Centro de Estudios de DDHH defiende a los militares condenados por delitos de lesa humanidad
Se oponen tenazmente expresos políticos y Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos
Por Antimafia Dos Mil-23 de setiembre de 2022
El flamante Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) comenzó a marcar la cancha, tal cual esperaban los legisladores oficialistas. A pocos días de haber comenzado el nuevo ciclo directivo, la mayoría de sus integrantes dio su primer paso registrando en la Institución a una agrupación que defiende a militares que ya fueron condenados por delitos de lesa humanidad.
Evidentemente, esta decisión cumple una función mucho más grata para sus impulsores, que meses atrás pretendieron impulsar el cierre de la INDDHH con argumentos de que “es un comité de base” y “se está malgastando el dinero del Estado en una institución que está totalmente sesgada”, según apreciaciones del diputado de Cabildo Abierto, Raúl Lozano. Julio María Sanguinetti, por su parte, fue un poco más intenso con sus apreciaciones, asegurando que la directiva anterior estaba “ayudando a delincuentes”.
El caso es que el directivo, constituido por su presidente Marcos Israel Cúneo, y por Carmen Rodríguez Núñez, María Jimena Fernández Bonelli, Bernardo Legnani y Wilder Tayler Souto -el único que se opuso a la elección-, en su mayoría estuvo de acuerdo en que el Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay (CEDDHHU) comenzara a formar parte de las instituciones que la integran.
El CEDDHHU es presidido por Sergio Hugo Molaguero, exdirigente del Partido Colorado y exempresario del calzado. La vicepresidenta es la viuda del exmandatario colorado Jorge Pacheco Areco. El tercer directivo es el exdiputado Daniel García Pintos (antes Colorado, hoy cabildante), quien en su juventud integró la JUP (Juventud Uruguaya de a Pie), agrupación acusada de cometer actos violentos principalmente entre estudiantes de secundaria (como el asesinato al estudiante del liceo n°8 Santiago Rodríguez Muela).
Molaguero, quien fue secuestrado en 1972 por el OPR33, recibió denuncias desde los legisladores del Frente Amplio por “presuntos hechos delictivos vinculados con la salud de trabajadores de su empresa y daño a la salud pública”.
Días atrás, Wilder Tayler (único directivo reelecto de la INDDHH), dijo a la prensa que “no se debe admitir la cooptación de entidades que toleren la negación de los derechos humanos”. “Hay límites que no se deben pasar”, manifestó.
Crysol y Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, en contra de la integración del CEDDHHU
Luego de la noticia, la agrupación de expresos políticos Crysol, manifestó su “total rechazo de inscribir al Centro de Estudios de Derechos Humanos en el registro de la Institución, por tratarse de una organización que no reúne las condiciones elementales para ser aceptada para participar”.
Razones como “su negación de las 197 desapariciones forzadas de ciudadanos durante la dictadura civil militar y su encendida defensa de los responsables de los más graves crímenes que fueron procesados”, entienden que son motivos más que suficientes para entender que no cumplen con los mínimos requisitos.
Por su parte, Madres y Familiares declaró a través de un comunicado, que el CEDDHHU “promueve una visión negacionista del terrorismo de Estado, avalando el pacto de silencio y vulnera la memoria de los hechos ocurridos en el pasado reciente y fueron procesados por el Poder Judicial actuando en forma independiente con todas las garantías del sistema democrático. Garantías que no tuvieron nuestros familiares ni los miles que pasaron por las cárceles de la dictadura”.
“Integrada por personas de cuestionable trayectoria, la CEDDHHU no reúne las condiciones mínimas para ser aceptada como integrante de la INDDHH y, por el contrario, va en contra de la normativa que dio origen a la Institución y los principios que de ella emanan, que debe proteger, promover y defender los Derechos Humanos”.
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*Foto de portada: gub.uy