Por Victoria Camboni-16 de setiembre de 2022

Para algunas personas, estar prófugo de la justicia por ser responsable de torturas, asesinatos y desaparición de personas no es impedimento para pedir un resarcimiento económico millonario. Al contrario, pareciera que el hecho de tener que dar la cara a la justicia tuviera que tener una contrapartida. Como si hubiera que resarcir al asesino, alguien que con su actitud parece no aceptar su responsabilidad, lo que hace pensar en un grave desfasaje moral y ético, de cualquier conducta humana.

Todo este preámbulo es la introducción a un hecho inédito en la historia contemporánea de Uruguay: Eduardo Ferro, un militar retirado que cumple condena en la cárcel vip de Domingo Arena por su responsabilidad en la desaparición del obrero y militante Óscar Tassino, presentó una demanda de cinco millones de pesos al Estado porque no le pagó la jubilación mientras estuvo prófugo de la justicia.

La demanda civil fue interpuesta contra el Ministerio de Defensa, a través de su abogado Gerard Domínguez. En su reclamo, Ferro reclama que no le pagaron su jubilación de retirado militar desde agosto de 2018, un año después de darse a la fuga mientras la justicia lo investigaba por la desaparición de Tassino.

La jueza Estela Jubette está a cargo del caso, y deberá evaluar las pruebas y argumentos de las partes. Por parte del Ministerio de Defensa, aseguraron que Ferro no comprobó su existencia semestralmente en el consulado uruguayo en España, lo cual era indispensable para mantener el cobro de la pasividad.

El ministro de Defensa Javier García, manifestó a la prensa que “Ferro estuvo prófugo de la Justicia y no cumplió con una disposición legal”, y agregó que “él en forma voluntaria cometió un acto ilícito, no puede reclamar el cobro de un haber que se ejecuta en la medida en que se presenta”; y “voluntariamente decidió estar prófugo de la justicia”.

En marzo de ese año decidió que no daría la cara ante el reclamo de la justicia uruguaya ni de la familia Tassino ni de ninguna de las víctimas del terrorismo de Estado, y se tomó un avión a Valencia, a España. Meses después, en setiembre, le dieron la captura y le permitieron esperar la extradición en libertad. Cuando definieron la extradición se fugó nuevamente, esta vez de la justicia española.

El 29 de diciembre de 2020, el represor envió un correo electrónico al Ministerio de Defensa, en busca de que regularizaran el pago de su jubilación militar, pero su mail fue a parar a manos de la justicia.

El 27 de enero de 2021, se entregó en Peñíscola, España, luego de coordinar la entrega con el subdirector de Interpol, Walter Ostochi.

“No tengo nada que esperar acá, simplemente estar vegetando”, habría declarado en un audio que se filtró.

Dos meses exactos después, Ferro fue trasladado a Uruguay, efectivizando la larga espera de una extradición anunciada.

Ferro fue integrante del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y tuvo una activa participación en el 300 Carlos (centro clandestino de detención y tortura de Montevideo). Además, tras el retorno de la democracia -entre 1988 y 1991- fue jefe del Departamento III de la Dirección General de Información de Defensa, y está sindicado como pieza clave del espionaje militar de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales en democracia.

Actualmente está siendo investigado por ser uno de los responsables del secuestro de Camilo -de siete años- y Francesca Casariego -de tres años- junto a su madre Lilián Celiberti y la pareja de esta, Universindo Rodríguez. La familia se encontraba en su domicilio en la ciudad de Porto Alegre en Brasil, cuando en noviembre de 1978 fueron secuestrados y trasladados a Uruguay. Luego de 18 días, los niños fueron entregados a sus abuelos, y Rodríguez y Celiberti torturados y presos hasta el fin de la dictadura.

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*Foto de portada: Leandro Gómez / Romina Torres (archivo Antimafia Dos Mil)

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