Domingo 26 Mayo 2024

El líder del PRT-ERP, permanece desaparecido desde 1976

El lento y mísero reconocimiento del Estado argentino, sobre las responsabilidades orgánicas de sus funcionarios en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la etapa militar de la dictadura cívica, empresarial y eclesiástica, no hacen más que afirmar que las conductas vejatorias y corruptas que se viven hoy día dentro de los aparatos de seguridad, son un producto directo de la falta de autocrítica en tiempo y forma. Recientemente, y quizás más vale tarde que nunca, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, ordenó al Estado argentino a indemnizar a las hijas de Mario Roberto Santucho, el líder y fundador del PRT-ERP, por los daños cometidos contra ellas a partir de la persecución política que el Estado realizó sobre su padre, quien fue secuestrado por última vez y desaparecido el 19 de julio de 1976, durante un allanamiento ilegal.

Ana Cristina, Marcela Eva y Gabriela Inés -las hijas de ‘Roby’, como era conocido Santucho; y de Ana María Villarreal, una de las militantes fusiladas en Trelew-, se presentaron ante la justicia para reclamar por la desaparición del líder perretista. Y en este sentido hay que tener siempre presente que el propio Jorge Rafael Videla, el infame dictador argentino, confesó en 2012, que se había dado orden de ocultar el cuerpo, porque Santucho, “era una persona que generaba expectativas. La aparición de ese cuerpo iba a dar lugar a homenajes, a celebraciones. Era una figura que había que opacar”. En diálogo con Ceferino Reato, Videla dijo: “No había otra solución; estábamos de acuerdo en que era el precio a pagar para ganar la guerra contra la subversión y necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta. Había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la justicia ni tampoco fusiladas”.

La indemnización -cuya cifra específica no ha sido dada a conocer oficialmente, más allá de que se prevé sea poca cosa-, fue ordenada por la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, que revocó parcialmente un fallo que había sido firmado por la jueza María José Sarmiento, quién había dado lugar al reclamo por el daño moral ante “la no entrega del cadáver”, pero que había negado los daños materiales, psicológicos y morales derivados de las torturas y tratos aberrantes a los que fue sometido su padre, así como también por los secuestros, las torturas y el posterior exilio al que se vieron forzadas ellas mismas.

Es importante destacar que se reivindicó la imprescriptibilidad de los crímenes, por considerarlos de lesa humanidad, echando por tierra las consideraciones de la jueza Sarmiento que había firmado su fallo alegando que las damnificadas, se habían demorado y “esperaron 20 años para iniciar las acciones”, una consideración que a simple lectura parece absurda.

Trofeos

Santucho era uno de los guerrilleros más buscados por el régimen. Su vasta trayectoria, el carisma de su militancia y la participación clave en ciertos momentos históricos habían creado a su alrededor una fama que exacerbaba las más sádicas fantasías de los represores. Su cuerpo atravesó un sinnúmero de torturas y vejaciones, e incluso se afirmó en más de una ocasión que era mantenido y exhibido como trofeo de guerra.

Santucho cayó por última vez el 19 de junio de 1976, en manos de un Grupo de Tareas del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, durante un allanamiento en un departamento en Villa Martelli. Aquel día estaba en junto a su compañera Liliana Delfino, y el hijo de ambos -un niño de tres años-; Benito Urtega; y el matrimonio que componían Domingo Menna y Ana Lanzilotto, que estaba embarazada de seis meses. Urtega fue ultimado en el lugar. Todos fueron trasladados a Campo de Mayo, donde funcionaba uno de los Centros Clandestinos de Detención más grande del país. Allí fueron brutalmente torturados y vejados. Se sospechó siempre que el encargado de desaparecer los cuerpos fue Santiago Omar Riveros, quien era uno de los jefes de zona en Campo de Mayo.

La caída de Santucho, sumada a la derrota militar en Monte Chingolo en el 75, cimentó la derrota política del ERP, que recibió poco tiempo después el fuerte embate del régimen, que llevó a la organización prácticamente a su extinción.

Foto: La Voz