Por Alejandro Diaz-1° de octubre de 2022
“Nosotros éramos conscientes del riesgo que se corría en esa operación. Nosotros valorábamos que de encontramos en un lugar desguarnecido en que tuviéramos que enfrentar a las fuerzas de represión, sin tener una cubierta, aun cuando estuviéramos armados, con las armas que sacamos del penal, pero sin tener alguna forma de protección o de comunicación, o forma de hacer trascender esta situación, sí nos encontrábamos a campo traviesa con las fuerzas militares, por el hecho de que había superioridad numérica en términos absolutos, considerábamos que era segura una ejecución, una masacre, allí en el campo. Desde ese punto de vista cada compañero que estaba comprendido en la lista para salir, y que ese compañero estuviera consciente de que, aun cuando no participaba en la acción en sí misma, en la operación propiamente dicha de toma del penal, el riesgo que tenía era de muerte, de ser ejecutado a mansalva”.
Estas palabras daría Ricardo Rene Haidar durante un dialogó con Paco Urondo, mantenido en el penal de Devoto, el 24 de mayo de 1973, la noche antes de ser liberados los presos políticos del país; ante la asunción a la presidencia de Héctor José Cámpora, que marcaba el final del proceso dictatorial, la vuelta a la democracia y el inminente fin de la proscripción política de Juan Domingo Perón, lo que se vislumbraba como un triunfo, no solo de la resistencia peronista, sino del pueblo en su conjunto. Lejos estaba aún, la larga noche que estaría por venir. En aquella reunión en una celda, mate de por medio, participaron también Alberto Miguel Camps y María Antonia Berger. Los tres, Haidar, Camps y Berger, eran los únicos sobrevivientes de la masacre de Trelew, y le relataron a Urondo, las peripecias, sentires, pareceres, de lo que fue una de las maniobras militares más complejas organizadas por la resistencia argentina, la fuga del penal de Rawson. Este relato será condensado por el propio Paco Urondo en el libro “La Patria Fusilada”.
22 de agosto de 1972 – 22 de agosto de 2022
Este año se cumplieron 50 años de lo que la historia conoce como la 'Masacre de Trelew'. Aquel 22 de agosto de 1972, en la provincia del Chubut, en la Patagonia argentina, eran fusilados a sangre fría 19 jóvenes -miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Montoneros y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)-, que se encontraban detenidos, bajo custodia de la Armada, en la Base Aeronaval Almirante Zar. Los 19 jóvenes fusilados*, habían sido recapturados luego de una operación militar promovida por la resistencia, para orquestar una fuga masiva del penal de Rawson. Una operación que buscaba no solo la libertad de los presos políticos; sino también, su reinserción operativa en las calles, que permitiera el cumplimiento de los dos objetivos centrales de sus agrupaciones, la caída del régimen dictatorial y la toma del poder.
La masacre de Trelew, será el desenlace, pero no el final, de un proceso de violencia sistematizada impuesta por el Estado argentino, infiltrado y al servicio de intereses espurios, que hasta el día de hoy intentamos identificar, y que siguen operando.
¿Por qué?
En Argentina, para 1972, hay instalado un sistema dictatorial represivo, intermitente oficialmente hablando -o dosificado por “democracias” tuteladas, sería lo más apropiado-, impuesto desde 1930, con el régimen de Uriburu. Tomando como punto de partida este periodo histórico, aunque arbitrario, puesto que los casos son infinitos, ya que el sistema viene persiguiendo y asesinando obreros, estudiantes y disidentes políticos, desde siempre.
En aquel principio de siglo, la memoria tiene aún fresca la sangre de los más de 1.500 obreros fusilados en la Patagonia Rebelde, entre los años 1921 y 1923; o la Masacre de Napalpí, recientemente declarada como crimen de lesa humanidad, donde fueron brutalmente asesinados alrededor de 500 miembros de las comunidades Qom, en el norte del país. Para 1972, fresca está aún la sangre esparcida en la Plaza de Mayo, después de los bombardeos contra el empoderamiento del pueblo. Fresca está aún la sangre de los fusilados de José León Suarez, inmortalizados en las palabras de Rodolfo Walsh. Para 1972, hay fusilados que caminan, hay testigos en primera persona de las torturas, de la profesionalización de la tortura y de la violación como modelo de guerra. En las calles “conviven” sobrevivientes y torturadores, violadores y violados, villas miserias y banqueros impunes, milicos y guerrilleros, organizaciones de base y logias masónicas desviadas, el pueblo y la casta.
