La verdad popular

Dura represión y torturas, la desaparición de cuatro personas

El 23 de enero de 1989 un grupo de integrantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP), guiados por el guerrillero Enrique Gorriarán Merlo, se abalanzaron con las heridas abiertas de la larga noche, contra el regimiento de La Tablada. A las 6 de la mañana, 46 militantes del MTP, -jóvenes en su mayoría, muchos sin experiencia de combate-, ingresaron al cuartel para, según ellos, frenar un nuevo levantamiento militar de los Carapintadas (*) el cuarto en menos de dos años. Los militares, de aquellos tiempos, intentaban condicionar la reciente democracia liderada por Raúl Alfonsín, para asegurar la impunidad, ante el avance de la justicia civil sobre las responsabilidades militares y policiales por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen dictatorial. La maniobra de los guerrilleros fue un fracaso en términos militares. La respuesta del gobierno democrático de Alfonsín nada tuvo para envidiarles a los operativos militares de la dictadura. Uso desmedido de la fuerza, privación ilegítima de la libertad, torturas, fusilamientos y desaparecidos. “Si alguien creyó que la democracia era un sistema indefenso, ahora va a comprobar cuan equivocado estaba. Se ha planteado el desafío de la lucha antisubversiva en el marco del estado de derecho, es la última gran prueba de mi gobierno. No vamos a perder”. Dijo Alfonsín en cadena nacional, 24 horas después del asalto.

El MTP consideraba que, una vez tomado el cuartel, marcharían rumbo a la Casa Rosada, con los militares sediciosos detenidos como rehenes, y que serían escoltados por el pueblo -que se sumaría al clamor de la revolución-, para reclamar a las autoridades la continuidad, con independencia, de los juicios de lesa humanidad, y un cambio drástico en el manejo de la política económica del país, que sin vergüenza se enfilaba hacia un neoliberalismo exacerbado. Estas eran las expectativas de los miembros del MTP, que soñaban, inocentemente quizás, con representar la verdad del pueblo, pero no eran los únicos.

Luego del juicio donde fueron condenadas las juntas militares en 1985, una parte del Estado, de la mano de las organizaciones sociales como Madres de Plaza de Mayo, avanzaba sin temor ni duda a realizar un revisionismo minucioso sobre el accionar de militares y policías durante el régimen dictatorial. Esta maniobra legal y civil, respaldada por numerosos testimonios y evidencias sobre la característica sistematizada del terrorismo de Estado, amenazaba con destruir un sistema de poder y de corrupción enquistado en las entrañas del Estado. Los crímenes cometidos durante la dictadura -no solo los vinculados a los derechos humanos, sino que también los crímenes financieros y políticos-, de investigarse en tiempo y forma, insoslayablemente hubieran evidenciado las intrincadas conexiones, a distintos niveles, de sectores del poder económico y político con los miembros del aparato represivo. Aclaro esta breve situación para no cerrar la puerta sobre la idea de que detrás de los levantamientos Carapintadas había mucho más que el “honor” militar.

Una revolución fugaz

A las 6:30 de la mañana, del lunes 23 de enero de 1989, un camión a gran velocidad se estrella contra el portón de acceso de La Tablada donde opera III Regimiento de Infantería del Ejército. La maniobra del camión abre un surco en las defensas del cuartel, por donde ingresan un grupo de vehículos encolumnados, con varios militantes del MTP armados. En el cuartel hay apostados aproximadamente 120 conscriptos, mayoritariamente jóvenes de bajo rango que cumplen el servicio militar obligatorio. Los asaltantes divididos en grupos, sin dar tiempo a nada se esparcen dentro del predio. Uno de los principales objetivos es la flota de tanques acorazados que se encuentran en el fondo, a unos 600 metros del portón.

