Viernes 12 Julio 2024

El proyecto de ley con media sanción del Senado se abre paso en Diputados

La coalición de gobierno, que incluye a blancos, colorados y cabildantes llegaron a un acuerdo en el proyecto de ley que ingresó a la Cámara de Diputados del Uruguay, para realizar una reparación, de tipo simbólica, moral y económica, a las "víctimas de los grupos organizados y armados con fines políticos e ideológicos", durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976. El proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado, y que surgió desde las entrañas del Poder Ejecutivo, tuvo eL miércoles, su aprobación en la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados, y próximamente deberá ser tratado en el plenario. El documento fue muy objetado por las fuerzas de centro izquierda, en particular por los frenteamplistas.

No es el primer proyecto de esta envergadura que se intenta consolidar. Una primera versión había sido propuesta durante el gobierno de Jorge Batlle en el 2004. Un segundo borrador se presentó en 2007 durante la gestión de Tabaré Vázquez. Ninguno de los dos llegó a ver la luz. Así mismo de estos intentos -además de algunas ideas fuerza-, sobrevivió una lista con 60 nombres que fueron identificados como víctimas, entre los que se encuentran militares, policías y algunos civiles.

Los diputados Rodrigo Goñi, del Partido Nacional, Ope Pasquet, del Partido Colorado, y Carlos Testa, de Cabildo Abierto, fueron los encargados de presentar algunas modificaciones al proyecto que bajó de la cámara alta, tendientes a poner cifras concretas respecto a las indemnizaciones, que serán de 150 mil dólares para los familiares o causahabientes de las víctimas fatales; 100 mil dólares recibirán quienes hayan quedado incapacitados de forma permanente, ya sea de manera parcial o total; y por último, recibirán 50 mil dólares quienes hubieran permanecido secuestrados por más de 72 horas. En los últimos dos casos, en caso de corresponder, la cifra sería cobrada por los familiares o causahabientes. Tener en consideración que las indemnizaciones que paga el Estado a las víctimas del terrorismo de Estado, valga la redundancia, es de 500 mil unidades indexadas, lo que a valores actuales representarían uno 75 mil dólares, prácticamente la mitad de los que percibirían las víctimas de grupos armados privados. Algo, que a simple vista rompería con cierta paridad del derecho.

Los 60 damnificados ya identificados recibirán los beneficios de forma automática si se aprobara el proyecto. Otros posibles damnificados tendrán un año de plazo, a partir de la fecha de homologación, para presentar las evidencias correspondientes. Cada caso será revisado por una comisión especial, creada ad hoc, que será presidida por un representante del Ministerio de Educación y Cultura, y contará con la participación de un representante del Ministerio del Interior y otro del de Economía y Finanzas. Las otras dos plazas serán ocupadas por representantes de las organizaciones sociales conformadas por los damnificados. Serán necesarios cuatro de los cinco votos para confirmar cada caso. Para aquellos que ya hubieran recibido algún tipo de beneficio similar, los montos serán deducibles si hubiera diferencias.

Críticas

En diálogo con Agesor, el senador Oscar Andrade fue muy contundente al revisar el proyecto, en particular respecto a la selectividad de las víctimas, y también a la arbitrariedad respecto del periodo que comprende el proyecto de ley. "En 1961, mataron de un balazo a Alverio Ramírez cuando vino el Che Guevara al Uruguay. ¿Por qué esa familia no entra entre las víctimas? Olivio Fernández Píriz murió incendiado, un bebé de cinco meses, por grupos fascistas ese mismo año, en un local político en la calle Yi (...). ¿Por qué esas víctimas no están incluidas en este proyecto? A la hora de pensar en la violencia de los 60, ¿tienen que ser las víctimas de la guerrilla? ¿Por qué todos estos no? ¿Por qué no Liber Arce? O Susana Pintos o Hugo de los Santos. ¿O no hubo trabajadores torturados en la militarización del 68? (...) ¿Nos olvidamos de Soledad Barret? Una adolescente que fue torturada y le tatuaron una svastica".

Se pretende indemnizar por ley a las victimas de la guerrilla en el Uruguay 2

"¿No hubo bandas paramilitares? -se pregunta el senador obrero- ¿No existieron Comandos Caza Tupamaros? (...) ¿Y Héctor Castagneto? ¿Luis Batalla no fue asesinado en un cuartel en mayo del 72? ¿En abril no fueron asesinados ocho obreros de manera infame en la seccional 20 del Partido Comunista? Porqué los mataron bandas paramilitares amparados por el Ejército, por eso no están reconocidos. Así que la discusión es muy sesgada".

Foto de portada: Urgente 24

Foto 2: Archivo general de la Udelar