Su caso tomó relevancia mundial y pedían su libertad

Finalmente, por presión pública, viralización de su caso en redes, o simple decisión de la justicia, el exjugador iraní Amir Nasr Azadani que supuestamente iba a ser ahorcado, fue condenado a 26 años de cárcel. Los cargos fueron adjudicados por el asesinato de tres miembros de las fuerzas de seguridad de su país. Además, se le acusa de otros dos delitos cometidos durante las protestas que sacuden a la nación persa desde el mes de setiembre.

Sin embargo, los otros tres implicados en el asesinato de los milicianos, en la ciudad de Isfahan a mediados de noviembre, no corrieron la misma suerte: Saleh Mirhashemi, Majid Kazemi Sheikh Shabani, y Saeed Yaqoubi fueron sentenciados a muerte por "enemistad contra Dios" por el asesinato de los soldados milicianos y se suman a las 11 personas sentenciadas hasta ahora a la pena máxima, según trascendidos a través de medios internacionales. Por otro lado, Soheil Jahangiri, fue el quinto acusado y condenado a dos años de prisión, mientras que un sexto acusado fue absuelto, informó la agencia Mizan.

Retomando el caso Amir, consignamos, que asociaciones de futbolistas de todo el mundo junto a medios de comunicación y organismos de derechos humanos, se encargaron de esparcir el posible futuro del exfutbolista. Varias figuras del espectáculo y del deporte salieron a calificar el hecho de medieval e inhumano.

Azadani había jugado para varios clubes en Irán y entre el 2016 al 2019 jugó para el Tractor Sazi, un equipo dirigido por el técnico español Paco Jémez.

Pero, ¿cuánto había de cierto en la información que trascendió, sobre la ejecución del joven deportista?

El presidente colombiano Gustavo Petro fue uno de los mandatarios en pronunciarse al respecto, y exhortó a la Embajada iraní en Bogotá a dar explicaciones. Las respuestas no se hicieron esperar: según la Embajada de Teherán, este trascendido forma parte de lo que se conoce hoy como “guerra híbrida” y que una de las estrategias es usar una “campaña de noticias falsas” en su contra.

Dentro de la condena del joven iraní, recaen, además, los cargos de reunión y colusión para cometer delitos, y por ser miembro de grupos “ilegales” con la intención de perturbar la seguridad pública.

Desde el 16 de setiembre, Irán se encuentra en vilo por las protestas debido al asesinato de Mahsa Amini a manos de la Policía de la Moral por no llevar bien colocado su velo. Las fuertes protestas por la lucha de los derechos de las mujeres persas desembocaron en un fuerte pedido para terminar con la República Islámica, que mantiene hasta hoy un fuerte corte religioso desde su fundación de la nación en 1979, por el ayatolá Ruholá Jomeiní.

Desde entonces, por lo menos dos mil personas fueron acusadas por la justicia debido a hechos relacionados con las manifestaciones, y hasta ahora son catorce las condenadas a muerte con cuatro ejecuciones efectivas.

Según Human Rights Watch, quinientas son las personas que fallecieron en las protestas y aproximadamente 20.000 fueron las detenidas. Organizaciones como amnistía internacional denunciaron los juicios como “farsas”, y constituye una suerte de “venganza”.

Mientras tanto, el gobierno iraní sigue reprimiendo fuertemente las protestas En las calles, jóvenes y mujeres se juegan su futuro al grito de "mujer, vida, libertad", derechos casi efímeros en un mundo donde los intereses geopolíticos valen más que un velo en el piso.

Foto: Fifpro

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