Raúl Iglesias fue denunciado por “reiterados incumplimientos de deberes en la investigación”
 
Por Antimafia Dos Mil-23 de junio de 2022

Separación del cargo, sumario y retención del 50% del sueldo fueron las medidas que el fiscal de Corte uruguayo, Juan Gómez, impartió para el fiscal de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia de Género de 4° Turno, Raúl Iglesias, por haber archivado más de 440 causas de delitos sexuales, dejando a las víctimas sin el debido proceso. Un acto de desinterés y desestimación por parte de la Justicia, que demuestra, una vez más y lamentablemente, un modelo de conducta omertoso y cómplice de la violencia sexual, propia de la cultura del sometimiento en la que vivimos. La decisión habría llegado, además, por la denuncia presentada por la defensa de la presunta víctima de violación grupal en el barrio Cordón, representada por el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho, "por reiterados incumplimientos de deberes en la investigación". Los casos que llevaba adelante Iglesias, serán asumidos por otros fiscales.

La denuncia por parte del Consultorio Jurídico surge a raíz de la participación del fiscal en el programa de Ignacio Álvarez, La Pecera, donde se despachó dando información de forma pública sobre el cambio que pediría para los imputados sobre las medidas cautelares aplicadas, antes que, a la implicada, “acorde a lo establecido” en la normativa, entre otras puntualizaciones del documento, violando entonces varios artículos del Código de Proceso Penal. Iglesias, además, concurrió al programa del periodista que cuenta con medidas cautelares de distancia de la presunta víctima de agresión sexual grupal, luego de haber hecho públicos audios con contenido íntimo donde se escuchaba hablar a la mujer y a los implicados.

Por parte de la Fiscalía, el Fiscal de Corte elevó un pedido de informe al Departamento de Políticas Públicas, sobre las actuaciones del fiscal respecto al archivo de causas que estaban bajo su órbita, de un total de 910 que habría recibido de la anterior administración de su sector -la fiscal Sylvia Lovesio- y del cual pasó a hacerse cargo el pasado 9 de mayo. Hasta el 31 de mayo, es decir, con 22 días de trabajo en la fiscalía de Delitos Sexuales de 4° turno, archivó 299 casos. De este total, la mitad fueron leídos con un máximo de dedicación de dos minutos, según el informe de Políticas Públicas de Fiscalía. Y por si eso no fuera alarmante, 27% del total fueron calificados por el Departamento de Depuración Priorización y Asignación de Fiscalía, como de prioridad ‘grave-alta’.

El documento, pasó a trámite en Jurídica de fiscalía general de la Nación. Sin embargo -indican medios locales-, Iglesias continuó con la misma medida, llegando a archivar unas 440 causas. A partir de los resultados es que Fiscal de Corte adoptó las medidas disciplinarias.

Ante tantas pruebas, ¿qué argumentos puede manejar el fiscal, para explicar lo que hizo?

En su momento, se justificó apoyándose en el artículo 98 del Código del Proceso Penal, el cual a su entender le permite actuar en consecuencia de cómo actuó. El artículo establece que, si no hay pruebas suficientes, si no hubiera resultados de la indagatoria, o si el delito ya hubiera prescrito, puede cerrar la investigación, siempre con fundamentos y notificación al denunciante. De allí que Iglesias se agarró para archivar, y archivar, y archivar.

El fiscal, que venía de una Fiscalía donde manejaba unos 50 casos, y pasó a manejar más de 900, comenzó, desde el primer día como titular del 4° turno, sacándose trabajo de encima.

“No se colectó la evidencia suficiente”, habría declarado a medios locales, e insistió: “Las víctimas no las ubicas, no hay testigos, no hay pruebas físicas, no hay nada”.

Luego de esas declaraciones, fue invitado a varios programas de radio y también fue entrevistado por diversos medios locales, donde tuvo expresiones de patoterismo a los trabajadores de los medios de comunicación, que publicaban el seguimiento de sus acciones y de las repercusiones del caso de la violación grupal de Cordón, tan difundido y discutido, y tan doloroso para la implicada. 

“Me gustaría que algún periodista que anda diciendo determinadas cosas por ahí venga y me lo diga en la cara (...). No voy a dar nombres, ellos saben muy bien quiénes son. Estoy en Uruguay 1125, que vengan y me lo digan en la cara”, habría espetado en la entrevista del jueves 26 de mayo en el programa En Perspectiva. Estas palabras despertaron la reacción del gremio de periodistas APU, que en un comunicado público expresó su “preocupación” ante la “actitud amenazante” de Iglesias contra “trabajadores periodistas”.

