Por Antimafia Dos Mil-20 de noviembre de 2022

El “primer vuelo” clandestino arrojó, después de años de abierta la causa, a cinco imputados: los militares Jorge Silveira, José Ricardo Arab, Ernesto Ramas y Ernesto Soca, junto al expolicía Ricardo Medina, quienes fueron procesados por su responsabilidad en la detención de 20 personas, militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) en Buenos Aires, los que fueron trasladados posteriormente a Uruguay, y detenidos en varios centros clandestinos en Montevideo.

“Los militares que estaban en Orletti eran: Jorge Silveira alias Pajarito, el Mayor José Nino Gavazzo, un oficial que le decían el Turco Arab (…). Otro oficial que le decían el Conejo Medina, personal subalterno. Soca creo que era cabo, le decían Drácula”.

Los hombres mencionados en el relato de Eduardo Dean, uno de los testimonios de la causa del “primer vuelo”, fueron procesados por privación de libertad, violencia privada y lesiones graves, exceptuando a José Gavazzo, quien falleció en marzo de este año y fue responsable del padecimiento, desapariciones y asesinatos de muchísimas personas en años previos y durante los tiempos terribles de la dictadura civil, militar y empresarial en Uruguay.

La jueza a cargo del caso, Silvia Urioste, determinó la prisión para las cinco personas, que ya se encuentran cumpliendo otras condenas. En el caso de Arab y Soca, la sentencia implica su responsabilidad por los delitos de privación de libertad, lesiones graves y violencia privada, en tanto Ramas, Silveira y el expolicía Medina fueron imputados por los mismos crímenes, y además por simulación de delito.

Urioste, en la sentencia, determinó que las detenciones fueron responsabilidad de agentes argentinos de la Secretaría de Información del Estado (SIDE), y de efectivos del Servicio de Información y Defensa (SID) y de la Organización Coordinadora de Operaciones Antisubvsersivas (OCOA) de Uruguay.

“Los agentes estatales privaron de su libertad y torturaron sistemáticamente a las víctimas e incluso simularon un delito, lo que demuestra el exceso y la saña de su actuación y habilita a desestimar como causa de justificación el cumplimiento de la ley, como reclaman las defensas”, argumentó.

“Los detenidos fueron sometidos por sus captores -los fallecidos José Gavazzo y Gilberto Vázquez- y los indiciados Jorge Silveira, José Arab y Ernesto Ramas -a torturas consistentes en colgadas, plantones, submarino, golpes, entre otros, con la finalidad de que en los interrogatorios brindaran información sobre las actividades, organización y miembros del PVP”, puntualizó, y agregó que Ernesto Soca cumplió “tareas de custodia”.

“Los imputados tenían suficientemente claros e interiorizados los valores en juego y se encontraban en condiciones de reconocer la ilegalidad clara que cometían al privar ilegalmente de la libertad a las víctimas, someterlas a torturas que ponían en peligro su vida e incluso simular un delito, con la finalidad de obtener información relacionada a grupos políticos proscriptos y legalizar la privación de libertad ilegítima en que se encontraban los prisioneros”, aseguró, echando por tierra los argumentos de la defensa que argüían obediencia debida en sus acciones claramente delictivas.

Eduardo Dean, junto con otra uruguaya, Ana Inés Quadros, fueron secuestrados el 13 de julio de 1976 en Buenos Aires, donde se habían exiliado huyendo de la persecución de las fuerzas de represión que operaban en Uruguay. Entre junio y julio también fueron apresadas varias personas más, y todas ellas, trasladadas al Centro Clandestino de Detención Automotores Orletti, un lugar donde se practicaban salvajes torturas y abusos de todo tipo.

El 26 de julio, Dean, Quadros, Margarita Michelini, Cecilia Gayoso, Sergio López Burgos, Enrique Rodríguez Larreta y su hijo de mismo nombre, Ana María Salvo, Jorge González Cardozo, Sara Méndez, Ariel Soto, Raúl Altuna, María del Pilar Nores, Marta Petrides, Elba Rama, Laura Anzalone, Alicia Cadenas, Gastón Zina, Edelweiss Zahn y María Mónica Soliño, fueron trasladados desde Orletti en el “primer vuelo” desde Argentina hasta Uruguay, y detenidos en “la casa de Punta Gorda”, un centro clandestino en Montevideo, para posteriormente ser trasladados a “la casona de Bulevar Artigas y Palmar”, sede del Servicio de Información y Defensa (SID).

Ya en Uruguay, los represores montaron una simulación donde los trasladados y trasladadas fueron obligados a firmar documentos, indicando que habrían llegado al país de forma libre. El montaje, presentado a la opinión pública, los presentó como recién detenidos por causa de intentos de ataques armados.

Fue tal la crueldad, que para disimular los daños infringidos a la veintena de hombres y mujeres víctimas de su sadismo, les permitieron salir al sol y les dieron de comer. Derechos humanos básicos, que fueron quitados durante su detención, pero que por pura conveniencia les otorgaron para no verse comprometidos con un hecho tan trágico como inocultable.

Pasaron años antes de que se procesaran con prisión a estos represores. Y pasaron años para que la causa tuviera una respuesta de la justicia. Mientras tanto, algunos fueron estirando con recusaciones y apelaciones de inconstitucionalidad, las sentencias que tarde o temprano iban a llegar. Tarde para algunos, que murieron antes de que el brazo de la justicia les pudiera alcanzar.

Mientras, otros como Jorge Silveira, Ricardo Arab, Ricardo Medina, Ernesto Rama y Ernesto Soca, siguen sumando sentencias a su prontuario criminal; sentencias que no llegarán a cumplir debido a sus avanzadas edades, y que seguramente tomarán como argumento para excusarse y volver a casa a terminar las condenas en el calor del hogar.

No deja de ser incomprensible la vara con la que se miden los crímenes, y la demora en ser juzgados. Los recursos legales impuestos han sido muchos, pero perdonar la saña y la tortura solo puede tener una motivación: el miedo. Y el miedo, no puede regir ningún Estado, ninguna democracia, ninguna sociedad sana.

Para sanar, primero hay que perder el miedo. Y luego, curar con justicia una herida profunda, que sigue sangrando, hasta hoy.

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Foto de portada: ladiaria.com.uy

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