Para 1972, la región oscila entre la eterna dictadura paraguaya y el gobierno socialista de Salvador Allende; mientras el Cóndor sobrevuela, consolidando el modelo narco dictatorial boliviano; el régimen civil y financiero uruguayo; y la matriz productiva, fascista y mafiosa, argentina.
Campos de concentración
A partir de 1966, el número de detenidos por motivaciones políticas se hace exponencial. El clima de época, alimentado por el rumor de la revolución cubana y el movimiento hippie contra la guerra en Vietnam -sumados al gen fascista y a su contra punto, el antifascismo- multiplican a los jóvenes que se vuelcan a la participación ciudadana y a la militancia en todo el mundo.
En Argentina todo se ve magnificado por la proscripción del peronismo. Las detenciones se intensificarán sobre todo a partir del Cordobazo en mayo de 1969, y en gran medida se debe a que la dictadura comienza a perder sustento político, y esto implica que, en ciertos momentos, demasiados quizás, lo tuvieron.
Los centros de detención comienzan a desbordar, presos comunes y presos políticos (si tal diferencia en plena dictadura existe), comparten espacios, donde la militancia y el ideal comunitario prosiguen su transformación cultural; el preso político dignifica y humaniza aquel carácter marginal propio de la situación de encierro de los sistemas penitenciarios latinoamericanos. En este sentido, entre otras motivaciones vinculadas a una especie de “solución final”, hacen que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), y el gobierno militar, se vuelquen hacia una clasificación de los detenidos, y a la extrema categorización de detenidos de máxima peligrosidad, dedicado a los presos políticos a disposición del PEN, que son aquellos detenidos ‘blanqueados’ u oficializados por el Estado. En 1972, se estima que la cantidad de presos políticos superaba los 1.200. Hacia adelante, la cantidad de detenidos oficializados o a disposición del PEN, comenzara a ceder terreno respecto de aquellos detenidos de manera clandestina, que comenzarán a dar forma, trágicamente, a la figura del desaparecido.
El PEN dispone en aquel tiempo, cuatro establecimientos para concentrar a la masa de detenidos políticos y como consecuencia inmediata, extremar las condiciones de detención que comienzan a ser cada vez más deshumanizantes, en espacios de encierro reducido, sin ventilación o luz, completamente hacinados o en contraposición, en aislamiento total. Estos cuatro espacios son: Resistencia, Devoto, el buque cárcel Granadero y Rawson. Este último, ubicado en un clima extremo y completamente aislado, comenzara a recibir oleadas de detenidos por razones políticas, que podrían entenderse como rehenes de la dictadura, al tiempo que comienzan a ser “borrados” del escenario público.
Educación, formación y planeamiento
Hace unos días, un amigo me contaba sobre un viaje que hizo a Rusia a principios de los 90. Entre las distintas aventuras de su travesía, recordó una en particular. Viajando en el subte, se sorprendió, positivamente, por el hecho de que “el 80 por ciento de la gente iba leyendo un libro”. Es este, el tema de la educación y la formación, un aspecto fundamental a tener siempre presente respecto a los procesos revolucionarios y a la estratégica censura y represión que imponen los sistemas fascistas, no siempre dictatoriales y cada vez más democráticos.
“Estar adentro era una escuela de cuadros, estudiábamos, entrenábamos, teníamos Economía, Historia, Política, y preparación de la fuga, por supuesto, un combatiente preso tiene el deber de pensar cómo se va a fugar”, le dice Alicia Sanguinetti a Página/12, durante la visita al penal de Rawson en el 50 aniversario de la masacre. Alicia, fue una de las detenidas políticas que el 15 de agosto de 1972, tomaron el penal de Rawson, intentando una fuga masiva -exitosa en partes-, que marcaría la historia, para romper el cerco de censura de la dictadura argentina.
