El exfiscal y exjuez Otilio Romano, condenado por crímenes de lesa humanidad, tenía 79 años

El proceso militar de la dictadura fue cívico, empresarial y eclesiástico. Una afirmación que lentamente, pero inexorablemente, ha quedado plasmada en los relatos de los sobrevivientes y en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Hoy, murió uno de los representantes de ese aparato civil, que fue estatal y político. Hablamos del exjuez Otilio Romano, quien, durante aquellos oscuros años, siendo fiscal y juez subrogante, convalido las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Crímenes que le costaron una muy tardía sentencia a cadena perpetua en a mediados del 2017, en el marco de la causa que se conoció como “el juicio a los jueces”, donde también fueron condenados los exjueces federales Rolando Evaristo Carrizo, Guillermo Max Petra Recabarren y Luis Miret, además de otros 21 miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía.

Romano, finalizada la etapa militar de la dictadura, continuó con su carrera judicial, apoyado y amparado por su progenie ideológica. Luego de ser fiscal y juez subrogante, se afiató a su sillón de juez en la Cámara Federal de Mendoza. Desde ahí, hizo un fuerte y activo trabajo en contra de la movilidad de los proyectos que buscaban echar por tierra las leyes de la impunidad de los años 90. En el 2011 -durante una investigación por crímenes vinculados al terrorismo de Estado, llevada adelante por el juez Federal Walter Bento-, Romano, fue procesado, pero la causa no logró avanzar gracias a la impunidad que le daban sus fueros. Fue necesario realizar un movimiento administrativo desde el Consejo Superior de la Magistratura (CSM). Cuando en agosto del 2011, el CSM estaba por suspenderlo de su función, Romano se escapó a Chile donde intentó exiliarse como refugiado político. La misma metodología que emprendió el diputado del Parlasur y prófugo de la justicia Fabián ‘Pepín’ Rodríguez Simón. El exilio del difunto juez no prospero, y su destitución se hizo efectiva en diciembre de aquel 2011. Dos años después, en el 2013, logró ser extraditado de regreso al país, lo que permitió el avance de la causa que finalmente lo condenó en primera instancia en el 2017. Condena que fue confirmada en segunda instancia en el 2020.

Su edad avanzada, la impunidad biológica como se le llama, hizo que su condena transcurriera en su domicilio, donde cómodamente esperó su muerte. Romano, seguirá ahora el destino inevitable de todos los genocidas, cívicos y militares, enemigos de la memoria, de la verdad y de la justicia.

Foto: El Sol