Por Antimafia Dos Mil-30 de mayo de 2022
La Cámara Federal de Casación Penal, a cargo del juez Mariano Borinsky, volvió a dar curso al procesamiento de dos exdirectivos de Acindar, Roberto José Pellegrini y Ricardo Torralvo, quienes habían sido procesados en marzo de 2020, por ser partícipes necesarios de la privación ilegítima de la libertad de 40 obreros y de ocho asesinatos agravados, en el marco de una serie de hechos represivos ilegales, perpetuados por las fuerzas de seguridad del Estado, ocurridos en marzo de 1975, un año antes de que se instaurara oficialmente la etapa militar de la dictadura cívico, empresarial y eclesiástica, en Argentina.
Estos hechos son profundamente significativos en la reivindicación de las motivaciones político económicas del golpe de Estado de 1976. En primer lugar, porque las acciones represivas estuvieron dirigidas directamente contra los obreros de la planta -situada en la localidad bonaerense de Villa Constitución-, quienes desde hacía tiempo sostenían una serie de reclamos ante la dirigencia de la empresa. Muchos de los hechos denunciados, e investigados como crímenes de lesa humanidad, ocurrieron dentro del predio fabril, con participación y colaboración activa de los empleados jerárquicos de la empresa. A tal punto que, ya desde marzo del 74, había sido instalado de forma permanente un destacamento de la Policía Federal, desde donde se comenzaron a realizar las tareas de inteligencia. Lugar que luego de instaurado oficialmente el régimen, funcionaría como Centro Clandestino de Detención.
Otro dato de mayor relevancia, es que el líder del directorio de Acindar era, José Alfredo Martínez de Hoz que, una vez instaurado el gobierno de facto, ocuparía la cartera de Economía, desde donde daría rienda suelta a la instalación de un patrón económico completamente desregularizado, tendiente a que grandes grupos concentrados de la economía, nacionales y extranjeros, fueran tomando posesión de los activos estratégicos del Estado argentino. José Alfredo, fue miembro de una familia patricia, heredero del homónimo que saqueó y promovió el genocidio contra las poblaciones originarias del sur argentino, y cuya descendencia sigue replicando el mismo nombre, siempre asociado al parasitismo del Estado. Es importante destacar que José Alfredo Martínez de Hoz, el “chicago boy”, murió en 2013, estando en prisión domiciliaria, detenido preventivamente, acusado por crímenes de lesa humanidad. Pese a esto murió impune gracias a más de tres décadas de gobiernos cómplices del poder que nunca liberaron plenamente la información clasificada que permitiría resolver y dar justicia a esta etapa oscura de la Argentina, que de esta manera continuará perpetuándose.
Acindar, dedicada a la industria acerera, era y sigue siendo un pilar del modelo productivo nacional, y fue (terrorismo de Estado de por medio) una de las empresas más favorecidas en el proceso de estatización de deuda privada, en la que el Estado argentino, usurpado por representantes del empresariado corporativo, absorbió deudas multimillonarias de estos grupos. Maniobra que fue parte de una lógica que permitió la consolidación del Fondo Monetario Internacional dentro de la pesadilla nacional.
Este contexto fue tenido en cuenta por el juez de Rosario Marcelo Bailaque, que en marzo del 2020, unos 45 años después de los hechos, dictó el procesamiento de los dos exdirectivos, en el marco de una causa que incluía a más de 30 militares, policías y otros elementos dependientes del entramado represivo y de impunidad, por los secuestros, tormentos, vejaciones, entre otros tratos inhumanos, sumados a allanamientos ilegales y el asesinato de trabajadores y activistas vinculados a las fábricas del cordón industrial de Villa Constitución. Tanto Pellegrini como Torralvo, eran responsables, según las denuncias, de oficiar de enlaces entre la empresa y los grupos represivos, particularmente en el armado de listas negras, que incluían los nombres de los obreros que eran, según los empresarios, elementos incomodos. Pero la asistencia de la empresa no se limitó a la entrega de espacios y obreros, también entregaron vehículos, recursos logísticos, e incluso abonaron salarios a miembros de las fuerzas de seguridad, que cumplían “labores” dentro de la fábrica. En aquella ocasión no pudieron ser incluidos dentro de los procesamientos por motivos de salud, Pedro Ricardo Aznares, exgerente de Relaciones Industriales y Juan Pedro Augusto Thibau, exmiembro del directorio. Otro caso de impunidad biológica.
En julio de 2021, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, había dictado la falta de mérito contra Torralvo, y en el caso de Pellegrini, solo perduro la acusación por su responsabilidad el secuestro, no así en los asesinatos. Esta medida también había sido extendida al exoficial del Ejercito Bernardo Luis Landa y al exmilitar y agente de inteligencia Antonio Federico Bossié. Es importante tener presente que, parte neurálgica de los archivos de este expediente se perdieron durante el incendio de Iron Mountain, donde además murieron 12 bomberos y rescatistas.
Ahora la Cámara Federal de Casación Penal, compuesta por Borinsky, y los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo, decretó inválido el recurso presentado por el tribunal de Apelaciones de Rosario, y ordenó que se pronunciara un nuevo fallo, y que este se realice con celeridad, teniendo especial consideración en la exagerada dilación de la causa.
“Tanto respecto de Pellegrini como de Torralvo, Casación retoma fuertemente no sólo las afirmaciones empíricas y probatorias específicas respecto de estos imputados sino que también brinda criterios para la imputación y para mirar estas cuestiones: que el contexto es decisivo y que hay que integrar las pruebas”, afirma en dialogo con Página/12, la investigadora del Conicet Victoria Basualdo, una de las principales referentes en la investigación de responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad.
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*Foto de portada: izquierdaweb.com