Argentina es para 1972, un sistema represivo, frio, despiadado, ensañado particularmente contra las juventudes, contra los estudiantes, contra los obreros, contra aquellos quienes están en condiciones de crear arte, educación, cultura; y más importante aún, trasmitirla. Y esta es la principal connotación del crimen político; la ruptura de una transmisión ideológica. Cuando ese crimen político es masivo, o mejor dicho contra las masas, se busca la ruptura de un proceso cultural, de una transmisión cultural; a decir de Freire, una Educación Popular. Esa Educación Popular que se desprendía de las organizaciones de base o de las comunidades, según la raíz etnográfica. Y este es uno de los fundamentos del porqué del aislamiento al que eran sometidos los presos políticos, al ser trasladados a lugares extremos como el penal de Rawson, en la gélida provincia del Chubut. Sus ausencias serían una forma de cortar un proceso educativo, ya no a nivel comunitario, sino a nivel social; y porque no, a nivel global. La ausencia, será una consigna emblemática de aquellos años en los que fue desaparecida, literalmente, una generación.
Una idea fija, la fuga
A mediados de junio de 1972, más de 200 detenidos políticos -que fueron trasladados en tandas hacia el penal de Rawson, desde principios de 1971-, miembros de las principales organizaciones de resistencia, entre ellas Montoneros, ERP y FAP, despojados de sus diferencias ideológicas u operativas, se agrupan en un único movimiento, que será replicado en las calles en acciones coordinadas de aquí en adelante. Para la fuga, se organiza un “comando conjunto”, formado por Mario Roberto Santucho y Enrique Gorriarán Merlo del ERP, Marcos Osatinsky, Roberto Quieto y Domingo Menna del FAR, y Fernando Vaca Narvaja de Montoneros. La fuga se divide en dos etapas, que, aunque independientes son congruentes: por un lado, la toma del penal, por el otro la fuga propiamente dicha. Desde un principio se plantea una fuga masiva, y se analizan distintas opciones que van tamizándose a medida que avanza el proyecto, la idea de un combate frontal se descarta, puesto que en las inmediaciones del penal hay agrupados más de 1200 uniformados, fuertemente armados, miembros del Sistema Penitenciario, de la Gendarmería Nacional, el Ejército y de la temible Armada.
Finalmente se decidió, que, una vez tomado el penal, se movilizarían en grupos hacia el aeropuerto de Trelew, a unos 20 kilómetros de distancia, donde coparían un vuelo comercial para viajar a Chile, donde esperaban que el gobierno de Salvador Allende les brindara refugio.
En la previa, la información se segmenta, al igual que las asignaciones, cada subgrupo conoce sus tareas y desconoce el plan general y el día puntual de la fuga. Se confeccionan uniformes y se acondicionan disfraces, se estudian los movimientos. Mientras, las jornadas de entrenamiento físico se intensifican. Otro grupo fuera del penal, realiza las tareas de logística, averigua la llegada de los vuelos, prepara los transportes para el traslado del grueso del contingente de los militantes, se miden tiempos y distancias, se calcula la fuerza. Todo se sincroniza minuciosamente.
La señal
El BAC 1-11, era un avión comercial birreactor, de mediano y largo alcance, diseñado por una compañía británica. Era el avión que realizaba el vuelo 811 de Austral Líneas Aéreas, uniendo la localidad de Comodoro Rivadavia, en la provincia del Chubut con la capital del país. El vuelo 811, partía a las 18 horas, y en aproximadamente 20 minutos realizaba su primera escala en el Aeropuerto de Trelew, antes de partir rumbo al aeropuerto de Bahía Blanca y finalmente al Aeroparque Jorge Newbery. Cuando el avión realizó el carretero en Comodoro Rivadavia, aquel 15 de agosto de 1972, con 96 pasajeros arriba, segundos después de las 18 horas, se activó la señal, y dentro del penal las cuadrillas de militantes fueron avanzando rápidamente por los pabellones y dependencias, inmovilizando a los guardias y asegurando el control del establecimiento. Nunca se confirmó, pero distintas versiones aclaran que hubo ayuda por parte de los guardiacárceles, en particular uno de nombre Fasio, a quien se le perdió el rastro.
