Manini Ríos no para de buscar estrategias para desestimar las causas contra los militares que cometieron actos delictivos y sangrientos contra la población, en el período en que el Estado uruguayo estaba bajo el comando de las Fuerzas Armadas. Esta vez, como uno de los puntos de su agenda, presentó una solicitud de informes a la fiscalía general de la Nación, particularmente a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad.
La fecha de entrega de las respuestas de parte del Fiscal de Corte, Juan Gómez, al ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira -que por normativa es el contacto del Poder Ejecutivo con Fiscalía-, fue el 25 de octubre del año 2021, pero recién se hizo pública la información el pasado 31 de marzo. El documento, de 698 páginas, detalla la respuesta a 47 preguntas planteadas por el exmilitar, hoy senador y líder de Cabildo Abierto. Marcos Pacheco, su abogado, le ayudó en la confección del cuestionario.
Sobre la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, Manini quiso conocer detalles sobre el funcionamiento. Particularmente, solicitó al Ministerio Público la cantidad de casos que llegaron a esta dependencia, desde el momento de su creación el 25 de octubre de 2017, a través de la ley Nº 19550.
Ese año, cuando comenzó a funcionar, recibió aproximadamente unos 200 casos de militares. Actualmente, hay “tres causas que tramitan por el sistema acusatorio (actual), dos de ellas en investigación preliminar y una en investigación formalizada en las que existen tres personas imputadas”, confirma el fiscal Gómez. “Por el sistema anterior (inquisitivo) tramitan 141 casos. Hay 11 causas en etapa de ejecución de sentencia, en la que hay personas cumpliendo condena; 14 causas que se encuentran en etapa de sumario, donde hay personas procesadas y 116 causas en etapa de presumario, dentro de las cuales hay 12 en las que hay pedido de procesamiento”, explica al general (r) Manini.
En la documentación, Gómez se refirió a las personas que se encuentran procesadas o formalizadas, cumpliendo algún tipo de pena: “Todos los procesados se encuentran cumpliendo prisión preventiva y de acuerdo a nuestros registros se trata de 20 personas. En prisión domiciliaria se encontrarían tres encausados”. Respecto a los ya condenados, son 16.
Las consultas también apuntaron a obtener información detallada sobre juicios por daños y perjuicios recibidos por el Poder Judicial y la Fiscalía. Las causas van desde privación de libertad indebida, omisión de investigar presuntos delitos y demandas laborales que presentaron funcionarios de Fiscalía.
17 son los juicios abiertos contra esta última, de los cuales tres resultaron en condena, con un monto a pagar de U$S28.450 y una cuarta en conjunto con el Poder Judicial de U$S 35.750. Los restantes, acumulan un total, entre demandas en pesos y en dólares, de más de US$ 6.000.000
En otro orden de preguntas, el cabildante quiso saber si fueron anuladas sanciones impuestas por el exfiscal de Corte Jorge Díaz, que tuvieran relación con el traslado de fiscales o acciones administrativas que podrían ser cuestionables -separaciones de cargo con retención de haberes y descensos de categoría de los fiscales, o traslados sin motivación-. Gómez señaló que, a lo largo del período de desempeño de Díaz, se concretaron 831 traslados, y solo uno fue anulado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el año 2019.
Al parecer, el señor senador está muy atento al funcionamiento de esta Fiscalía. Tal vez también esté alarmado por la falta de recursos en las Fiscalías de Delitos Sexuales, de las que hace pocas semanas la fiscal Sylvia Lovesio, perteneciente a esa dependencia, dijo a los medios de prensa locales que no daban abasto con la cobertura de los casos, lo que repercutía en grandes demoras y escasas resoluciones de los miles de expedientes que nutren las oficinas del Ministerio Público. O quizás tenga inquietud por la cantidad de personas privadas de libertad que se encuentran en prisión sin una condena firme, es decir en prisión preventiva.
Es curioso, de todas formas, que tenga en sus prioridades parlamentarias buscar siempre el defecto, la carencia, y el ataque a un sistema que ha juzgado a criminales que abusaron de sus cargos y ofendieron al Estado, torturando, secuestrando, violando, asesinando y desapareciendo personas. Es llamativa esta su escala de valores.
Como ciudadana me siento atacada y no representada por el señor Manini. Porque podría haber sido yo, en vez de Nibia, Álvaro, Luis Eduardo, María Claudia, o tantas y tantos otros que fueron víctimas -en el caso de las y los desaparecidos aún lo son- de lo que la casta militar intentó imponer como una “guerra”, o como un servicio, en el ideario colectivo.
Y si fue un servicio, ¿a quiénes sirvieron? ¿Al dios de la muerte? ¿Al dios dinero? ¿Al dios Cóndor de cabeza estrellada y acento inglés?
Desearía, señor Manini, que hubiese servido al pueblo, y no haberse puesto en contra de él.
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*Foto de portada: subrayado.com.uy