Por ser partícipe en los casos de la Santa Cruz y de Rodolfo WalshIncomprensible. El juez Daniel Obligado, titular del Tribunal Oral Federal n°5, dictó la libertad condicional para el represor Juan Carlos Fotea, condenado por crímenes de lesa humanidad, vinculados a la operatividad de la ex ESMA. Fotea participó de los crímenes cometidos en perjuicio de integrantes de los 12 de la Santa Cruz y del escritor y periodista Rodolfo Walsh. El fallo, ampliamente repudiado por los sectores de derechos humanos, se hizo en línea con la orden que dio el tribunal de Casación. Juan Carlos Fotea siendo suboficial de la Policía Federal Argentina, se integró a los Grupos de Tareas que operaban en la ESMA bajo el alias de ‘Lobo’ o ‘Fernando’. También cumplió órdenes para el Batallón de Inteligencia 601, bajo el mando del ‘mayor Gustavino’ Raúl Guglieminetti, uno de los espías infiltrados en los aparatos del Estado desde la década del 60 y que fue parte esencial del Plan Cóndor. “Alertas en el barrio”
“¡ALERTAS EN EL BARRIO! Genocida de la ESMA Juan Carlos Fotea, recibió la libertad condicional”, fue la consigna que difundió la agrupación HIJOS de Capital, en un contundente rechazo a la medida tomada, tendiente a fomentar la impunidad de los crímenes cometidos durante la etapa militar de la dictadura cívico, empresarial y eclesiástica. El comunicado destaca que Fotea “condenado en la Megacausa ESMA a 25 años de prisión, saldrá a pasear por ‘buen comportamiento’ en la cárcel”. Por si quedaran dudas, los hijos sobrevivientes de las víctimas del terrorismo de Estado, afirman: “NO ES UN VECINO. ES UN GENOCIDA Y SU ÚNICO LUGAR ES LA CÁRCEL”. Fotea fue condenado de forma definitiva en abril del 2014 a 25 años de prisión, en el marco del tercer juicio de la ex ESMA. El represor había sido detenido en España en el año 2005 por un pedido de la justicia argentina que investigaba el secuestro y desaparición del periodista y revolucionario Rodolfo Walsh, cometido el 25 de marzo de 1977, cumplido un año del golpe de Estado, tras hacer una denuncia pública conocida como ‘Carta a la Junta Militar’. La extradición y detención en el país, se concretó dos años después, en el 2007. Desde entonces el represor permaneció recluido en el servicio penitenciario, hasta que en junio del 2019 le fue concedido el beneficio de realizar salidas transitorias. El represor cumplió los dos tercios de su condena en mayo del año pasado, lo que, según los parámetros generales de la ley, le dan la posibilidad, luego de haberse contemplado ciertos requisitos, de acceder a completar la condena en libertad restringida. En este sentido el fallo de la Cámara de Casación, firmado por Ángela Ledesma, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, contempló que “impedir el acceso a la libertad condicional cuando se encuentra debidamente cumplidos todos los requisitos legales, desnaturaliza el fin resocializador de la pena”. Es importante destacar que el represor Fotea nunca colaboró activamente con los procesos de memoria, verdad y justicia, e incluso permaneció prófugo desde 1984, hasta su detención en 2005, cuando llevaba una vida “legal” como empresario gastronómico. Tampoco mostró arrepentimiento pese a los reclamos en distintas instancias. Y en este sentido hay que considerar que la libertad del represor, y en cierto aspecto la perpetuidad de la impunidad, no solo es competencia del Poder Judicial -que cuando le conviene es garantista y cuando no, es punitivista-, sino también del Poder Legislativo que no crea herramientas legales que se adapten correctamente a situaciones complejas que incluyen los crímenes cometidos por aparatos paraestatales arcaicos y permanentes. Un represor, un genocida, miembro de un cuerpo cívico-militar organizado para delinquir sistemáticamente, y ocultar sus crímenes, al servicio de un aparato transnacional que alteró y condicionó el devenir de las naciones, tiene menos condena que un grupo de jóvenes, ignorantes y primitivos, que a patadas asesina a otro. No hay paridad en las condenas. Hay un desconocimiento, a esta altura del partido negligente y malicioso, sobre el rol que ocuparon los grupos de tareas del Plan Cóndor. Las evidencias sobran, lo que falta es voluntad política por parte de los Estados, que diseñan protocolos antiterroristas para perseguir a mapuches “armados” con objetos de labranza y dejan en libertad a espías y sicarios profesionales del poder real. Alerta vecina, vecino. Alerta. Hay un represor que vive las vidas, que no vivieron los fusilados del querido Walsh, que nos inspiran. Foto: La Imposible . Artículos relacionados |
DERECHOS HUMANOS
LIBERTAD CONDICIONAL PARA EL REPRESOR ARGENTINO JUAN CARLOS FOTEA POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
- Alejandro Diaz
- DERECHOS HUMANOS