En este sentido es importante considera que, el 26 de julio de 1972, 20 días antes de la fuga, el Servicio de Inteligencia de la Armada (SIA), envió un comunicado al servicio de Inteligencia de la Policía Bonaerense, para informar que en “Carmen de Patagones, San Antonio Oeste y Comodoro Rivadavia se estarían agrupando elementos terroristas que en número de 200 procedentes de Córdoba intentarían asaltar la próxima semana el penal de Rawson”. Indudablemente la inteligencia, a ambos lados, se mantenía en constante vigilia.
La toma, se realizó según lo planificado, salvo por un tiroteo donde fue asesinado Gregorio Valenzuela que intentó detener la fuga y, según la versión de sus hijos, fue rematado de un tiro en la cabeza. Este tiroteo, confundió al grupo de conductores que aguardaban fuera del penal, que consideraron que el copamiento había fracasado y se fueron. Por eso, cuando los militantes llegaron a la puerta se sorprendieron, puesto que no estaban los móviles. Así mismo el primer grupo, los 6 líderes, partieron directamente hacia el aeropuerto, donde un grupo de militantes externo ya estaba realizando las tareas para asumir el mando de la torre de control.
Otro grupo, que venía dentro del avión, realizó las maniobras para reducir a la tripulación, y preparar la nave para el despegue. Todo cronometrado, los militantes, aguardaron unos minutos, llenos de tensión, incertidumbre y adrenalina, esperando la llegada del segundo grupo que venía rezagado por el desconcierto de los choferes. A las 19:45, cuando la fuga ya no era una sorpresa, despegan rumbo a Chile, según lo acordado. El segundo grupo -los 19 jóvenes militantes de las organizaciones armadas de la Resistencia, que luego serían fusilados-, llega al aeropuerto, con la expectativa de asaltar un segundo vuelo, proveniente desde Buenos Aires, que ya había desviado su curso al ser alertado por las Fuerzas Armadas.
Los 19, copan el aeropuerto, y negocian su entrega a la justicia, requiriendo para eso la presencia de la prensa. Su principal exigencia era su integridad física y ser regresados al penal de Rawson, y por sobre todas las cosas evitar ser trasladados a la Base Almirante Zar. El juez accede, pero antes que se realice la rendición, el PEN, declara el Estado de Emergencia, quedando supeditada la justicia civil a la justicia militar. Este cambio en las reglas será crítico para el destino de los combatientes. La imagen de los jóvenes parados uno al lado del otro, algunos con una visible mueca de alegría y de triunfo, ponen ante las cámaras, el mundo y la historia, sus humanidades, y la cruda realidad de un país forjado bajo los parámetros de la violencia política y el terrorismo de Estado.
Pelotón de fusilamiento, 3:30 de la madrugada
Durante una semana los soldados de la Base Aeronaval Almirante Zar, mantienen cautivos a los 19 jóvenes que no lograron abordar el avión. Son alojados en celdas de detención pequeñas, expuestos a condiciones de hacinamiento, desnudez, malos tratos, vejaciones y humillaciones varias que van in crescendo con el correr de los días y las largas noches, que es cuando tienen lugar los interrogatorios. Los disparos “al aire” comienzan a hacerse frecuentes, preludio de los simulacros de fusilamiento, ¿ensayos, de una orden ya dada?
Finalmente, el 22 de agosto de 1972, una cuadrilla de tres soldados, entre los que se encontraban el capitán Luis Emilio Sosa y el teniente de corbeta Roberto Guillermo Bravo -quien era el Oficial de Logística, y en la práctica era el responsable de los detenidos- ingresan al pabellón de celdas a las 3:30 de la madrugada, dispuestos a ejecutar una orden. Entre gritos, golpes y prepotencias, los cobardes marineros dan fin a la vida de sus prisioneros.
Los sonidos, en particular los estridentes, en los lugares cerrados tienden a magnificarse. Las paredes devuelven el eco, y cada sonido se multiplica. Nervioso, sudado, tenso, rabiado, excitado, el fusilador, extingue el silencio de la naturaleza con un click mecánico, sistemático, frio, tajante. Los disparos y su eco se transforman en una lluvia de balas, en una tormenta que arrasa la humanidad. Un silbido separa el eco del silencio, y solo queda en la habitación el jadeo de adrenalina entreverado con los quejidos, murmullos y gritos, de los que abrazan la muerte. El hedor del sudor, la sangre, el excremento y el encierro, se mezclan con el humo de la pólvora, con el ardor de la carne. Solo un instante transcurre antes de que los golpes, la histeria, las balas y la violencia del Estado den el tiro de gracia.
