Teniente coronel Juan Rebollo, responsable de la masacre, a prisión domiciliaria

Diana Maidanik de 22 años, Laura Raggio y Silvia Reyes de 19 años, acribilladas por la represión

Por Victoria Camboni-30 de julio de 2022

Cuarenta y ocho años debieron pasar para que las muchachas de abril tuvieran algo de justicia. Unos 48 años de impunidad para un asesinato sangriento, grotesco, brutal, cruel y totalmente despiadado, que fue ideado, planificado y ejecutado por integrantes de los altos mandos del Estado. Diana Maidanick (de 22 años), Laura Raggio (19), Silvia Reyes (19) y el bebé que se resguardaba en su vientre, fueron destrozados a balazos en un operativo militar de “destrucción antisubversiva”, en el que los responsables siempre declararon falsamente un intercambio de balazos, desestimado luego por la justicia. 

Fue la jueza Isaura Tórtora, de 23° turno, quien procesó con prisión al teniente coronel Juan Rebollo “por tres delitos de homicidio muy especialmente agravado en calidad de coautor” -aunque sustituyó la cárcel por prisión domiciliaria-, bajo la teoría “concluyente” de que las tres jóvenes “fueron abatidas sin un enfrentamiento armado previo”. Años antes, el fiscal Ricardo Perciballe, representante de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, había pedido además el procesamiento de José Gavazzo y Eduardo Klastornick, pero la muerte los halló antes que la justicia, mientras transcurría el proceso en su contra.

El represor Rebollo era responsable del Grupo de Artillería Antiaérea N°1 y junto al teniente coronel Washington Enrique Scala Demarco, ordenó el operativo que dio muerte a las jóvenes mujeres. Efectivos de Artillería N°2 también formaron parte del operativo, participando los generales Esteban Cristi, Julio César Rapela, los capitanes Mauro Mauriño y Julio César Gutiérrez, el teniente Jorge ‘Pajarito’ Silveira y los mayores Armando Méndez y José Nino Gavazzo.

Juan Rebollo fue herido en la noche del 21 de abril de 1974, cuando atacaron a las jovencitas Maidanick, Raggio y Reyes. En las declaraciones, los implicados siempre aseguraron que cuando llegaron al domicilio de Reyes, donde se alojaban las tres jóvenes, fueron recibidos a balazos, y que por esta razón el mismo Juan Rebollo habría sido herido, y que, además, un policía que circulaba en la zona habría sido ultimado. Sin embargo, la justicia desestimó estas afirmaciones, asegurando que Rebollo habría sido impactado por “fuego amigo” y el agente policial, abatido por los militares, luego de haberlo confundido con un sedicioso.

Treinta y seis años atrás, la denuncia sobre los asesinatos fue presentada ante la justicia. Pero para las leyes y los operadores judiciales esas muertes no eran delito, y los asesinos, intocables. Y ante tanta insistencia, tantas movilizaciones, tantas intervenciones de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, lograron que finalmente se llegara al proceso de uno de todos los mandantes y ejecutores de los homicidios. 

Quizás la gota que colmó el vaso llegó en diciembre de 2021, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos oficialmente declaró que el Estado uruguayo era “responsable internacionalmente por violaciones a los derechos humanos, por los asesinatos de Diana Maidanick, Silvia Reyes y Laura Raggio (muchachas de abril) ocurridos en dictadura”. También en ese documento le responsabilizó por “las desapariciones de Luis Eduardo González y de Óscar Tassino”.

Estas declaraciones llevaron a que, en marzo de 2022, el Estado, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, tuviera que comprometerse a hacer un reconocimiento de su responsabilidad por los asesinatos de las tres jóvenes, en el período de dictadura militar en Uruguay. El reconocimiento debe ser a nivel internacional, aunque hasta este momento no ha llegado.

Comisión Muchachas de Abril y familiares de las jóvenes: “Es un primer paso”

El procesamiento de Rebollo generó respuestas en la Comisión Muchachas de Abril, y de los familiares de Diana Maidanick, Silvia Reyes y Laura Raggio, que comentaron los hechos y destacaron “la importancia de este primer pronunciamiento de la Justicia en la medida que establece que las tres jóvenes mujeres efectivamente fueron asesinadas”.

También recordaron: “Estamos abocados a exigir el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Maidanik, Reyes, Raggio, González González y Tassino contra el Estado uruguayo, de noviembre de 2021, que le ordena: continuar las investigaciones de los hechos, a fin de identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales, así como de las desapariciones de Óscar Tassino Asteazu y Luis Eduardo González González”.

