“¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada. Es responsabilidad del Estado”. Con esta consigna este 20 de mayo tendrá lugar una nueva Marcha del Silencio en reclamo de verdad y justicia y el fin de la impunidad. Este año en particular se da en el contexto de la ofensiva de integrantes de la coalición de gobierno que buscan la manera de liberar a los pocos genocidas presos.
A partir de las 19 hs. y partiendo de Rivera y Jackson este 20 de mayo tendrá lugar una nueva Marcha del Silencio. Como sucede desde 1996 la fecha se ha convertido en un símbolo que recuerda los crímenes de la dictadura cívico militar, así como la búsqueda de verdad y justicia.
El muro de la impunidad
La situación de los derechos humanos en relación a los crímenes de la dictadura es realmente preocupante: Las causas judiciales que han presentado víctimas del terrorismo de Estado continúan paralizadas; expresas y expresos políticos han dado testimonio de las atrocidades cometidas en el periodo dictatorial, las torturas y los maltratos sufridos; pero sin embargo todo el sistema político se cuida de que no haya ningún avance, apostando a que con el tiempo el reclamo de verdad y justicia se diluya. A lo sumo solo ofrecen investigaciones a cuentagotas para que aparezcan restos de otros desaparecidos.
Prácticamente nada se ha avanzado con respecto a conocer la verdad de lo que sucedió con los desaparecidos, a pesar que evidentemente hay información escondida. Se hace imprescindible la real apertura de los archivos y documentos de la dictadura para conocer el paradero de los desaparecidos y conocer a los responsables de su secuestro y desaparición.
Lamentablemente cuando el Frente Amplio estuvo en el gobierno tampoco avanzó en el camino de la justicia y la lucha contra la impunidad. Recordamos aquella frase de Mujica referida a los “pobres viejitos presos” o el intento de Tabaré de avanzar en la reconciliación con el “nunca más uruguayos contra uruguayos”.
Sus declaraciones de solidaridad con los familiares de desaparecidos o sus participaciones en las Marchas del Silencio no se tradujeron en hechos concretos y apuntaban en todo caso a sintonizar con el profundo deseo de justicia que está presente en el pueblo uruguayo.
No podemos olvidar el papel jugado por Fernández Huidobro, amparando y defendiendo a los genocidas, desde su puesto clave de ministro de Defensa, nombrado y sostenido por ambos presidentes frenteamplistas.
Oficialistas y opositores, buscan preservar y Re prestigiar a las Fuerzas Armadas, para que, ante un futuro ascenso popular, estén nuevamente legitimadas para reprimir a los trabajadores y el pueblo.
Pilares de la impunidad
Hay en la Coalición multicolor desde defensores activos de los genocidas e integrantes acusados de haber sido represores durante la dictadura, como sucede con Cabildo Abierto; hasta partidos como el Colorado que fue el impulsor de la Ley de Caducidad o el Partido Nacional que no solo votó entusiastamente esta ley en 1986 sino que ha defendido firmemente la impunidad en las últimas décadas.
Integrantes de los partidos tradicionales tuvieron participación en cargos de responsabilidad en la dictadura (el blanco Aparicio Méndez por ejemplo fue uno de los presidentes en ese periodo), y ya desde antes de la llegada de los militares al gobierno defendieron las prácticas represivas (mientras se torturaba en los cuarteles, Wilson Ferreira Aldunate votó el estado de guerra interno en abril del 72).
Luis Alberto Lacalle, el padre del actual presidente, fue el responsable durante su presidencia en la década de los noventa de la masacre del Hospital Filtro, salvaje represión con un saldo de decenas de heridos y dos asesinatos más en la cuenta de la “democracia” de los ricos.
Del lado del Partido Colorado no se puede dejar de mencionar el gobierno autoritario y represivo de Jorge Pacheco Areco, que tiene en su haber una larga lista de asesinados en “democracia”, y también a Juan María Bordaberry que fue el primer presidente de la dictadura.
Ambos partidos colaboraron además en todo el país con integrantes de sus filas participando de gobiernos departamentales. Ya en democracia todos los integrantes de la Coalición han defendido la impunidad para los genocidas y torturadores.
Hoy quieren profundizar la impunidad a partir de proyectos como el presentado por Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto de otorgar prisión domiciliaria a los condenados por crímenes de lesa humanidad. O como las intenciones de sectores del Partido Nacional de declarar que estos asesinos son presos políticos. Frente a esto, hay que ser muy claros: no son presos políticos, son asesinos, son torturadores, son genocidas. Y tenemos que luchar por la cárcel común, perpetua y efectiva para quienes intervinieron en la violación a los derechos humanos, en la tortura, en la desaparición de nuestros compañeros y compañeras que hoy no están. No nos reconciliamos con quienes asesinaron y torturaron amparados en el poder.
Los orígenes de una política de Estado
La dictadura uruguaya fue la respuesta de la burguesía y el imperialismo norteamericano a un proceso de ascenso obrero y popular que se había iniciado a mediados de los 60 y era parte de un fenómeno latinoamericano y mundial.
El gobierno militar, y la coordinación represiva del Cono Sur conocida como Plan Cóndor, llevaron adelante un plan de represión sistemático y genocida contra la vanguardia obrera y popular. El objetivo fue terminar con el ascenso revolucionario que enfrentaba la crisis económico-social de la época con una perspectiva de cambio estructural que terminara con el capitalismo. El fin último del gobierno militar fue consolidar un régimen económico a la medida de la burguesía, para garantizar los negocios de las transnacionales y los empresarios.