Tras un primer momento de confusión y de miedo en ambos bandos, los soldados abren fuego contra el camión, haciendo que este se estrelle y frene su marcha. Ya para ese entonces la balacera va y viene. Los guerrilleros avanzan asegurando el edificio más próximo a la entrada que es el puesto de Guardia de Prevención. Otros grupos se proyectan a la Plaza de Armas y logran tomar rápidamente sin enfrentamientos los edificios de las Compañía A y el Casino de Suboficiales. En el comedor se producen tiroteos y hay heridos. En el fondo, los que intentan asegurar los tanques, luego de dos horas no tienen éxito y se repliegan hacia la plaza y toman el edifico de la Compañía B. Ya para ese entonces el asalto es un fracaso. Mientras tanto afuera, un primer cordón de policías de la provincia de Buenos Aires, la maldita bonaerense, aísla al cuartel de la ciudad, del gobierno democrático y del Ejército que comienzan a debatir el contraataque.

A las 9:30 los militantes del MTP habían pactado la retirada si para esa hora no lograban asegurar el cuartel. Pero las balaceras, los heridos, los fallos en la comunicación y probablemente la inexperiencia se lo impiden. Cada militante se abraza a su fusil y se predispone a resistir.

Hasta el día de hoy perduran los rumores sobre quién y en qué condiciones se ordenó la represión de los militantes del MTP. Alfonsín –que se había abstenido de reprimir los alzamientos subversivos de los Carapintadas, y había cedido a todas sus peticiones, traicionando al pueblo y a la historia- 24 horas después del inicio del conflicto, se hizo cargo de la represión en Cadena Nacional, asumiendo completamente las responsabilidades. Muchos alegan que los militares, todavía con la sangre en la boca, ante la avanzada de un grupo guerrillero sobre sus dominios, se dispusieron a realizar una represión ejemplificaste con o sin Alfonsín, y ante este panorama ya golpista de ambos bandos, el presidente se puso al frente de los genocidas en el nombre del estado de derecho.

La Tablada desaparecidos 2

La respuesta del ejército fue encomendada al general Alfredo Arrillaga, que no mide recursos para recuperar el predio. Más de 3.600 efectivos son dispuestos para la contraofensiva que tiene ya para ese momento una fuerte carga de venganza. Llegando al mediodía, los disparos no cesan. El cordón de policías tira sin parar. Los guerrilleros, aún con ánimo, devuelven el fuego, esperando que sus compañeros afuera realicen las maniobras legales necesarias para que intervenga la justicia. Entre tanto, sobre La Tablada comienzan a llover bombas. La infantería que arremete con cañonazos desde los tanques, luego con un cañón de 105 mm, y también con morteros. El bombardeo no distingue aliados de enemigos, a los generales parecería no importarle matar a sus propios soldados, como no les importó tampoco en Malvinas. El regimiento se convierte en un infierno.

Pasan las horas, y lo militantes del MTP intentan rendirse, pero Arrillaga no acepta, y el asedio continúa. Poco a poco se van sumando cada vez más heridos y muertos. Cae la noche y la lluvia de bombas cesa. Dentro del cuartel nadie duerme, alguna balacera esporádica rompe el silencio de la noche. Al amanecer se cuentan nuevas víctimas.

A las 8 de la mañana del día 24, el panorama era desolador. Arrillaga, megáfono en mano, exige la rendición que había negado horas y vidas antes. Los militantes del MTP se rinden con la condición de que hubiera un juez presente y que los heridos fueran atendidos inmediatamente. Arrillaga acepta, pero no cumple.

Los militantes salen con los brazos en alto, en un claro gesto de rendición. Salen esperando un balazo. Conocen a su adversario y sus vicios. A la par, son liberados los militares que permanecían detenidos como rehenes y estos, sí reciben atención médica inmediata. Los guerrilleros son reducidos con violencia, y desde este momento en adelante el terrorismo de Estado vuelve a hacerse presente en medio de la democracia argentina.

