado”, sentenció.

Por fuera de la lista, que tiene sin lugar a dudas más de un bache, toda persona que pretenda acceder a la indemnización deberá presentar su caso ante una comisión especial que será creada a tal efecto. Hasta el momento según los primeros cálculos el Estado uruguayo deberá desembolsar una cifra cercana a los 10 millones de dólares.

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