El resultado fue decenas de miles de trabajadores, estudiantes y militantes revolucionarios torturados, obligados al exilio, asesinados y desaparecidos en Uruguay y toda la región. En Uruguay específicamente, fueron decenas de miles los que sufrieron tortura, cárcel, persecución y exilio, además de los casi 200 casos denunciados de desapariciones de ciudadanos uruguayos.
Desde la transición democrática el conjunto del régimen político se ha unido para defender a esas Fuerzas Armadas sosteniendo los privilegios de casta de la corporación militar, como última garantía del dominio de clase.
El Pacto del Club Naval garantizó una salida “ordenada” del período dictatorial, en el marco de una estrategia contrarrevolucionaria dirigida por el imperialismo en el Cono Sur, imponiendo transiciones democráticas (post-contrarrevolucionarias) sobre la base de la derrota del movimiento de masas en los setenta.
La impunidad es una política oficial del poder para mantener y garantizar el dominio de los capitalistas y sus administradores sobre el resto de la sociedad. Y los partidos del régimen son quienes mantienen ese pacto de impunidad, reafirmándolo período tras período.
El resultado es un régimen de democracia recortada, una democracia para los ricos y privilegiados. El Estado acumula crecientemente potestades represivas para sostener el dominio de clase en el marco de profundas desigualdades sociales, acompañadas de las políticas de gatillo fácil que criminalizan y asesinan a la juventud pobre.
En esto hay una continuidad, que comparten el pachequeto, la dictadura y la democracia heredera del Pacto del Club Naval, en relación al resguardo de los privilegios de clase.
Por ello mismo es política de Estado la violencia política-social (y el saqueo y corrupción asociada a la misma) junto a la impunidad de dicho accionar; manifestación de un régimen de opresión e injusticia, sostenedor de privilegios a favor de unos pocos y su núcleo de servidores.
La agenda del actual gobierno para las Fuerzas Armadas en particular, además de continuar la política oficial de impunidad y reconciliación, apunta a represtigiar e integrar cada vez más dichas fuerzas, en su rol de reserva para la defensa del orden social imperante.
Esta agenda tiene una continuidad que atraviesa a todos los gobiernos y busca sostener y fortalecer a las fuerzas represivas, aunque en este gobierno se manifiesta aún más brutalmente.
La violencia policial, la implementación de la LUC, el aumento de las potestades para la policía no es otra cosa que la continuación de aquella impunidad. No podemos permitir que sigan reforzando el aparato represivo. Por eso rechazamos también la presencia de personal militar norteamericano en territorio uruguayo, así como rechazamos la LUC, que da un marco legal a la violencia policial hacia nuestra juventud pobre y a la criminalización de la protesta social.
La política en torno a las fuerzas de seguridad del Estado, que busca constantemente el fortalecimiento del aparato represivo, la criminalización de la pobreza y la protesta social no distingue gobiernos y es parte de las prioridades del régimen político de conjunto.
Acabar con el régimen de la impunidad es acabar con los privilegios de casta y las instituciones que garantizan y aseguran el poder de hecho de una clase social sobre el resto.
Por eso es imprescindible juzgar a todos los militares y a sus cómplices civiles que orquestaron y llevaron adelante el golpe cívico-militar, así como abrir los archivos de la dictadura para conocer el destino de nuestros desaparecidos.
En sentido contrario a la iniciativa de Cabildo Abierto de prisión domiciliaria hay que terminar con los privilegios de los pocos genocidas condenados, que hoy cumplen su condena en cárceles VIP con todo tipo de prebendas y consideraciones; y llevar a la cárcel común y efectiva a los represores y torturadores.
La impunidad de los represores de la dictadura y la lucha contra ella es en cierta forma un caso testigo que da cuenta de las injusticias y las limitaciones que se les impone a los trabajadores y a las grandes mayorías oprimidas de una u otra forma.
La conciencia de esto nos debe llevar a la lucha colectiva en contra del régimen del Pacto del Club Naval que se sostiene desde esta democracia "recortada".
Las otras fuerzas represivas del Estado, como las fuerzas policiales, merecen el mismo destino, por ser también partícipes de la represión en dictadura y de la represión actual en la “democracia”. Cumpliendo con “eficiencia” la infiltración en manifestaciones, la represión y el asesinato por protestar o por el mero hecho de ser joven y pobre.
La Ley de Urgente Consideración (LUC) es un ejemplo actual y concreto de esto, que combina el empoderamiento policial con el endurecimiento de leyes, así como restricciones y limitaciones en el derecho a la manifestación, los piquetes y el derecho de huelga.
Todas estas son razones suficientes para concluir que no merecen existir, que deben ser disueltas y que todos los criminales y cómplices que los defienden sistemáticamente deben ser enjuiciados e ir todos presos.
En definitiva, para acabar con la impunidad es necesario acabar con el régimen que la garantiza y el poder que la sostiene. La lucha en las calles es el camino a la hora de demoler un régimen sostén del privilegio de unos pocos a costa del sufrimiento de millones. La movilización de los trabajadores/as, estudiantes y el pueblo oprimido en general es la que puede acabar con décadas de injusticias y privilegios.
Este 20 de mayo nuevamente estaremos en la Marcha del Silencio, una demostración masiva y popular de la voluntad de terminar con la impunidad y avanzar en el camino de la verdad y la justicia.
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*Foto de portada: La Diaria / Nicolás Celaya