El informe anual de Human Rights Watch, muy crítico con el presente argentino

“En Argentina existen problemas de derechos humanos que incluyen el abuso policial, condiciones carcelarias deficientes y violencia endémica contra las mujeres. La prolongada crisis económica en el país afecta especialmente a las personas que viven en situación de pobreza”.

Esta es la primera consideración que afirma el informe anual de Human Rights Watch (HRW), sobre Argentina durante el año 2022. A continuación, enumeran la tensión entre el gobierno de Fernández - Fernández y “el Poder Judicial, el Ministerio Público y la prensa independiente”. También destaca el quiebre, social, ante todo, a partir de la exacerbación de la violencia política y los discursos irresponsables y de odio, que parten desde los distintos sectores en puja por el dominio político electoral del país. Siendo el hecho más destacado, sin lugar a dudas, el atentado, aunque fallido, contra la vicepresidenta Cristina Fernández. Un hecho aún bajo investigación.

La grieta ideológica es la segunda consideración. Una situación que atraviesa prácticamente a todos los países de la región, y que se trasladó, desde hace tiempo, a una discusión de tipo judicial tendiente a la proscripción política. Los ejemplos de Brasil, Paraguay, Perú, Ecuador, Honduras y ahora Argentina, son claros. Como claro también es que han afectado mayoritariamente a los miembros del llamado progresismo latinoamericano. Quizás el único caso donde la justicia se impuso sobre un mandatario del espectro ideológico neoliberal haya sido en Bolivia. En este sentido HRW, hace referencia a la reciente condena, en primera instancia, de la vicepresidenta Cristina Fernández por la causa Vialidad. Una condena que más allá del tiempo de prisión, incluye una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Más allá de la sentencia, el informe cataloga los hechos como “presunta comisión del delito de administración fraudulenta”. También destaca, brevemente, los alegatos de Cristina que consideró al tribunal que la juzgó, como “parte de una mafia que buscaría mantenerla alejada de la función pública”.

¿Independencia judicial?

Luego prosigue: “El gobierno de Fernández y sus aliados introdujeron varias reformas al sistema de justicia que podrían socavar la independencia de los tribunales y de los fiscales. En septiembre, legisladores oficialistas y de otros partidos aprobaron un proyecto de ley en el Senado que amplía la Corte Suprema de 5 a 15 magistrados, una medida que gobiernos anteriores han utilizado para cooptar la Corte. El proyecto no había sido tratado en la Cámara de Diputados al momento de la redacción de este informe”. Recordará el argentino promedio que la ampliación de la Corte (de cinco a nueve miembros) fue una de las primeras medidas tomadas por el genocida institucional y económico del país, entiéndase Carlos Saúl Menem, durante su primer mandato. Los jueces del menemato, puestos a dedo como se dice en la jerga, conformaron la “mayoría automática”, que se cansó de apuntalar judicialmente el saqueo y la corrupción estructural llevada adelante por políticos y empresarios. La crisis política del 2001 salpicó directamente a estos lores de la impunidad, y fueron impulsados, en el Congreso, intentos de juicios políticos contra todos los miembros. Pero ninguno obtuvo la cantidad de votos necesarios, apoyando en definitiva la impunidad. Recién en 2003, ya con Néstor Kirchner en la presidencia, se lograría impulsar el juicio político contra cuatros de los miembros, tres de los cuales renunciaron antes de ser expuestos públicamente en el Congreso. El cuarto, Antonio Boggiano, fue finalmente destituido en el 2005.

El informe de HRW, realiza otras consideraciones sobre la irregularidad en materia judicial. En primer lugar, el interinato cuasi permanente del procurador general de la Nación, que ocupa el cargo de esta forma desde el 2020, ya que las fuerzas políticas, penosamente, no logran establecer un acuerdo para llegar a los dos tercios de los votos en el Congreso, para elegir un candidato. Misma situación se replica en los juzgados, donde hay un sinnúmero de jueces en condición de subrogante. “A setiembre del 2022 había 257 puestos vacantes en la justicia federal y nacional”.

Otro punto de conflicto, entre el poder de gobierno y el Poder Judicial, se da en el Consejo Superior de la Magistratura (CSM), el órgano natural de control de la función de jueces y fiscales. El CSM “cambió de estructura tras un fallo de la Corte Suprema del año 2021. La sentencia establece la incorporación del presidente de la Corte Suprema como presidente del órgano y adiciona representantes del Congreso, el Colegio de Abogados, el sector académico y los jueces. El gobierno de Fernández criticó la nueva estructura e instó al Congreso a que aprobara un proyecto de ley promovido por el oficialismo para modificarla”.

En este sentido, el ministro de Justicia de la Nación, Martin Soria declaró ante la prensa, “es curioso el criterio que utiliza Human Rights Watch en su informe anual: impulsar reformas legislativas y utilizar los mecanismos establecidos por la Constitución para devolverle el prestigio y la independencia al Poder Judicial de ninguna manera pueden socavar el Estado de derecho”.

Libertad de expresión

“Autoridades de alto nivel, incluido el presidente Fernández, han empleado una retórica hostil contra periodistas y medios independientes”, dice el informe de HRW. Sin dejar de ser así, es una forma muy simplista de interpretar la puja de poder entre el gobierno de turno y los medios concentrados de información, como el Grupo Clarín, que consolidó un multimedio hegemónico, capaz de socavar la democracia, gracias a la corrupción y a la complicidad con los regímenes autoritarios y dictatoriales del país. Como lo denunció en su momento Lidia Papaleo, quien alegó que Héctor Magnetto, el CEO de Clarín, participó de las torturas a las que fue sometida por las fuerzas de la dictadura militar, para literalmente robarle Papel Prensa, la empresa más importante en materia comunicacional en aquellos años.

