En los institutos penitenciarios dependientes del Estado se violan sistemáticamente los derechos humanos. Esto hay que tenerlo claro.
Como claro hay que tener que toda persona que esta confinada en aquellos espacios está bajo tutela absoluta del Estado. Todo cuanto una persona padece en aquellas instalaciones es una responsabilidad directa del Estado, y de sus funcionarios.
La semana pasada, el Ministerio del Interior, autorizó y coordinó una nueva requisa general, la cuarta desde que inició la gestión de Luis Lacalle Pou, en la cárcel de Santiago Vázquez, conocida popularmente como Ex Comcar. En el operativo participaron efectivos del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), miembros del Cuerpo de Seguridad Penitenciaria y de la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario. Además, fue necesario el apoyo de personal de la Guardia Republicana, que ingresó al establecimiento con pertrechos antitumultos.
Dentro, los agentes del Estado, secuestraron más de 600 cortes carcelarios (objetos punzocortantes de fabricación artesanal que hacen los presos dentro de los pabellones), 50 litros de bebidas alcohólicas hechas a base de fermentos domésticos y 29 celulares, según trascendió a la prensa.
Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, luego de la requisa, dijo al diario El País: “Este año en ese centro penitenciario se han realizado más de 50 requisas parciales, que han retirado más de 1.500 cortes; un número extremadamente grande”. También afirmó que este tipo de requisas, y el correspondiente secuestro de armas (los cortes carcelarios), “llevan a que el nivel de violencia dentro de las instituciones penitenciarias haya bajado en relación a todos los años, aun teniendo más presos”.
¿En qué circunstancia las personas privadas de la libertad, tienen paradójicamente la libertad de construir un objeto artesanal de este tipo, sin ningún control? ¿A qué niveles de naturalización han llegado los funcionarios, y la población en general, sobre la situación?
“El módulo 11 es de los peores del Comcar. Hay 750 personas privadas de libertad allí alojadas y en las guardias nocturnas hay sólo dos policías para todo el módulo”, afirmaba La Diaria en setiembre del año pasado, cuando un grupo de presos habían tenido secuestrado a otro detenido bajo torturas, vejaciones, violaciones y otros apremios físicos y morales, durante casi 60 días.
Este caso, siempre lo tengo presente, más allá que por la crueldad de la situación, por lo que representa. Es mentira que el Estado tiene el monopolio de la violencia.
La víctima, que cumplía por primera vez una condena, aceptó un juicio abreviado, según su abogado, para no sufrir la revictimización.
¿Las causas judiciales contra los funcionarios del Estado responsables de este hecho?
Uno podría decir que es la falta de recursos, que la proporción de guardias por reclusos es muy baja, y que de ser esto distinto los resultados serían otros. Unos diecisiete guardia cárceles había dispuestos en torno a la celda de Cárcel Central de donde se fugó Rocco Morabito, uno de los capo mafia de la ‘Ndrangheta más buscados del mundo. Morabito era el detenido de más alto riesgo en el país, y salió “caminando” burlándose de todo el sistema penitenciario. ¿Aquí también hubo falta de recursos? ¿O será que la falta de recursos se transformó en el justificativo perfecto de aquellos que eligen no cambiar nada?
¿Las causas judiciales contra los funcionarios del Estado responsables de este hecho?
Juan Miguel Petit, el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, luego de las requisas, fue entrevistado en el programa Ciudad Viva, por los periodistas Marcelo Fernández y José Maria Caraballo. El Comisionado, realizó un análisis integral sobre la situación que, por lo menos a mí, me deja más preguntas que respuestas. Sugiere el entrevistado que uno de los temas a tratar es el de las adicciones, lo cual sabemos que es cierto, teniendo en consideración la importante proliferación del narcotráfico en el país, y por consecuencia también dentro de las cárceles. Ahora bien, ¿los responsables institucionales? Si los dependientes del Ejecutivo Nacional no pueden diezmar el narcotráfico dentro de las cárceles, donde tienen tutela exclusiva y permanente durante las 24 horas, ¿cómo les da la cara luego para hacer estadísticas de secuestros de drogas en las bocas de los distintos barrios de Montevideo?
Interrogado sobre la violencia creciente, dentro de las cárceles y en las calles, dijo: “Lo que pasa en las cárceles, luego pasa en las calles”. Y agregó, los presos una vez liberados “vuelven a los barrios”. Consideró a este punto la importancia de que se realicen trabajos de forma integral desde las distintas áreas del Estado e incluyó también a las organizaciones sociales que trabajan en el territorio y a las intendencias. Ya sobre el cierre del programa fue consultado sobre las recientes protestas en la cárcel de mujeres y el reciente homicidio de un joven de 19 de años en el Ex Comcar. Dijo: “El edificio de la cárcel de mujeres ha cumplido un ciclo. Es ya totalmente inadecuado, desde el punto de vista de su mantenimiento, la eléctrica, las ventanas, las aberturas, la luz y el agua. Es un edificio que no da para más. Por supuesto que esto aplica también a otros edificios. Hay una demanda muy grande. Hay veces que el problema es tan grande que nos paralizamos, y cuando nos queremos acordar el problema creció, y se genera esa sensación tan complicada, que es la de que esto no tiene arreglo. Pero esto tiene arreglo, de hecho, hay muchas cosas buenas que se hacen. Aún en las cárceles más difíciles hay cosas que se están haciendo, hay personas que trabajan intensamente todos los días. Nos falta encuadrar un modelo diferente. Creo que quedó inconcluso lo que empezó en el 2010”. Sobre el homicidio del joven, no habló, no respondió. Quizás se olvidó, quizás no le dio el tiempo.
