Viernes 29 Marzo 2024
            Directora Mariana Mota preocupada por la partidización
del directorio: "Es peligroso ir por ese camino”
 
Por Victoria Camboni-7 de julio de 2022

“Este marco legal fue establecido de común acuerdo entre todos los partidos y, le guste o no le guste al poder político, es el organismo que está controlando en materia de derechos humanos las políticas de la administración”.

Así habló Óscar López Goldaracena en abril de este año a La Diaria, cuando se refirió a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). Es la razón por la cual los distintos integrantes del Estado se han manifestado en contra del funcionamiento de la Institución, y lo dijo claramente en esa oportunidad: “El poder político no quiere ser controlado en materia de derechos humanos (…). Si fuera por ellos, lo mejor sería que no existiera, porque permanentemente les está marcando lo que está bien y lo que está mal en materia de derechos humanos”.

López Goldaracena, es el abogado que elaboró el anteproyecto de ley de creación de la INDDHH, para cumplir con el requisito internacional propuesto por las Naciones Unidas de asegurar que el Estado cumpla con las leyes de derechos humanos. El organismo, por ley, es autónomo y no puede recibir órdenes ni instrucciones de ningún tipo.

En esa misma línea, más de 50 organizaciones sociales expresaron su preocupación ante los criterios que adoptará el oficialismo para la elección del nuevo consejo directivo de la INDDHH, la cual debe cambiar el directorio a partir de setiembre de este año. Una Institución que, desde comienzos del último gobierno, ha sido ampliamente criticada por figuras como Julio María Sanguinetti del Partido Colorado, Raúl Lozano de Cabildo Abierto (el partido militar) o el propio ministro del Interior, el nacionalista Luis Alberto Heber. Es que todas estas figuras, de manera directa o indirecta son afectadas por los reclamos de derechos humanos, y pretenden marcar una agenda alineada con las actuaciones que hasta ahora viene manteniendo el oficialismo.

El criterio signado por los políticos oficialistas para romper con la función autónoma de la dirección marcada por ley para la INDDHH sigue una lógica electoral, ya que pretende designar, de los cinco integrantes del directorio, dos por el Partido Nacional, uno por el Partido Colorado, uno por Cabildo Abierto y uno por el Frente Amplio. Y esta es una de las mayores críticas de los movimientos sociales y asociaciones civiles.

El comunicado de las organizaciones expresa que la postura de los legisladores “representa un nuevo ataque a la Institución, donde pierden los de siempre, los más vulnerables, los más vulnerados, por la acción o la omisión del Estado”.

También son enfáticos en citar lo que dice la ley 18.446 de creación de la INDDHH respecto a los candidatos a la dirección de la Institución: “Personas con alta autoridad moral (…), con experiencia y notoria versación en materia de derechos humanos”, quienes además deben “asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales de la sociedad civil interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos, conforme a los principios de equidad de género y no discriminación”.

Y citando nuevamente la ley, recuerdan que “al mantener su distancia real del gobierno, puede aportar una contribución excepcional a los esfuerzos del país por proteger las libertades fundamentales de sus habitantes y por crear una cultura integral de respeto, promoción y plena vigencia de los derechos humanos, en su concepción de un todo independiente e indivisible -derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”.

A través del comunicado público, las agrupaciones sociales afirman que la INDDHH “defiende y protege, controlando a todos los poderes y organismos del Estado, lo que contribuye a garantizar que las personas no se vean vulneradas en sus derechos”. Además, “funciona con autonomía y no puede recibir instrucciones ni ordenes de ninguna autoridad”.

“Es importante la permanencia de integrantes del actual Consejo Directivo como recomienda la propia ley”, y subrayaron la importancia de que quien integre la nueva dirección “no puede representar ideológicamente, desde sus dichos y prácticas, bajo ninguna circunstancia, en ningún tiempo, la defensa del terrorismo de Estado”.

La preocupación de organizaciones como Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Serpaj, Comité de los Derechos del Niño en Uruguay, Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, entre los firmantes, tiene raíz en los dichos de algunos de los legisladores que desde hace meses vienen generando presión para hacer cambios en la Institución, hasta incluso hablaron de que no debería existir.

En su momento, el senador de Cabildo Abierto (CA), Raúl Lozano, había dicho que la Institución “es un comité de base”, y que, de no realizar los cambios hacia adelante, “se está malgastando el dinero del Estado en una institución que está totalmente sesgada”

Guillermo Domenech, también legislador de CA, dijo meses atrás que la INDDHH era “inconstitucional”, y que ejerce “una acción política sesgada” que “se ha caracterizado por ser el refugio de personas que fracasaron políticamente”. También manifestó que su manutención implicaba “una dilapidación de recursos públicos” que se usaba como “retribución” a “militantes políticos”, dejando la impresión de tener un problema ideológico con la INDDHH, que ha estado vinculada a la defensa de los derechos humanos de personas vulneradas por el terrorismo de Estado, mientras que su partido ha hecho todo lo posible por ensalzar las actuaciones de agravio a la población sometida a torturas, fusilamientos, violaciones, secuestros y tantas otras aberraciones ya ampliamente conocidas y denunciadas.