Pese a esto, el informe detalla que: “En noviembre de 2021, un grupo de personas arrojó explosivos a las oficinas del Grupo Clarín -el mayor conglomerado de medios de la Argentina- en Buenos Aires. No se ha determinado quiénes fueron responsables por este delito”. No incluye dentro de los atentados sufridos por la prensa, las balaceras del narco en Rosario y las amenazas de muerte contra los periodistas.

En este apartado también destaca que “un tribunal federal continuó la investigación de un exdirector y una exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia por cargos de conspiración en relación con el espionaje ilegal de periodistas, sindicalistas y políticos durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri”, algo que poco tiene que ver con la libertad de expresión, y mucho tiene que ver con el terrorismo de Estado.

Otras breves consideraciones

El informe es breve y abarcativo -hay que considerar que la versión completa tiene 712 páginas en incluye datos sobre más de 100 países-, por lo que es entendible que haya ciertas imprecisiones y formas simplistas, y que incluso centren sus críticas sobre la fórmula de gobierno actual. Más allá de esta entendible imprecisión, no debemos contemplar el informe de manera absolutista, en un mundo tan polarizado, pero si contemplarlo bajo parámetros relativos para acercarse, sobre todo a los foráneos, a la realidad del país.

En materia penitenciaria, el informe destaca los 233 presuntos casos de tortura o mal trato en las cárceles federales durante 2021 y 117 casos durante 2022. Además, de las 43 muertes de personas privadas de la libertad, reportadas por el Ministerio Público.

En lo que respecta a los crímenes de lesa humanidad, o al terrorismo de Estado -que el informe de HRW extrañamente titula “Juicios por abusos del pasado”, desvirtuando el marco histórico-, se consideró que “desde 2006 y hasta septiembre de 2022, se registraban 3.631 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad, incluyendo 1.088 condenadas y 165 absueltas”. También destaca que, hasta setiembre de 2022, se había recuperado la identidad de 130 personas que fueron apropiadas por el régimen militar durante su infancia. Sobre esto hay que considerar que, en los últimos días de diciembre, Abuelas de Plaza de Mayo informaron la identificación de dos casos más.

HRW recalca el estado inerte de la causa AMIA. Y realiza una muy breve actualización que incluye, las condenas en 2019 de un exjefe de Inteligencia y un juez por “el entorpecimiento de la investigación inicial del atentado”, y la absolución de Menem. El informe trae al recuerdo la muerte del fiscal Alberto Nisman, sugiriendo un homicidio. También recuerda, aunque no lo adjetiva, el mamarracho de la denuncia presentada por Nisman contra Cristina Fernández donde la acusaba por encubrir la llamada pista iraní. Una denuncia desestimada por la justicia federal en el 2021. Una de las tantas denuncias que formaron parte del lawfare, en la Argentina.

Varios párrafos dedican, HRW, al marco histórico respecto a ley de aborto y a las políticas de identidad de género. La única novedad que incluye es la referida a “un acuerdo de solución amistosa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato violento de un oficial de la marina, Octavio Romero, en 2011, que no fue debidamente investigado y que podría haber estado motivado por su orientación sexual”.

En lo que respecta a los derechos de los pueblos originarios, el informe solo refirió muy genéricamente que “los pueblos indígenas enfrentan obstáculos para acceder a la justicia, tierras, educación, atención de la salud y servicios básico”. Nada específico sobre el operativo desmedido e irregular en la Villa Mascardi, en la Patagonia, que terminó con la detención y el traslado irregular de una jurisdicción provincial a otra, de un grupo de mujeres sin asistencia legal. Un hecho que trajo a la memoria de los argentinos los traslados de presos políticos como preludio y ensayo de la figura del desaparecido durante la dictadura. La represión en Villa Mascardi fue la causante de la renuncia de la ministra de Mujeres y Género, Elizabeth Gómez Alcorta, quien se había mostrado completamente critica de la situación. Tampoco se incluyó información sobre las investigaciones judiciales por el asesinato de Rafael Nahuel y la desaparición forzada de Santiago Maldonado, ambas directamente ligadas a la lucha y resistencia del pueblo mapuche.

Por último, HRW detalla, siempre brevemente, que Argentina en 2022 “asumió la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En ese órgano apoyó el escrutinio de violaciones de derechos humanos en Afganistán, Bielorrusia, Eritrea, Nicaragua, Rusia y Ucrania. Sin embargo, Argentina se abstuvo de votar una resolución para renovar el mandato del grupo de expertos de la ONU que investiga violaciones sistemáticas de derechos en Venezuela y otra resolución para debatir la situación de derechos humanos en la Región Autónoma Uigur del Xinjiang en China”. También destacó la presidencia del país en la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños); y el voto positivo en la OEA para condenar la invasión rusa en Ucrania. Además “en octubre, un tribunal federal en Argentina inició una investigación penal sobre el presidente nicaragüense Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario María Murillo por presuntos crímenes de lesa humanidad”.

El carácter estructural en materia de violación de derechos humanos en la Argentina, tiene un principal componente que es la impunidad. Impunidad del poder, sobre todo. Impunidad para con las castas militares, policiales, políticas, empresariales, eclesiásticas y judiciales. Una impunidad cuya responsabilidad no recae solo sobre el poder judicial, puesto que mucho se ha firmado desde el Poder Ejecutivo, y mucho se ha sostenido desde el Congreso.

Concluyendo: no hay sector del Estado que no esté atravesado por una lógica mafiosa en la gestión de lo público.

Foto: Telenoche

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