Vicente Agustín Puppi está acusado por el traslado ilegal de once presos políticos de la dictaduraEl Juzgado Federal n°1 de Salta, bajo tutela del juez Julio Bavio, elevó el procesamiento contra el excelador Vicente Agustín Puppi quien cumplió servicio en la cárcel de Villa Las Rosas, ubicada en Salta capital, República Argentina, durante el tiempo que tuvo lugar la llamada Masacre de Las Palomitas, en julio de 1976, a pocos meses de iniciada la etapa militar de la dictadura cívica, empresarial y eclesiástica. Un crimen donde once presos políticos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, fueron trasladados del penal de forma ilegal, para luego ser fusilados sobre la ruta. Este crimen intentó ser ocultado por el Estado, con la participación activa de miembros del Ejército, de la policía provincial de Salta, de la policía federal, del sistema penitenciario y del Poder Judicial. Presos políticos Salta fue y sigue siendo un feudo. En 1973, luego de 17 años de proscripción del peronismo, en la provincia hubo elecciones que fueron ganadas por el médico Miguel Ragone, quien siendo tucumano no tenía vínculo alguno con las castas políticas, económicas y católicas que gobernaban la provincia desde hacía lustros. Ragone era un hombre del pueblo, que dedicaba tiempo de calidad a cada persona sin distinción. Peronista de larga data, fue uno de los tantos presos políticos de la llamada revolución libertadora, dónde padeció la tortura. Al asumir la gobernación, en mayo de 1973, denunció con mucha fuerza el saqueo al que había sido expuesta el arca provincial, en particular durante los periodos dictatoriales. El gobierno de Ragone, se perfilaba a ser revolucionario y las tensiones políticas y el desfalco del sillón presidencial tras la muerte del general Perón, llevaron a que Isabelita -el títere de José López Rega y la P Due-, ordenará la intervención militar en la provincia, so pretexto del avance de la guerrilla. El gobierno de Ragone duró un año, cinco meses y veintidós días. El 11 de marzo de 1976, dos semanas antes del golpe de Estado, Ragone es secuestrado por una patota del ejército nacional, su cuerpo continúa desaparecido. En este marco de persecución política se encontraban María Amaru Luque, Rodolfo Pedro Usinger, Alberto Simón Savransky, Georgina Droz, Benjamín Ávila, José Povolo, Raquel Celia Leonard –quien recientemente había parido un niño, que fue entregado a su hermana que también estaba detenida-, María del Carmen Alonso, Roberto Oglietti, Evangelina Botta y Pablo Outes. Todos habían sido secuestrados entre febrero y noviembre de 1976. Los cuatro primeros formaban parte de Montoneros, los restantes eran del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo). Todos se encontraban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, lo que significa que sus detenciones estaban oficializadas. Todos presos políticos. Simulación Durante la noche del 6 de julio de 1976, una cuadrilla de soldados del ejército argentino ingreso a la cárcel de Villa Las Rosas, bajo orden del juez federal Ricardo Lona. El coronel Carlos Alberto Mulhall -que por aquellos días oficiaba cómo interventor de la provincia, siendo la máxima autoridad-, dio la orden de traslado por escrito al capitán Hugo César Espeche, quien esa noche ingreso al penal con sus hombres. Fue recibido por Braulio Pérez que era el director del penal. Una vez entregada la orden de traslados, Espeche, dio indicaciones verbales de que no quedaran registros escritos del traslado, y que se despejaran los pabellones encerrando a cada detenido en su celda e incluso fueran cerradas las mirillas de las puertas. Luego se procedió a apagar las luces, reduciendo las posibilidades de que los miembros del ejército que ejecutaron el procedimiento. Los detenidos que iban a ser trasladados fueron encapuchados, y guiados por los guardiacárceles a los empujones hasta llevarlos a la salida, donde los soldados del ejército, sin insignias ni distintivos, esperaban a oscuras. Estos no eran procedimientos atípicos. Ya desde 1971 los presos políticos son trasladados a lo largo y a lo ancho del país, una metodología que ensayaba la figura del desaparecido. Una metodología que esa noche tendría un final distinto. La secuencia del traslado se pudo constatar, a nivel judicial, gracias al testimonio de Julio Raymundo Arroyo, que se encontraba detenido en el penal, y por las declaraciones de Juana Emilia Martínez de Gómez, quien era celadora en el penal; y el oficial del Servicio Penitenciario, Carlos Alzugaray. Al mismo tiempo que los detenidos eran retirados del penal, a las afueras de la ciudad, una patrulla que realizaba controles vehiculares secuestra dos vehículos, un Torino y una camioneta Ford F-100. En ambos casos los hombres de la patrulla se autoproclaman como miembros del ERP, los conductores fueron maniatados y amordazados. Al día siguiente, ambos vehículos aparecieron en el paraje Las Palomitas, a pocos