Durante 2021, se registraron 86 muertes dentro de los sistemas penitenciarios, la mayoría por muertes violentas. En lo que va de este año ya se registraron 16 muertes violentas. ¿Las causas judiciales contra los funcionarios del Estado responsables de este hecho? Estas muertes, y la impunidad sobre las responsabilidades, afirman que el Estado uruguayo avala la pena de muerte.
El análisis de Petit es discursivamente correcto, hasta incluso optimista, pero evita constantemente hablar de responsabilidades. No puede haber ningún tipo de transformación en el sistema penitenciario, ni en la sociedad en general, si los responsables políticos de las situaciones no son sancionados. No puede haber un sistema penitenciario libre de violencia si quienes son responsables directos, en este caso el Ejecutivo Nacional, no son sancionados. No puede haber una transición a la democracia si los responsables políticos de los crímenes de Estado, del pasado reciente o de los actuales, no son sancionados.
El análisis de Petit, es correcto. Pero debemos señalar a los responsables. Los actos de omisión, negligencia y corrupción, tienen nombre. No debe haber temor en señalarlos.
Las cárceles son tierra de nadie. Las personas son arrojadas ahí dentro a cumplir con las estadísticas. Se cierran los candados, se tiran las llaves, que sobreviva el que pueda, y aquí no ha pasado nada. Y no confundirse, esto no es negligencia, ni siquiera indiferencia. Hasta decir que es corrupción es poco. Esto es, a esta altura de las circunstancias, una política de Estado. Una política de Estado que se apoya en una mentalidad de indiferencia, negligencia y corrupción. Mentalidad que lamentablemente está arraigada en la cultura de este país y también de la región.
Cultura que se filtra sobre todo en los espacios de formación de opinión, como el caso de ‘Esta boca es mía’, el programa conducido por Victoria Rodríguez, donde se debatió, por momentos en tono jocoso, este delicado tema. Allí, Fernando Marguery abrió su intervención elogiando los análisis de situación que Juan Miguel Petit realizó en la entrevista de TV Ciudad.
“Me parece que lo de Petit va en la dirección adecuada” -dijo el panelista, y luego continuo-, “primero sabe que no cuenta con recursos, sabe que los recursos son finitos, que no hay plata, entonces habla de que hay que redistribuir. Pero me parece que pone el foco justo en adicción, salud mental, trabajo intracárceles, atención de las personas liberadas para que no queden en el desamparo, sobre todo aquellas que no tienen contención familiar, y aquellas personas con medidas alternativas. Petit, está enfocando correctamente donde está la tensión”.
Y agregó: “Coincido que hasta por una posición egoísta debemos preocuparnos por esto, independientemente ¿no? Yo parto de la base que los derechos esta gente los tiene suspendidos, porque cometió delitos contra otras personas, por algo están donde están. Por lo tanto, no le asignaría derechos, creo que tenemos necesidades, pero no derechos. Tenemos necesidades de solucionar y de encarar los temas. Pero me parece que atribuirle derechos a este tipo de personas, me parece…” A este punto, Marguery, fue interrumpido por su compañera panelista, Verónica Amorelli, que, en un tono bastante gentil para la gravedad de la situación, lo sancionó y lo hizo reformular el comentario, que ya era insostenible.
Si me permite, usted que lee, quiero traer del recuerdo una charla que tuvimos con el gran Enrique Viana, aquel funcionario del Estado que no tuvo miedo de señalar, con nombre y apellido, los puntos frágiles del Estado al cual él representaba. En aquella ocasión, julio del 2020, hablamos sobre la implementación trágica, de la LUC (Ley de Urgente Consideración), y las primeras consecuencias de la implementación del nuevo Código de Proceso Penal, que tanto Enrique resistió, y que hoy forma parte de la sobrepoblación carcelaria.
Dijo Viana: “Para combatir este sistema, que ya está instaurado, hay que comenzar por incentivar la reflexión en la gente. Hay que crear un sentido de duda, respecto de la aceptación ciega que tienen sobre el sistema. Deben cuestionarse las cosas que suceden. La gente tiene la costumbre de aceptar todo sin discusión”, y agregó: “Hay que tratar de trasmitirle a la gente el conocimiento de que todos somos vulnerables, cuando el derecho es frágil, cuando la ley no se cumple”.
Todos podemos ser presos del ex Comcar, si es que en cierta medida ya no lo somos.
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*Foto de portada: Ministerio del Interior