NN

Todos los soldados que aquella mañana de enero se encontraban dentro del regimiento tenían nombre y apellido. Todos los militantes del MTP que esa mañana ingresaron al cuartel tenían nombre y apellido. Luego de 36 horas de enfrentamientos, bombardeos y fusilamientos, el combate de La Tablada llegó a su fin, dejando un saldo de 33 militantes muertos, algunos sin nombre. También murieron en combate 7 miembros del ejército y 2 policías. Hubo numerosos heridos y al final del día 13 detenidos.

Pasado el mediodía del 24, el presidente Raúl Alfonsín sobrevuela la zona en un helicóptero en compañía del ministro de defensa Horacio Jaunarena y el general Francisco Gassino. La vista desde el aire es clara, el daño en las estructuras como consecuencia de los incesantes bombardeos da una imagen de guerra, que deja en claro la fiereza del ejército. Ya en tierra, el presidente pasa revista sobre el lugar, usando un primaveral traje blanco que contrasta con el rojo de la sangre y el hollín del fuego a su alrededor. Alfonsín ve con sus propios ojos los cadáveres de los guerrilleros asesinados. Durante la visita supuestamente también comprueba las condiciones en las que se encuentran los detenidos. Y digo supuestamente porque a la prensa, el presidente diría que los había visto en buen estado, e incluso que estaban peinados. Un dicho que contradice completamente los relatos de los sobrevivientes.

Entre los cadáveres, hay cinco que presentan altos grados de calcinación, según las algunas versiones habrían sido incendiados para ocultar el tipo de heridas mortales que presentaban, las cuales habrían evidenciado el uso de armas ilegales, como el caso del fosforo blanco. Estos cadáveres que no logran ser identificados, pocos días después son reducidos a pedido de los forenses con la autorización del juez Larrambebere y luego son enterrados como NN, en el cementerio de La Chacarita en febrero de 1989. Después de mucho andar, y tras la enfática condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos –que estableció que en La Tablada el Estado violó los derechos humanos-, los cuerpos pudieron ser exhumados en 1997.

También es importante destacar que en los días posteriores no se realizó autopsia a ninguno de los cuerpos de los militantes abatidos, o al menos no se publicaron los resultados. De haberse realizado se habría constatado la forma en que murieron y bajo qué condiciones. Aclarando, si habían sufrido tormentos físicos, o si habían sido fusilados.

Los desaparecidos de Alfonsín

Una vez rendidos, los militantes se entregan. El grueso sale de los edificios tomados por el frente hacía la Plaza de las Armas. Inmediatamente son capturados, sometidos y trasladados al edificio de Logística, donde son maniatados, incluso con alambres, y encapuchados. La tortura física y psicológica se hace presente y permanente, alternando golpes con amenazas de fusilamiento y vejaciones. Los testimonios de los sobrevivientes afirman que al momento de la rendición Berta Calvo estaba muy mal herida pero viva, y que durante el momento en que estaban ya detenidos, un grupo de soldados la asfixiaron. Había una brutalidad y una saña particular contra las mujeres.

Uno a uno los militantes son separados del grupo e interrogados violentamente. Todos vuelven al salón común, salvo Francisco Provenzano y Carlos Samojedny, quienes aún permanecen desaparecidos. No fueron los únicos.

En el edificio de la Guardia, quedan todavía militantes del MTP que resistieron hasta último minuto. Pero al momento de la rendición, estos no son llevados con el resto. Tampoco se encuentran sus cuerpos. La historia oficial contaría que luego de forcejear con los soldados se dieron a la fuga. Esta versión podría haber sido el final destino de no ser gracias a las imágenes captadas por el fotoperiodista Eduardo Longoni, que logró un archivo fotográfico y legal irrefutable.