Roberto Guillermo Bravo, durante un juicio civil llevado adelante en los Estados Unidos -a instancias de una denuncia realizada por familiares de las víctimas-, asumió su participación en los hechos, “yo abrí fuego” y “vacié el cargador” declaró, refiriéndose al arma que portaba, una Pistola Ametralladora PAM, con cargadores que portaban 30 proyectiles 9 milímetros. 30 balas contra un cuerpo de gente, desarmado, bajo custodia, en condiciones psíquicas y físicas deplorables como consecuencia de la tortura, el hambre y las vejaciones propias de los circuitos represivos. Treinta balas, desperdigadas en segundos, y 50 años reconstruyendo los hechos.
Después del humo, la cobertura y el hostigamiento
Luego de los fusilamientos, Bravo, fue protegido por el Estado. No solo no se realizaron acciones judiciales en su contra; sino que, además, lo enviaron a los Estados Unidos para quitarlo del foco público, entre otras motivaciones. Diría él mismo durante el juicio, que había sido trasladado por formación y para evitar la “venganza” contra su familia por la masacre de Trelew. Lo cual es bastante anecdótico, en el sentido de que fueron las fuerzas Estatales y paraestatales al servicio de los privados, quienes hostigaron a familiares de militantes y perseguidos políticos. Tal es el caso del padre de María Antonia, Pedro Juan Berger, que fue fusilado en la puerta de su domicilio durante un operativo de las Fuerzas Armadas, el 16 de marzo de 1977. María Antonia luego de sobrevivir a la masacre de Trelew, permaneció un tiempo de manera clandestina, pero siempre vigilada. Volvería a ser secuestrada y desaparecida en 1979. Mismo destino sufrieron los otros dos sobrevivientes, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar, en 1977 y 1982 respectivamente.
Ya desde el momento en que fueron trasladados los cuerpos de los fusilados -que no pudieron ser negados, ni ocultados, por el carácter público de los hechos-, los servicios de Inteligencia, en particular de la Bonaerense y de la Policía Federal, se ocuparon a seguir de cerca cada movimiento, incluso infiltrando los funerales.
Un informe de la Prefectura Naval Argentina, fechado el 26 de agosto de 1972, replica la versión oficial que instala el intento, por parte de Pujadas, de arrebatarle el arma al capitán de corbeta Luis Emilio Sosa. El escriba, también narra, según sus sensaciones, la evasiva por parte de las autoridades de la Marina respecto al tema; y más aún, deja claro las intenciones que hay de trasladar a los fusiladores, quienes, según sus palabras, estaban “en un decaimiento total, habiéndosele creado un trauma”. Y sería esta una lógica repetida para con otros represores que eran trasladados, como se supo a lo largo de la historia, a otras latitudes para seguir ejerciendo esta, su profesión de asesinos, torturadores, violadores seriales, conspiradores, rateros, pero por sobre todas las cosas, cobardes.
Medio siglo después, miles de testimonios mediante, la sociedad argentina vuelve a fragmentarse en discursos de odio, quizás gatillados en la calle por un “marginal”, pero pensados, promovidos, incentivados, instigados, y por sobre todas las cosas, sentidos por ciertas castas que siguen viviendo otra realidad desde los balcones de la Avenida Libertador.
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(*) Fusilados: Rubén Bonet, Mariano Pujadas, Ana María Villarreal, Clarisa Lea Place, María Angélica Sabelli, Susana Lesgart, José Mena, Alejandro Ulla, Alfredo Kohon, Carlos Alberto del Rey, Eduardo Capello, Humberto Suárez, Humberto Toschi, Mario Delfino y Miguel Ángel Polti. También María Antonia Berger, Alberto Camps y Ricardo Haidar, quienes sobrevivieron. Los tres fueron secuestrados nuevamente, durante el Proceso de Reorganización Nacional, y aún continúan desaparecidos.
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