kilómetros de donde fueron secuestrados. Estaban acribillados a balazos y en su interior tenían innegables manchas de sangre. La camioneta además estaba incendiada. Por extraño que pareciera, dentro no había cuerpos. Alguien ya los había sustraído. Esta fue la escena que montaron los efectivos del ejército para justificar el asesinato de los once detenidos. Con esta escena pretendían decir que durante el traslado de los detenidos fueron interceptados por un grupo de guerrilleros y tras un enfrentamiento armado, los once resultaron heridos de muerte. Algo que carecía de todo sentido, considerando dos datos muy sencillos. En primer lugar, ningún soldado del ejército resulto herido. En segundo lugar, no había entre los caídos personas que no fueran los presos. La justicia, muchos años más tarde lograría establecer que el crimen de Las Palomitas, no fue otra cosa más que un fusilamiento. Más tarde, ocho de los cuerpos de los detenidos “aparecieron” asesinados en puestos de control camino a Tucumán y Jujuy. Nuevamente en estos supuestos enfrentamientos no hubo ni heridos, ni bajas, por parte de las fuerzas armadas, ni de las policías provinciales y federales que intervinieron. Fusilados Al llegar al paraje Las Palomitas -sobre la ruta 34 a unos 50 kilómetros al sur de la capital provincial-, los detenidos, que estaban semidesnudos como fueron arrebatados del penal, fueron obligados a descender entre empujones e insultos. Los soldados eufóricos gritaban a la par que sobaban sus armas. Finalmente, acomodaron a los detenidos dentro de los vehículos secuestrados, y sin más abrieron fuego a corta distancia con armas de guerra. Nuevamente ejecuciones sumarias en la Argentina. Nuevamente fusilamientos clandestinos. Nuevamente el terrorismo de Estado. Los soldados cargaron los cuerpos y los trasladan hacia los puntos de control sobre el límite de la provincia, donde fraguaron los enfrentamientos. Los cuerpos de Georgina Droz y Evangelina Botta, nunca fueron hallados. Ellas particularmente habían denunciado en reiteradas ocasiones las vejaciones sufridas a manos de los uniformados. Simón Véliz, un expolicía de la provincia, declaró que esa noche, el 6 de julio del 76, su jefe directo, el comisario Oscar Corea, le encomendó a él y otros dos policías, Ricardo Arquiza y José Michel, que se trasladaran al paraje Las Pichanas, cerca de Las Palomitas, para cumplir una misión. Al llegar al lugar el oficial Raúl Huari, les indica que se aposten a treinta metros de distancia uno del otro, formando un perímetro en torno a los dos vehículos, la camioneta Ford que estaba en llamas y el Torino, y que los custodiaran durante toda la noche, sin acercarse en ningún momento a husmear que había dentro. Véliz recuerda que a medida que fue amaneciendo y la luz fue afirmándose sobre el terreno, se pudo identificar con claridad los restos de una masacre terrible. Pedazos de cuero cabelludo, materia encefálica, dientes y frondosos charcos de sangre rodeaban el lugar. Decenas y decenas de casquillos de bala no dejaban dudas, al igual que las huellas de botas militares, que allí una cuadrilla de soldados había descargado toda su furia. Tres charcos de sangre, hacían suponer que los cadáveres habían sido apilados y rematados en ese lugar. Condenas En diciembre del 2010, fueron condenados Mulhall, Espeche y Miguel Raúl Gentil, quien era la máxima autoridad de la policía de la provincia de Salta. En una segunda etapa fueron condenados, en diciembre de 2011, Luciano Benjamín Menéndez, quien era el jefe del III Cuerpo del Ejército, el excomisario Joaquín Guil y el exguardicárcel Juan Carlos Alzugaray. Todos fueron sentenciados a cadena perpetua, salvo Alzugaray que tuvo una condena a 20 años, más allá de que recibiría otras condenas a cadena perpetua por otros crímenes de lesa humanidad. Los militares Joaquín Cornejo Alemán y Ricardo Benjamín Isidro de la Vega, murieron durante el desarrollo de los eternos tiempos procesales, que garantizan la impunidad. La misma que favoreció al extinto juez Ricardo Lona. Bavio, además del procesamiento de Puppi, determino un embargo por un millón y medio de pesos. También ordeno que continúen las investigaciones contra el militar retirado Luis Dubois y el también exguardiacárcel Juan Salvador Sanguino. En el caso del exguardicárcel Víctor Manuel Rodríguez fue cerrado el sumario. Es importante recordar que esta investigación tuvo su origen en 1983, cuando un grupo de presos políticos en Trelew, sobrevivientes al proceso militar de la dictadura, hicieron las primeras denuncias por secuestros ilegales, torturas, vejaciones, malos tratos y asesinatos, padecidos por ellos mismos, o por otros detenidos de los que fueron testigos, en distintos centros de detención distribuidos por todo el país. Una parte de la sistematización del horror impuesto por la dictadura. Foto: Revista Haroldo . Artículos relacionados |
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