Eduardo, luego de enfrentar el miedo por las balas que cortaban el aire, quedó apostado en la terraza de un vecino, donde a pocos metros estaba también apostado un francotirador del ejército. Durante el momento de la rendición, Eduardo capta con su cámara el momento justo en que dos guerrilleros salen por una ventana lateral de uno de los edificios tomados que ardía en llamas, y son inmediatamente apresados por los soldados. Los dos guerrilleros, identificados mucho tiempo después, eran José Alejandro Díaz e Iván Ruíz. La secuencia de fotos registra como los soldados se llevan a los dos guerrilleros detenidos, que hasta el día de hoy continúan desaparecidos. Esta evidencia terminó de confirmarse cuando muchos años después, el sargento César Ariel Quiroga, afirmara en una de las instancias judiciales en el 2019, que su declaración inicial era falsa, y que había sido inducido a firmarla por el juez Gerardo Larrambebere y su auxiliar Alberto Nisman. En aquella falacia, Quiroga había declarado que los detenidos, Díaz y Ruíz, habían sido entregados en custodia (luego de recibir atención médica) al sargento Ricardo Esquivel, al cual asesinaron para luego fugarse. Esta declaración volvió a afirmar que el terrorismo de Estado, que los crímenes de lesa humanidad cometidos por los militares, tuvieron siempre el apoyo del aparato judicial, y cuando no su vista gorda.

Otro testimonio clave fue el del exsargento José Alberto Almada, quien declaró que vio como dos oficiales torturaban a Ruíz y a Díaz. Emocionado y atravesado por un sinnúmero de sentimientos y contradicciones, Almada recordaba que los propios suboficiales pedían el alto al fuego a sus superiores, pero que estos no querían aceptar la rendición. Según Almada los dos guerrilleros fueron subidos con vida a un Ford Falcón blanco. También vio como fue fusilada una mujer que intentaba rendirse con una bandera en blanco, era Claudia Deleis.

Los juicios

El primer juicio fue prácticamente instantáneo y se realizó obviamente en contra de los guerrilleros. Los 13 miembros del MTP que ingresaron a La Tablada y sobrevivieron el infierno desatado por el ejército, Claudia Beatriz Acosta, Miguel Ángel Aguirre, Luis Alfredo Díaz, Roberto Felicetti, Isabel Margarita Fernández, Gustavo Mesutti, José Moreyra, Carlos Ernesto Motto, Sergio Manuel Paz, Luis Darío Ramos, Sebastián Joaquín Ramos, Claudio Néstor Rodríguez y Claudio Omar Veiga, fueron acusados por la muerte de los soldados y otros delitos, en un juicio que tuvo la característica de ser sumario, por lo que no tuvieron posibilidad de una segunda instancia. Todos fueron condenados a reclusión perpetua. En este juicio también fueron declarados culpables Juan Carlos Abella, Juan Manuel Ernesto Burgos, Cintia Alejandra Castro, Miguel Ángel Faldutti, Daniel Alberto Gabioud Almirón, Dora Ester Molina y el fraile capuchino Juan Antonio Puigjané. Todos vinculados al MTP, pero que no habían formado parte del escuadrón de asedio. Fueron recluidos en una cárcel de máxima seguridad en confinamiento en celdas que tenían un metro y medio por tres. Permanecieron detenidos once años, hasta que finalmente, en diciembre del 2000, el entonces presidente Fernando de la Rúa, conmuta las penas de los detenidos, pero se negó rotundamente a indultarlos.

Un segundo juicio, también sumario, se llevó adelante contra Guillermo Maqueda que fue condenado a diez años. En su caso, el presidente Menem conmuto su pena en 1994, luego de que Maqueda lograra elevar su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH, intervino desde un primer momento para aportar esclarecimiento. En aquellos primeros días luego del asalto presentan un documento donde contrastan el informe pericial de la Policía Federal sobre el estado de salud en el que se encontraban los guerrilleros detenidos el día 24, con el informe que realiza el Servicio Penitenciario el día 28 cuando recibe a los guerrilleros. A simple vista se observa que la condición de salud y el número de heridas que presentaban los detenidos era mayor, lo que evidenciaba sin lugar a dudas, que durante esos días habían estado sometidos a tormentos y malos tratos.