También fue crítico con la INDDHH “el mago negro”, Julio María Sanguinetti, quien meses atrás dijo públicamente y en apoyo al ministro del Interior, que la Institución estaba “ayudando a delincuentes”. Tal afirmación intentaba tirar por tierra las más de 100 denuncias de abusos policiales que la Asociación de Defensores de Oficio presentó a la INDDHH, por la que esta última increpó al Ministerio del Interior. Pero en vez de responder con una actitud de colaboración, primero Jorge Larrañaga y luego Luis Alberto Heber, arremetieron contra los informes evaluados y presentados por esta institución de defensa de los derechos humanos y del pueblo.

Larrañaga dijo a los medios que la INDDHH había caído "en una deriva ideológica, impulsando un cántico contrario a la policía”, además de que es “un club político”, mientras que Heber, después de la entrega del informe -que se hizo tiempo antes del referéndum que dirimía la vigencia o derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración-, opinó que la documentación "tiene tufillo electoral prerreferendum", y que la INDDHH “está embanderada en este tema”, desconociendo ambos las denuncias.

También Beatriz Argimón, la vicepresidenta de Uruguay, luego de la entrega de las denuncias, dijo que hay que “hacer un balance” sobre la INDDHH: “Llegó el momento de replantear muchos aspectos”. Gustavo Penadés, senador nacionalista, opinó sobre el tema que hay que “repensar la agenda de los derechos humanos hacia el siglo XXI”.

Crysol: el accionar de la INDDHH “es y debe ser molesto si cumple con sus cometidos básicos”

Crysol emitió un comunicado en el que recordó la importancia de la creación y funcionamiento de la INDDHH: “La Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH) es un órgano no jurisdiccional para la defensa y la protección de los ciudadanos frente a los abusos del poder. Su accionar es y debe ser molesto si cumple con sus cometidos básicos y esenciales”.

La Asociación de expresas y expresos políticos de Uruguay también recordó que “aunque hace semanas el senador Gustavo Domenech reclamó la eliminación de ella, voceros parlamentarios oficialistas, ya anunciaron que la mantendrán, pero aplicarán ‘el bisturí a fondo’”.

Mariana Mota, directora del INDDHH: “Es peligroso ir por ese camino”

La directora de la INDDHH, la exjueza Mariana Mota, fue consultada por el programa radial “Menú informativo” donde se refirió a la forma en que se pretende designar a las nuevas autoridades de la Institución, valorando que esto “modificaría la forma en que trabaja la institución”.

“Plantear que la renovación de cinco miembros sea en relación al caudal de uno u otro partido, es transformar la función de la Institución o pasar en segundo plano o no considerar la formación de derechos humanos y considerar si responde a un partido”, manifestó.

Mota expresó su preocupación sobre la partidización del directorio: “Es peligroso ir por ese camino”, aseveró, comentando que “no es un cargo político partidario, es un cargo en función al compromiso y al trabajo”.

A fines de junio, se creó una comisión especial con integrantes de ambas cámaras del Parlamento, para las candidaturas a integrar el próximo directorio de la INDDHH, que comenzará a funcionar a partir del próximo 1° de setiembre. Las postulaciones se reciben hasta el 11 de julio, y luego serán sometidas a votación por la Asamblea General, con el criterio del oficialismo que impone la cuota política en una institución que es, por ley, autónoma.

La comisión está integrada por 15 miembros de ambas cámaras, con representación de todos los partidos políticos: Óscar Amigo, Carlos Camy, Alfredo De Mattos, Amanda Della Ventura, Guillermo Domenech, Rodrigo Goñi, Claudia Hugo, Verónica Mato, Silvia Nane, Daniel Peña, Iván Posada, Conrado Rodríguez, María Eugenia Rosello, Carlos Testa, y Cesar Vega. Esta comisión bicameral será la encargada de presentar a los candidatos para que la Asamblea General vote, con al menos dos tercios de la votación a favor, para las designaciones.

La respuesta de la gente frente a estos hechos, debe ser contundente, porque es a la propia gente a la que sirve y garantiza el cumplimiento de sus derechos y su protección ante los abusos de los mandantes de turno. Ya lo decía López Goldaracena, que en aquella nota brindada a La Diaria meses atrás, fue conciso y claro al exponer la necesidad de reaccionar cuando el Estado quiere anular o modificar una institución que es para la protección del pueblo: “Cuando hay propuestas de reforma y ataques a la INDDHH tendría que haber un rechazo de plano por parte de la ciudadanía”.

Muchas organizaciones se han pronunciado. Quizás, si el resto de los ciudadanos lo hicieran, con conciencia de lo que significa un cambio de esta entidad, haríamos valer nuestros derechos frente a quienes se creen en la potestad de quitárnoslos, solo por trabajar para el Estado.

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Foto de portada: montevideo.gub.uy