La religiosa ya contaba con la dispensa para poder salir, pero el convento le negaba su libertad

Resulta increíble pensar que en pleno siglo XXI, se necesite una dispensa del Vaticano para que las monjas que decidieron una vida en un convento de clausura puedan salir. Pero es una de las reglas que ya conocen a la hora de tomar los votos. Sin embargo, en el convento de San Bernardo de Salta, una monja debió recurrir a la justica para iniciar una causa contra la institución, que, a pesar de la dispensa que la autorizaba a salir, le negaba la libertad. Causa que luego de varios intentos de acercamientos por parte de la justica hacia el lugar, terminó en un allanamiento y el rescate de la religiosa.

Las monjas, entregadas a Dios y su vida a la oración y a la contemplación, no salen de entre sus muros si no es estrictamente necesario por motivos de salud. Antes, salían a votar a la plaza del pueblo. Ahora votan por correo, una oportunidad menos. No es fácil entender que alguien haya elegido esta vida, es una pura cuestión de Fe, pero de la radical. La vida en clausura es muy dura. Han hecho y cumplen votos de pobreza, castidad y obediencia.

Clausura, sinónimo de secuestro

El fiscal Ramiro Ramos Ossorio intervino ante la denuncia por privación ilegítima de la libertad de una monja de clausura en el Convento San Bernardo, de las religiosas Carmelitas Descalzas en la ciudad de Salta. Todo comenzó con la denuncia de una de las hermanas de la monja quien aseguro que la religiosa quería irse, pero estaba retenida contra su voluntad. A partir de ese momento, el convento prohibió todo contacto con los familiares. Por este motivo, el pasado martes 20 de diciembre, el fiscal Ramos Ossorio dio la directiva a la Policía para que se entrevistaran con las autoridades del convento, pero tampoco los efectivos fueron recibidos. Esto derivó en la visita de auxiliares fiscales al claustro, quienes ni siquiera pudieron ingresar para dejar la notificación.

El fiscal solicitó entonces al Juzgado de Garantías de turno que ordene allanar el Convento. La jueza Zunino autorizó el procedimiento, permitiendo que policías y bomberos ingresen al lugar, aunque no fue necesario forzar la entrada. Las autoridades pudieron llegar hasta la monja denunciante, quien ratificó su intención de retirarse de allí, por lo que fue trasladada a un lugar seguro.

Según informó el diario La Nación, la mujer manifestó: "Me quiero ir de acá”, ante la comisión que conversó con ella. Este medio también indico que el texto de la denuncia hace referencia a diferentes tipos de “irregularidades” en el trato y que la monja, que dejó el lugar, llevaba 31 años de clausura, transitó un cáncer y venía pidiendo tener un contacto más fluido con su familia, así como más facilidades de atención médica, por eso quería dejar el claustro.

Gracias al procedimiento, se dispuso el cumplimiento de numerosas medidas tendientes al esclarecimiento del hecho denunciado. Cabe aclarar que el convento ya tenía antecedentes, ya que este año las monjas denunciaron por violencia de género al arzobispo Mario Cargnello, al obispo emérito Martín De Elizalde, al cura Lucio Ajalla, y al juez único del Tribunal Eclesiástico de la arquidiócesis Loyola Pinto y de San Cristóbal. Además, hay otra investigación en curso de la Fiscalía de Delitos Económicos a los administradores del Convento, Carlos Obeid y Marcelo Mentesana.

En épocas de concesión de nuevas garantías y derechos, de libertad para ser, quizás llegue el momento de revisar viejas prácticas. Cierto es que gran parte de la sociedad reclama que la iglesia y el Estado sean asuntos separados. Pero cuando se vulneran los derechos de una persona y se la priva de su libertad, aun cumpliendo con los requisitos para poder salir de la clausura, es inevitable pensar en cuanto más acontece puertas adentro de un convento de clausura y cuantas voces más no son escuchadas.

Foto: Página/12

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