Un tercer juicio tuvo lugar en 1997, luego de que fuera detenido Gorriarán Merlo en México, y trasladado a la Argentina de manera ilegal. Aquella detención, que fue una operación de inteligencia fue realizada por un grupo de la SIDE conocido como Sala Patria, que estaba bajo el mando de Patricio Finnen, quien recientemente fue detenido en el marco de las investigaciones de un Centro Clandestino de Detención en la calle Bacacay, que operó desde antes del inicio formal de la dictadura, y que fue operativamente un antecesor de Orletti. En Bacacay habrían estado detenidos los parlamentarios uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruíz, que fueron secuestrados y asesinados en mayo de 1976.

En aquel tercer juicio, donde también fue procesada Ana María Sivori, Gorriarán Merlo fue condenado a cadena perpetua, sentencia que fue confirmada en el año 2000. Eduardo Duhalde, siendo presidente luego de una larga crisis política, y antes de traspasarle el mandato a Néstor Kirchner en mayo de 2003, firmo el indulto para Gorriarán y para el carapintada Mohamed Alí Seineldín que aún conmutaba pena. Duhalde, absorbía las cargas del pasado y dejaba un llano para que Kirchner iniciara una nueva etapa en la Argentina.

Muchos años tendrían que pasar para que se terminara la farsa sobre el gen fascista que se intentó esconder bajo la alfombra cuando se puso “la casa en orden”. Recién en 2018, 29 años después de la desaparición de cuatro personas, inició el juicio que intentaba esclarecer los hechos, después de pasar la intrincada burocracia de la impunidad judicial. En esta instancia llevada adelante por el tribunal federal en lo Criminal número 4, se pudo confirmar el asesinato y posterior desaparición forzada de José Alejandro Díaz. En el juicio se comprobó también el asesinato de Berta Calvo y Pablo Ramos. Fue condenado el exgeneral Arrillaga, quien ya cumplía varias condenas por crímenes cometidos durante la dictadura.

Indudablemente La Tablada fue mucho más que una lucha por la potestad de la patria. Pero más allá del conflicto en disputa –que la ley en cierto aspecto prevé, así como también los mecanismos para dirimirlos-, la impunidad sobre el abuso del Estado volvió a ser la norma.

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(*) Entre abril de 1987 y diciembre de 1988, un grupo de militares, proclamados como Carapintadas, se amotinaron en tres ocasiones, Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli. Las tres tuvieron distintas características y distintos puntos de tensión. Semana Santa fue el primero, y fue el que logró que Alfonsín impulsara la Ley de Punto Final, que abandonaba la pretensión punitiva del Estado respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la etapa militar de la dictadura. Monte Caseros, tuvo menor relevancia, pero dejó en claro que ciertas facciones del ejército no estaban dispuestas a caer solas. Tras esta segunda sublevación se promulgó la Ley de Obediencia Debida, que eximia de los juicios a los militares de bajo rango. El paso siguiente era lograr la impunidad de los altos mandos, entre ellos los de las juntas militares que ya estaban cumpliendo con las primeras condenas, por lo que era necesario alcanzar los indultos, potestad única del presidente de la Nación. Los principales referentes de los Carapintadas fueron el teniente coronel Aldo Rico, y el coronel Mohamed Alí Seineldín. Ambos carecían de antecedentes vinculados a los crímenes de lesa humanidad, al menos directamente, y eran también excombatientes de Malvinas, por lo que gozaban de cierto prestigio, sobre todo dentro del ámbito castrense. Rico lideró los dos primeros levantamientos. Seineldín el tercero. Ambos reclamaban por la imposición de las leyes de impunidad. Ambos reclamaban, al igual que los guerrilleros por el patriotismo y por la verdad del pueblo. Quizás, la única diferencia entre Rico y Seineldín, haya sido el marco internacional de los hechos. En ese sentido Seineldín fue un profeta.

Diseño de portada: Victoria Camboni

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