Por Antimafia Dos Mil-22 de setiembre de 2022

Parece ser, que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) comenzó su nuevo mandato con el pie “derecho”. El gobierno de coalición multicolor ha impulsado cambios de concepto en el corazón mismo de la INDDHH, al proponer una dirección laxa con algunas cuestiones que hacen a la constitución y el cometido de este organismo de control de los derechos humanos.

El gobierno no para de dar muestras al respecto. El mes pasado, a través de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República representada por Sandra Etcheverry, acompañó “el lanzamiento del Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay -CEDDHHU, ndr-; asociación sin fines de lucro que tiene como objeto la defensa, promoción y protección de los DDHH, centrados en la dignidad y responsabilidad personal”. Así promovió en Twitter su participación, donde estuvo representado el Ejecutivo también en la persona de la vicepresidenta Beatriz Argimón, y por el CEDDHHU su presidente Hugo Molaguero -excandidato a directivo de la INDDHH-, la vicepresidenta Graciela Rompani -viuda de Jorge Pacheco Areco, con todo lo que eso implica- y el exJUP (Juventud Uruguaya de a Pie), excolorado y ahora cabildante, Daniel García Pintos.

Días atrás, la agrupación de expresas y expresos políticos Crysol, y la organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, se manifestaron públicamente desconformes y preocupados porque la INDDHH incorporó al CEDDHHU como una organización de derechos humanos. Este Centro de Estudios existe para reivindicar las acciones militares durante la dictadura, defender a los militares y policías que murieron en ejercicio en esos mismos años, y para hacer lobby para liberar a los presos condenados por crímenes de lesa humanidad: a los “abuelos”, según palabras de García Pintos. (*)

Ahora, es el ministro de Defensa quien pone su granito de arena. El nacionalista Javier García, en una reunión con el Consejo Directivo de la INDDHH, les invitó a ir a la ‘Cárcel del pueblo’, porque a su entender “puede ayudar en algún sentido a la INDDHH”.

La propuesta fue bien recibida por el expresidente del Comité Central Israelita del Uruguay (CCIU), y ahora presidente de la INDDHH, Marcos Israel, quien manifestó que es una “propuesta interesante” y que “lo van a pensar”.

La ‘Cárcel del pueblo’ es una vivienda sita en la calle Juan Paullier esquina Charrúa, que perteneció en primera instancia a integrantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. Allí secuestraron a Carlos Frick Daves y Ulysses Pereira Reverbel, ministro de Ganadería y presidente de UTE respectivamente, en los años previos a la dictadura militar, durante el gobierno de Pacheco Areco.

Pero si algo no menciona el Ministerio de Defensa, es que luego de ser tomada por el Estado el 27 de mayo de 1972, la casa de Juan Paullier pasó a ser utilizada como centro de detenciones clandestinas, que en el marco de la Operación Morgan utilizaron por años para secuestrar a militantes del Partido Comunista.

Un lugar, que no ha sido señalizado como sitio de memoria; quizás porque está en manos del Ministerio de Defensa, quien solo reconoce una parte de la historia. Quizás porque no hay acuerdo o pedido de marcar el lugar, que estuvo muchos años clausurado y que recién en abril de este año fue abierto con visitas guiadas de 20 minutos para ser recorrido mediante identificación directa al MDN.

Al respecto de la invitación, y luego del encuentro con el directorio de la INDDHH, el ministro Javier García aseguró que “ha facilitado tantas veces ir a lugares” como batallones y cuarteles, y que en este caso toma la misma postura. Y aunque parece no querer nombrar los hechos ejecutados por los militares, asegura que la casa de Juan Paulllier “fue un lugar de violaciones de los derechos humanos”.

Bueno sería que como representante, de nosotros, los ciudadanos, tuviera un discurso completo y también reconociera los daños que las Fuerzas Armadas, junto a los cargos políticos y otras fuerzas paraestatales dependientes del Estado, hicieron a personas que violentaron solo por pertenecer a un partido, solo por considerar que había que lastimarlos hasta la muerte, solo porque no le servían al sistema que querían implantar.

Solo porque hay personas que, para los defensores de los crímenes de lesa humanidad, parecen no tener derecho a existir.

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*Foto de portada: Antimafia Dos Mil / Cárcel del Pueblo

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