“Estas expresiones destempladas y de barra brava en contra de quienes -a su entender- esbozan críticas en medios de comunicación no condicen con el papel de representante del Ministerio Público que le compete al señor fiscal”.

También cargó contra el Fiscal de Corte Juan Gómez, quien luego de conocido el hecho del archivo masivo de causas, recibió a colectivos feministas para hablar sobre el asunto. En ese sentido, lo acusó de “ceder ante la presión de la Intersocial” feminista. Además, se defendió a la vez que lo acusó de “clara persecución y una intromisión”. “Eso es lo que sostengo, y si estoy absolutamente convencido de una cosa me tienen que cortar la cabeza para que no siga adelante”, lanzó.

Gómez habría recibido a la Intersocial Feminista, una vez se supo sobre el proceder de Iglesias, lo que este último tomó como que el Fiscal de Corte “cede a la presión de la Intersocial”.

Paralelamente, por unanimidad, sus colegas de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay votaron para que Iglesias fuera enviado al Tribunal de Conducta Gremial, por cuestionar a sus colegas fiscales de forma pública. Su presidenta, Mirta Morales, dijo sentirse “seriamente afectada” por sus declaraciones, ya que “habla de forma negativa” sobre el trabajo de la asociación y el desempeño de los fiscales, con “afirmaciones genéricas, ofensivas y sin fundamentos”.

Iglesias, habría dicho en otra entrevista pública, en el programa Doble Click, que lo tomaron como “chivo expiatorio” ya que con su accionar habría hecho visibles las carencias del sistema de justicia de Uruguay. Incluso dijo que archivar casos fue lo que tuvo que hacer porque quien debía encargarse de esa tarea, el Departamento de Depuración, Priorización y Asignación de Denuncias, no lo había hecho, quedando él como el “malo de la película”.

En ese sentido, la Asociación de Abogados Penalistas de Uruguay emitió un comunicado, donde expresaron su “preocupación” ante las críticas que recibió Iglesias días atrás, por pedir prisión domiciliaria para los imputados por el caso de violación grupal y por el archivo de los casos de delitos sexuales. En el documento, se manifestaron “en contra de acciones (…) que pretendan imponer una determinada ideología por fuera de lo que marca la Constitución y la ley (…) que podrían constituir una indebida afectación de la independencia técnica" del profesional.

Aquí hay un planteo delicado. La independencia técnica de los fiscales siempre, de alguna forma está condicionada por la actuación del Fiscal de Corte, que tiene como función observar y controlar el desempeño de los funcionarios judiciales. Pero hasta qué punto puede intervenir en una actuación particular, eso lo determinan las irregularidades que deriven del caso específico. Y en el caso de Raúl Iglesias, realizó múltiples acciones irregulares, según lo trascendido: archivar cientos de casos de delitos sexuales es por lo menos insólito, sino una actitud salvaje de parte de la Justicia hacia todas aquellas personas que sufrieron algún tipo de abuso, y que no fueron estimadas por quienes debieron responder por ellas.

Y la justificación de que archivar era la consecuencia de un sistema judicial lleno de carencias, es tan engañosa como falsa. Ante algo tan evidente como la falta de recursos, tanto económicos como humanos, para investigar todas las causas de delitos sexuales, la respuesta del funcionario judicial que lo ve, debe ser inmediatamente el reclamo, o la visibilización, como hizo en su momento la fiscal Lovesio, que dijo ante los medios que estaban desbordados. Y el Parlamento, y quienes tengan responsabilidad de gestionar los recursos, deben tomar acciones prontas, para que las personas que son atacadas, que son violentadas, que son víctimas de un delito, que son violadas, que son sometidas, sean protegidas y atendidas como lo indica la Constitución, pero por, sobre todo, el sentido de humanidad.

Mientras vivamos en una cultura que se regocija en el sometimiento, que desestima las verdaderas necesidades de las personas, que no protege al que se encuentra en estado de vulnerabilidad, y esas formas sigan infiltradas en nuestras instituciones, la desigualdad seguirá siendo una realidad política, social, económica, y, en definitiva, humana.

------------------

*Foto de portada: mediospublicos.uy

STAFF DE ANTIMAFIA DOS MIL

Director fundador: Giorgio Bongiovanni

Director Redacción Sudamérica: Jean Georges Almendras

Secretaria de Redacción Sudamérica: Victoria Camboni

VER MÁS

CONTACTO