Las esperadas repercusiones

Y lamentablemente, como era de esperarse, los cómplices militares de la tortura, salieron en defensa de Rebollo y a atacar a las instituciones. El pasado miércoles, el Centro Militar, a través de un comunicado, calificó de “atropello” la decisión de la justicia de procesar a Rebollo, responsable de la masacre del barrio Brazo Oriental. A su vez, llamó al sistema político para “responder por estos desbordes que nos ofenden a todos”. Al odio ya manifestado, agregaron que la sentencia expone “la absoluta discrecionalidad impune de actores que buscan consagrar el triunfo de una política destinada a sustituir el voto de los ciudadanos” por “formas deliberadamente torcidas de venganza histórica”.

También denominaron “conjunto de desvíos”, que “lastiman profundamente el entramado del sistema democrático” a la condena a un asesino que sentenció a muerte de la manera más cruel y espantosa a tres mujeres de apenas 19 y 22 años, y a un bebé que aún no había nacido.

Cabildo Abierto no podía ser menos, ya que es el órgano político de los militares y defensor acérrimo del terrorismo de Estado: “Es un acto de indisimulada venganza” la condena a Rebollo, según Guillermo Domenech, quien atacó a la justicia “en la que hoy se encuentran agazapados partidarios del terrorismo marxista”. Por su parte, Guido Manini Ríos (acusado de ocultar información vinculada a terrorismo de Estado, y hoy amparado en fueros parlamentarios), metió su daga oportunista para recalcar su pensamiento peligrosamente parecido al de los golpistas y represores: “Una vez más se comprueba lo que todos sabemos y muchos no se animan a denunciar, lo que incluso Azucena Berrutti y José Mujica dijeron: esto no es justicia, es venganza”.

Raúl Lozano, otro feligrés de las milicias uruguayas, declaró a Diario La R que el procesamiento de Rebollo es “otra injusticia de la llamada justicia de este país que deja mucho que desear y está dejando muy por debajo el prestigio que otrora tuvo”.

El ‘mago negro’ no podía ser menos. Siempre que encuentra una oportunidad, Julio María Sanguinetti busca llamar la atención en los medios, probablemente para mantener tibio el nido parlamentario de un Partido Colorado que agoniza. En la misma línea de todo lo rancio que puede salir de su voz y su pluma, a través de ‘El Correo de los viernes’, el político criticó a la justicia, diciendo que “se condena a militares serios por hechos de hace 50 años en que su deber les impuso actuar en dificilísimas circunstancias de tensión y enfrentamiento. Son militares que, lo afirmo en nombre de la experiencia personal, ayudaron a la reconstrucción democrática”, aseguró el expresidente.

“No estamos hablando de las figuras condenables de la dictadura, sino de un oficial de la democracia, como otros que sufren hoy parecidas amenazas. En efecto, al general Rebollo lo ascendimos nosotros, en 1985, y fue el primer general del gobierno democrático”, añadió.

“Podría considerarse un homicidio en legítima defensa, pero -en todo caso- juzgado con el derecho vigente en esa época, por lo que se estaba ante un delito común”.

Y disparó, como el resto de figuras prodictadura, contra la justicia: “El Poder Judicial, al que todos particularmente respetamos, viene incurriendo en excesos de algunos jueces en diversos ámbitos”. Y agregó: “Una sociedad uruguaya, que fue con justicia ampliamente generosa con los responsables de la violencia política de los años 60 y 70, no debe aceptar que, forzando leyes y tratados, se instale un clima de persecución que bien puede calificarse de revancha, venganza o, aún peor, de explotación demagógica”.

Respuestas a las respuestas

La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) emitió un comunicado, en respuesta a las repercusiones del procesamiento del militar por parte principalmente de parlamentarios pertenecientes a Cabildo Abierto, quienes pusieron en duda la actuación de la justicia, tildando estas afirmaciones de “cuestionamientos infundados” a lo que llamaron “la independencia de los integrantes del Poder Judicial”, destacando “el compromiso de los jueces y las juezas del Uruguay, con los principios del debido proceso, independencia e imparcialidad”. Asimismo, la AMU “reafirma la defensa de las instituciones democráticas, entre las que se encuentran la independencia del Poder Judicial y la plena vigencia del Estado de derecho”.

Parece inentendible que exista un bloque militar que continúa teniendo tanto poder que sigue intentando por todos los medios establecer una verdad histórica. Una verdad histórica minada de ideologías de ultraderecha, que recuerdan a un nazismo exacerbado, defensor de muertes, y de cualquier otro hecho aberrante ejecutado por los que durante más de doce años robaron al pueblo las riendas de la sociedad uruguaya, sometiendo al terror a todo aquel que se pronunciara de una forma diversa, distinta, diferente, a lo que la regla imponía. Un Estado dictatorial, que hasta ahora se sigue defendiendo en bloque. Una separación de personas, que hasta ahora esas logias siguen considerando que había que torturarlas, que estaba justificado asesinarlas y desaparecerlas. Gente seria, que cumplía con sus responsabilidades. Pero que no respondía a la población, diezmada y ahorcada social, económica y culturalmente.

Y la pregunta que nos surge, es en presente: ¿a quién siguen respondiendo?

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*Foto de portada: Antimafia Dos Mil

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